Si apoyas a VOX tienes las manos manchadas de sangre.....

La acusación que nadie sostiene: VOX y el caso de Lleida​

Un titular de sucesos sirvió para abrir una discusión que derivó en un choque frontal sobre la política migratoria. El punto de partida fue la detención de un hombre de 40 años en Lleida acusado de agredir sexualmente a su propia hija de 21 años, según la información publicada por El Español. El texto señalaba que el detenido, residente en la ciudad catalana, ya había agredido antes a la joven y que la emborrachaba para cometer las agresiones. A partir de ahí, la conversación se partió en dos: quienes vinculaban el caso con la política de inmigración y quienes consideraban que esa conexión no se sostiene con los datos disponibles.

Qué se sabe del caso y qué no​

El relato publicado apunta a un presunto delito continuado de agresión sexual dentro del ámbito familiar, con la particularidad de que una de las agresiones habría ocurrido en la vía pública. No hay en el material ninguna referencia a que existiera sangre, a que el agresor hubiera entrado al país por una vía concreta ni a que su situación administrativa tuviera relación con el hecho. La única condición que se menciona es la residencia en Lleida y el origen sudamericano del detenido.

Ese vacío es el que aprovechó una parte de la discusión para construir una tesis política: si VOX defiende la inmigración legal procedente de países hispanohablantes, y esos países tienen tasas de criminalidad más altas que otros, entonces quien vota a VOX estaría colaborando en el aumento de la delincuencia. El argumento se repitió varias veces con la misma estructura, sin aportar ni un solo dato oficial que lo respaldara.

El argumento que se repite sin cifras que lo sostengan​

La tesis central sostiene que la inmigración legal es más peligrosa que la irregular porque llega en volúmenes mayores y procede de países con altos índices de criminalidad. De ahí se salta a una conclusión: quien apoya a VOX carga con parte de la responsabilidad de delitos como el de Lleida. Es un salto lógico que no se apoya en ninguna estadística concreta citada en la conversación.

La réplica más repetida fue simple: VOX no compró ningún billete, no legisló para que el detenido se quedara y no tiene capacidad de impedir un delito cometido por un residente. El partido propone, entre otras cosas, retirar la nacionalidad a determinados delincuentes, un planteamiento que no encaja con la idea de que esté favoreciendo la llegada de delincuentes. Varios mensajes insistieron en que la política migratoria se diseña con criterios generales, no con casos individuales, y que atribuir un delito concreto a una formación política es un ejercicio que no resiste el mínimo análisis.

Lérida, Lleida y el resto de la conversación​

Buena parte del intercambio se fue por una tangente que dice bastante del nivel del debate: la denominación de la ciudad. Unos corrigieron el topónimo catalán, otros respondieron con ironía sobre la prioridad de discutir el nombre mientras se hablaba de una agresión sexual. La anécdota sirvió para que la discusión perdiera de vista el asunto central durante varios mensajes.

El otro eje fue la acusación cruzada de hipocresía. Se señaló que muchos votantes de VOX están casados o tienen parejas procedentes de países latinoamericanos, lo que contradiría el discurso del partido sobre la inmigración. Y se apuntó que el votante del Partido Popular aparece en algunas encuestas como más crítico con la inmigración que el de VOX, lo que complica el mapa electoral del asunto. Son afirmaciones que circulan sin verificación en el intercambio.

La política migratoria europea como telón de fondo​

En la parte final apareció una referencia al Parlamento Europeo, donde una moción de censura presentada por el grupo Patriots contra Ursula von der Leyen fue rechazada. Según el recuento que se cita, 179 votos respaldaron la posición de reforzar fronteras y regular la inmigración, frente a 378 votos que mantuvieron el apoyo a la presidenta de la Comisión. El dato se usó para subrayar que la correlación de fuerzas en Bruselas sigue favoreciendo el statu quo migratorio.

Ese marco europeo es el que da sentido a la discusión: las políticas de fronteras y regularización no se deciden solo en Madrid, y cualquier promesa electoral choca con la arquitectura comunitaria. Quien promete control total de la inmigración está prometiendo algo que excede sus competencias, y quien acusa a un partido de un delito individual está ignorando esa misma realidad.

Qué queda de todo esto​

El caso de Lleida sigue su curso judicial y ninguna de las partes en disputa tiene acceso a más información que la publicada. La discusión derivó hacia el insulto personal en varios tramos, con descalificaciones que no aportan nada al fondo. Y el fondo, al final, es una pregunta que nadie respondió: si la política migratoria de un partido puede medirse por los delitos que comete cualquier persona que vive en el país, ¿qué partido quedaría limpio?