Verifactu se pospone a octubre de 2028
El sistema que obligará a autónomos y pymes a enviar sus facturas a Hacienda en tiempo real no llegará, como pronto, hasta octubre de 2028. La confirmación del retraso ha caído como un jarro de agua fría entre quienes ya habían movido ficha: comprar software, adaptar procesos y pagar licencias. La pregunta que sobrevuela el sector ya no es cuándo entra en vigor, sino quién asume el coste de haber ido por delante.
Qué es Verifactu y por qué se retrasa
Verifactu es el mecanismo que obliga a los programas de facturación a remitir los registros a la Agencia Tributaria de forma automática, sin intervención del contribuyente. La idea original era que ningún ticket pudiera modificarse sin dejar rastro. El calendario se ha ido estirando hasta situar la fecha límite en
octubre de 2028, cuatro años más de los que muchos negocios habían planificado.
El retraso no es neutral. Quien compró un software homologado en 2025 se encuentra con que ese desembolso no le servirá para 2028, o al menos no en la versión que pagó. Hay quien sostiene que la prórroga es una concesión al tejido productivo; en contra pesa el argumento de que el coste ya está hundido y nadie lo devuelve.
El precedente de las zonas de fumadores
La comparación más repetida en el sector es la de las áreas de fumadores en restaurantes. Primero se exigió habilitarlas, con inversión en ventilación y mamparas. Después se prohibió fumar en el interior. Los locales pagaron dos veces: una por adaptarse y otra por desmontar lo adaptado.
Con Verifactu pasa algo parecido. La obligación se anuncia, se retrasa y se vuelve a anunciar. El empresario que se adelanta asume el coste; el que espera, se ahorra el desembolso. La asimetría no es un detalle: premia la inacción y castiga la previsión.
Quién gana y quién pierde con la prórroga
El cálculo más optimista para el autónomo es que gana cuatro años de aire. El escenario pesimista es que ha comprado un software que caducará antes de que la norma le obligue a usarlo. Entre ambos extremos, la única certeza es que el calendario ha dejado de ser una referencia fiable.
Hay quien apunta a que el sistema nunca llegará a aplicarse tal y como se diseñó, y que será una auditoría automatizada la que acabe determinando la cuota. Es una especulación, no un hecho, pero circula con fuerza entre quienes ya han vivido prórrogas anteriores.
Con estos mimbres, lo razonable es que la fecha de 2028 vuelva a moverse. No hay ningún compromiso firme que lo impida, y el historial de aplazamientos invita a no comprar software nuevo hasta que el boletín lo confirme.