Se empieza a cavar la tumba de milei. estalla en argentina el caso spagnuolo

105 contratos, una caja con 80.000 dólares y la sombra de Karina​

¿Cuántos contratos públicos puede adjudicarse una distribuidora farmacéutica en menos de dos años de gobierno? La cuenta que se ha ido imponiendo estos meses es de 105. Esa es la cifra que la firma Suizo-Argentina habría acumulado ante el Estado argentino desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, más de los que se registraron en los cuatro años completos del mandato de Mauricio Macri. Lo que empezó como una filtración de audio con ruido de cubiertos de fondo se ha convertido en una causa con 19 acusados formales y una petición de juicio.

El nombre que da título al caso es el de Spagnuolo, uno de los gestores señalados. En las grabaciones se le atribuye el relato de una comisión sobre la venta de medicamentos: un 8% del monto total, del que un 3% habría viajado hacia el entorno de Karina Milei, hermana y mano derecha del presidente. El gobierno no confirmó ni desmintió la veracidad de esas grabaciones. Tampoco hacía falta para que la bola empezara a rodar.

El contrato de 25.000 millones que salta cada seis meses​

La revisión de los papeles de Suizo-Argentina deja un patrón incómodo. Con el instituto de la obra social de las fuerzas armadas, la distribuidora mantendría contratos renovados cada seis meses por 25.000 millones de pesos cada uno. La justicia ha ido sellando cajas de seguridad y registrando domicilios: en una cuenta del BBVA aparecieron 80.000 dólares en efectivo, y los registros alcanzaron también a los hermanos Kovalivker y al señalado como coordinador de las presuntas coimas en la agencia de discapacidad.

Detalle nada menor: los abogados de Spagnuolo abandonaron su defensa. Cuando el letrado se baja del barco, el cliente suele empezar a mirar de reojo la figura del arrepentido, esa puerta que en Argentina se abre y se cierra según convenga.

El caso Libra, Adorni y las 30 toneladas de carne​

El frente no se limita a los medicamentos. La causa se ha ido solapando con el rastro de la memecoin Libra, donde la detención del teléfono de un viejo colega del presidente en el mundo cripto habría dejado al descubierto un contrato de 5 millones de dólares atribuido a Milei y su hermana. Suma y sigue.

En paralelo, la figura del que fuera portavoz y después jefe de gabinete arrastra un conflicto con los gastos de viajes que no cuadran con su sueldo. Y a la lista se añadió la filtración de una compra de cerca de 30 toneladas de carne a nombre de la residencia oficial por unos 500 millones de pesos —unos 330.000 dólares— que se saldó, según el relato, con el despido de buena parte del personal civil de cocina. Hay quien lo llama ajuste. Aquí se llamó sustitución de plantilla.

Los periodistas que abandonan la trinchera​

El goteo de conversos es otro marcador del estado de la causa. Comentaristas que hasta hace poco no veían nada raro han pasado a enumerar sospechas con la naturalidad de quien descubre el agua tibia. La campaña, además, aguanta con la estrategia de no abrir la boca para no empeorarla. Y el gobierno ha respondido por la vía judicial: una denuncia civil para frenar la difusión de los audios y otra penal para intentar registrar casas y ordenadores de periodistas en busca de fuentes.

En la calle, las protestas se sucedieron en varios puntos de Buenos Aires, incluso en barrios acomodados como Recoleta, contra el enrocamiento del ejecutivo y sus sucesivos vetos a partidas de hospitales, dependientes y pensionistas. La revisión del helicóptero, dicen los más irónicos, va por delante de la del presupuesto.

La economía de fondo tampoco ayuda al relato: con el coeficiente de caja bancario en el 53,5% y tipos en torno al 70%, más del doble de la inflación, la contención del peso se sostiene a base de quemar reservas hasta las elecciones de octubre. La pregunta, dos años después, ya no es si el caso Spagnuolo tumba a nadie. Es cuánta caja aguanta el milagro mientras la causa avanza hacia el juicio.

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Nota: las acusaciones recogidas en este texto están en fase de investigación judicial y no han sido objeto de condena firme. Rige la presunción de inocencia.