Brote verde: Seguid riendole la gracia a la fofa culona

70.000 euros por plaza: el negocio de la acogida de menores​

Un centro de acogida de menores migrantes cuesta alrededor de 70.000 euros por plaza y año. La cifra aparece una y otra vez en la conversación pública sobre política migratoria, casi siempre para denunciar el supuesto enriquecimiento de las entidades que gestionan esos recursos. El cálculo completo, desglosado partida a partida, da un resultado que sorprende a quien espera encontrar ahí un pelotazo: sale a unos 200 euros diarios por residente.

El desglose que nadie hace

La comparación más repetida es la del crucero. Un buque con animadores, cocineros, personal de mantenimiento, combustible, instalaciones y comida cuesta más de 200 euros al día por pasajero. Un centro de menores tiene cocina centralizada, cuidadores, mantenimiento y suministros. La diferencia es que los residentes no eligen el menú ni el champú. Quien sostiene que el negocio está en los intermediarios calcula que la entidad gestora se queda entre 10.000 y 15.000 euros por plaza y año, y que el resto se va en costes operativos. Con 15.000 euros netos al año, argumentan, una persona no vive precisamente en la abundancia.

¿Cuánto cuesta mantener a un residente en un centro de acogida?

La respuesta depende de qué se incluya. Hay quien compara el gasto con el de una casa particular con calefacción de gasoil a 6.000 euros mensuales para veinte personas: 300 euros al mes por residente solo en calefacción. Sumando luz, agua, gas, fibra, limpieza y equipamiento urbano, el coste se dispara. La pregunta que queda sin respuesta cerrada es cuánto de ese gasto es estructura y cuánto es negocio. Los críticos con el sistema apuntan a las redes clientelares que se financian con dinero público; los defensores del modelo señalan que cualquier alternativa de acogida tiene costes comparables.

El argumento que no se sostiene: la inmigración como negocio redondo

La tesis del chiringuito se apoya en una premisa frágil: que las entidades se quedan con la mayor parte del dinero. El cálculo más agresivo habla de 60.000 euros de margen por plaza. El más prudente, de 10.000 a 15.000. La diferencia entre ambos es de un factor de cuatro, y ninguno de los dos se ha auditado públicamente en esta conversación. Lo que sí aparece es una cifra constante: 70.000 euros por plaza y año. Sobre esa cifra se construyen todas las demás.

La respuesta política: competencias y titularidad

La gestión de los centros corresponde a las comunidades autónomas, pero la expulsión de quienes no tienen permiso de residencia es competencia del Ministerio del Interior. Esa división de responsabilidades explica por qué una comunidad puede cerrar un centro y otra no. En Murcia, un vicepresidente autonómico anunció el cierre de un centro sin ser el titular de la consejería. El resultado práctico, advierten algunos, es que los residentes acaban en la calle. La alternativa que se propone es encerrarlos en cuarteles o reformatorios hasta poder repatriarlos. Ninguna de las dos opciones resuelve el problema de fondo: qué hacer con quienes ya están aquí y no pueden ser devueltos.

Lo que dicen los números sobre la integración

La presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que el problema no es la inmigración sino la integración, y que no hay datos que indiquen que la inmigración sea más violenta. La afirmación no ha cerrado el debate. Hay quien sostiene que la delincuencia asociada a la inmigración irregular está infradiagnosticada; otros responden que los datos disponibles no respaldan esa tesis. Lo que sí es verificable es el coste: 70.000 euros por plaza y año, independientemente de quién los gestione.

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Con estos diferenciales, la conversación debería centrarse en la auditoría de los costes reales. Sigue centrada en la cifra de 70.000 euros. Nadie ha publicado todavía el desglose completo. Es probable que, cuando se publique, la cifra sorprenda a más de uno.