El subsidio de 570€ para quien no tiene paro no es nuevo: ya se cobraba en 2024
La paga de 570 euros mensuales para quienes han trabajado menos de un año y no tienen derecho a paro no es una medida nueva. El subsidio por cotizaciones insuficientes ya existía y desde noviembre de 2024 se cobra con solo 90 días cotizados, sin necesidad de cargas familiares. La novedad, si es que hay alguna, es que la cuantía se ha elevado a 570 euros durante los primeros seis meses, frente a los 480 euros que se percibían antes. El resto del tiempo, la cantidad baja a 540 y luego a 480 euros. La confusión entre lo nuevo y lo viejo ha alimentado un debate sobre si esto es una ayuda real o una operación de maquillaje electoral.
Qué es exactamente el subsidio por cotizaciones insuficientes
El subsidio por desempleo para quienes no han cotizado lo suficiente para acceder a la prestación contributiva lleva décadas en el sistema. La reforma que entró en vigor en noviembre de 2024 amplió su cobertura: se puede cobrar con 90 días cotizados aunque no se tengan cargas familiares, algo que antes no era posible. La cuantía se fijó en 570 euros durante los primeros seis meses (95% del IPREM), 540 euros en los seis siguientes (90%) y 480 euros el resto del tiempo (80%). Es decir, no se cobra siempre 570 euros, como algunos titulares han dado a entender. El subsidio se extiende hasta agotar el periodo que corresponda según la cotización acumulada.
La letra pequeña: requisitos y burocracia
Los requisitos no son triviales. Hay que haber cotizado al menos 90 días, estar inscrito como demandante de empleo y no tener derecho a paro contributivo. Además, la gestión administrativa se convierte en un laberinto: quienes han intentado solicitarlo relatan retrasos, requerimientos y resoluciones que llegan meses después. La sensación de que el sistema está diseñado para que pocos cumplan los requisitos es una queja recurrente. También hay quien señala que el IMV (Ingreso Mínimo Vital) ya cubre a parte de este colectivo, aunque su acceso es igualmente complicado.
El debate: ¿ayuda real o compra de votos?
La discusión sobre si esta medida responde a una necesidad social o a un cálculo electoral está servida. Hay quien sostiene que se trata de una operación para calmar a los ciudadanos potencialmente problemáticos a costa de exprimir a los que trabajan, mientras que otros defienden que es una prestación legítima para quienes no han podido cotizar lo suficiente. La coincidencia con el calendario electoral —se mencionan comicios en Extremadura y Andalucía— alimenta las sospechas. En el fondo, el debate trasciende la cifra: ¿es el Estado del bienestar una red de seguridad o una herramienta de control social?
Los números que no salen: cotización y cuantías
El subsidio de mayores de 52 años, por ejemplo, cotiza por el 125% de la base mínima, lo que supone una cotización sobre unos 1.700 euros mensuales. Sin embargo, la prestación que recibe el beneficiario es de 480 euros. Esa diferencia entre lo que se cotiza y lo que se cobra es uno de los puntos que más críticas genera. ¿Quién paga esa diferencia? El sistema, es decir, los cotizantes. La sostenibilidad del modelo a largo plazo es una pregunta que planea sobre cualquier discusión sobre subsidios.
Lo que viene: elecciones y promesas
Con
elecciones a la vista, es probable que este tipo de medidas se multipliquen. La pregunta es si los votantes premiarán la extensión de ayudas o castigarán lo que perciben como un intento de compra de votos con dinero público. La experiencia dice que las prestaciones sociales son difíciles de retirar una vez concedidas. Si el ciclo electoral se intensifica, veremos más anuncios de este tipo. La incógnita es si la economía podrá sostenerlos sin ahogar a los que ya reman.