“si tuviste un descendiente con discapacidad es problema de la familia, no del estado”

Andis a una familia con autismo: «tu discapacidad no es problema del Estado»​

Una frase de once palabras resume el estado de ánimo de una parte de la administración argentina. En marzo de 2024, en una reunión en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), su director, Diego Spagnuolo, respondió a Marlene Spesso —madre de Ian Moche, un niño con autismo que se ha convertido en activista y concientiza sobre el trastorno— con una comparación que suena a portazo: «Su discapacidad no es un problema del Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?». La conversación duró media hora. La reconstruyó la propia madre meses después, y el eco llegó hasta España.

El episodio no es una anécdota aislada. Spagnuolo llevaba dos meses al frente del organismo cuando recibió a la familia, según el relato de Spesso. En esa misma reunión, siempre según su testimonio, el funcionario añadió que si alguien tiene un hijo con discapacidad el problema es de la familia, no del Estado, y les sugirió que las familias consiguieran que las empresas privadas contrataran a las personas con discapacidad. «Eso sería lo ideal, claro. Pero la verdad es que eso no sucede», respondió la madre.

Qué dice la Andis y qué hay detrás del recorte​

La Agencia Nacional de Discapacidad es el organismo que en Argentina gestiona pensiones no contributivas, prestaciones y certificados para la población con discapacidad. Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, esa población ha visto cómo se demoraban, se postergaban o se suspendían tratamientos. Al recorte de prestaciones se suma un problema logístico: los transportistas privados que trasladan a estas personas apenas recibieron aumentos, lo que complica la asistencia a terapias y consultas.

Spesso lo describió sin rodeos: «el Gobierno de Milei lo que quiere es desentenderse de las personas vulnerables». Y añadió un dato que explica por qué la reunión no tuvo continuidad: «No nos volvimos a reunir con el director de la Andis porque, después de eso, ¿qué más se puede hablar?». La frase, más que una queja, es un diagnóstico: cuando la autoridad competente te dice que tu problema no es suyo, la vía administrativa se agota.

La auditoría a las personas con discapacidad​

Uno de los puntos que más ha movilizado al colectivo es el proceso de auditoría que la Andis puso en marcha sobre las personas con discapacidad. Spesso no discute que exista un control, discute la forma: «Me hubiera gustado que esta crueldad que se ejerció, auditando a todas las personas con discapacidad el mismo día, se hubiera hecho de otra manera». Su propuesta era convertir ese trámite en una base de datos útil, humanizada: «Para que si, por ejemplo, se extravía una persona con autismo o alzheimer, exista un registro para poder encontrarla rápido».

El argumento de fondo es económico. Un hijo con discapacidad puede suponer un desembolso importante prácticamente de por vida, y las familias que lo asumen rara vez tienen margen para generar ese dinero por su cuenta. La discusión, por tanto, no es si el Estado debe pagar caprichos, sino quién cubre un coste que ninguna nómina media absorbe sin quebrar. Hay quien sostiene que la respuesta está en facilitar la creación de riqueza y en la caridad privada; en contra pesa el hecho de que incluso con menos impuestos, una parte de la población seguiría por debajo del umbral necesario para costear esos cuidados.

El antecedente: una resolución con términos despectivos​

El episodio de la Andis llegó después de otro que el propio Gobierno tuvo que rectificar. En febrero, el Ejecutivo publicó una resolución oficial que endurecía los criterios para acceder a una pensión y que incluía términos despectivos hacia las personas con discapacidad. Ante las críticas de las organizaciones, el Gobierno dio marcha atrás, calificó el texto de «error» y anunció que retiraría el documento. Ana Dones, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), lo calificó entonces como «un retroceso sin precedentes en materia de derechos».

Dos episodios en pocos meses dibujan un patrón: primero el lenguaje, después el criterio. La discusión sobre quién paga el cuidado de una persona con discapacidad no es nueva, pero el tono con que se plantea desde el poder sí lo es. Y ese tono, más que una política, es una señal: la de que el Estado deja de considerarse responsable.

¿Cuánto de esa retirada es ideología y cuánto es caja? La respuesta depende de a quién se pregunte, y ninguna de las versiones disponibles cierra el asunto.