El aceite de oliva roza los 10 euros mientras España lo exporta
Un español que vive en Irlanda entró en un supermercado, miró la estantería del aceite y grabó el precio. Su madre, de Huelva, no daba crédito al otro lado del teléfono. El litro que en España se ha plantado cerca de los
10 euros allí se despachaba a
4,70. La ocurrencia que soltó después —
me compro un container y lo revendo aquí— resume mejor que cualquier informe la perplejidad del consumidor: el país que más aceite de oliva produce lo paga más caro que uno que no lo produce. Sobre esa paradoja se ha montado un pulso que mezcla sequía, burocracia, camiones frigoríficos y bastante ideología de sobremesa.
¿Por qué el aceite cuesta más en el país que más lo produce?
Porque lo que sale de aquí se paga mejor fuera y lo que se queda dentro se coloca al precio que aguante el comprador local. Quien trabajó años en el sector hortofrutícola lo describe sin adornos: «Mandábamos fuera fruta de una calidad difícil de encontrar aquí. Y los primeros espárragos se pagaban por cantidades siderales». No es una anomalía de esta temporada ni una decisión de un Gobierno concreto, sino la lógica de una cadena que coloca el producto donde hay más dinero para pagarlo.
La lista de presiones sobre la oferta es larga: la guerra en un país productor hortofrutícola como Ucrania, la sequía en el Mediterráneo y la falta de gas para calentar los viveros de Centroeuropa. El resultado, en palabras de quien lo sigue de cerca, es que
el trozo de tarta es menor y solo hay producto para quien pueda pagarlo. No es que se exporte lo mejor y se guarde lo peor: es que hay menos para repartir y el reparto se hace por precio.
No falta quien lo resume con sarcasmo: que cada cual disfrute del
libre mercado y, si no llega a pagar diez euros por un litro, se aguante. El problema es que el aceite no es una pulsera ni una taza con frasecita. Es un bien de primera necesidad, y eso cambia por completo el marco del asunto.
Las tres B se han acabado
El consumidor español se ha acostumbrado a exigir bueno, bonito y barato, y esa combinación se ha roto. «Hemos parado a la ultraderecha, a disfrutar de la ultraizquierda», resume con retranca un mensaje del día, mezclando el precio del aceite con el reparto de culpas políticas. La queja de fondo es otra: el
precio sube en lo que todo el mundo compra y baja en lo que nadie quiere, y hasta que no se agota el stock abaratado no se mueve lo que de verdad sale del lineal. Hay quien sospecha ahí una política disfrazada de ecología —no puede sobrar nada, no se puede tirar ni donar— y quien lo achaca a la pura avaricia de la distribución. En algunos supermercados el aceite ya sale del lineal con
alarmas y cadenas, como si fuera un perfume de lujo.
Del descuento de 20 céntimos al gasoil a 3 euros
El paralelismo con el carburante es inevitable. La misma voz que celebra que una compañía privada cobre lo que quiera por un bien de primera necesidad avisa de que, cuando el
diésel llegue a 2,50 o 3 euros, no piensa aceptar que nadie pida intervenir, nacionalizar ni tocar un precio. La ironía se lanza hacia el conductor que rechazó el descuento estatal de
20 céntimos por litro y ahora paga tarifa completa «muy feliz, sin que el malvado Estado intervenga». Compañías como Repsol o Cepsa, se argumenta, tienen todo el derecho a fijar su tarifa.
Aparece además el matiz fiscal: de esos tres euros, dos serían impuestos, con lo que el margen de la compañía queda en una parte del relato mucho menor de lo que sugiere el surtidor. Con ese desglose, la discusión deja de ser sobre el precio y pasa a ser sobre quién se lo queda.
Sequía, burocracia o euro: tres culpables incompatibles
Cada cual tiene su sospechoso y no coinciden. La explicación oficial apunta a la sequía, y ahí salta la primera objeción: se atribuye el precio a la falta de lluvia
antes de que empiece la campaña de recolección. Otra corriente señala la falta de competencia real en la distribución: los precios suben, se argumenta, porque montar una alternativa exige superar trabas burocráticas y costes que solo los grandes pueden asumir, de modo que quien tiene capital prefiere inmuebles, bolsa o bonos antes que meterse a competir. Una tercera vía culpa directamente a las empresas: una firma privada fija el precio que quiere, y quien podría romper un oligopolio es el mismo Estado al que se llama comunista cuando lo intenta. Hay quien señala a la fiscalidad y al coste laboral como causa estructural, con la mitad del salario convertida en impuestos. Y una cuarta, más de fondo, apunta a la moneda y a la posición comercial del país: vender fuera lo que aquí no se puede comprar convierte la economía en una suerte de colonia que abastece a otros. Como precedente se cita el caso de un país que optó por
prohibir la exportación para abastecer su mercado interior.
El contenedor que no sale a cuenta
La salida imaginativa —comprar un contenedor en Irlanda y revenderlo aquí— se estrella contra su propia aritmética. Alquilar el contenedor, llenarlo, pagar el flete, la desestiba, el camión, las tasas de importación en Aduanas y la licencia de cada ayuntamiento donde se quiera vender deja un margen que obliga a poner el aceite tan caro que nadie lo compraría. El chiste no resiste un folio.
Con el litro a un paso de los 10 euros, la pregunta ya no es cuánto puede subir, sino cuánto aguanta el comprador. En algunos lineales, la respuesta se llama alarma.