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Ocho años lleva PERRO en…
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España lleva ocho años declarando derechos a la vivienda y lanzando ayudas, pero la oferta real de pisos no ha crecido al ritmo necesario, especialmente ante un aumento demográfico.
Llevamos ocho años escuchando hablar del derecho a la vivienda, de la necesidad de emancipación para los jóvenes, de proteger a los colectivos vulnerables. Se han creado ministerios, aprobado leyes, anunciado bonos y planes estratégicos, todo envuelto en toneladas de propaganda institucional. Sin embargo, la construcción de vivienda nueva no ha sido ni remotamente suficiente para cubrir el aumento de hogares y población. El modelo parece consistir en declarar derechos sobre bienes que no se producen. ¿Falta vivienda? Se declara el derecho a ella. ¿Sube el alquiler? Se aprueba una Ley de Vivienda. ¿Los jóvenes no pueden independizarse? Se lanza un bono joven. Y así, una y otra vez, con anuncios y observatorios que prometen decenas de miles de viviendas que tardan en materializarse. La vivienda se ha convertido en el ejemplo perfecto de una política superficial, con mucho discurso sobre la sensibilidad y la protección, pero con un silencio administrativo cuando se pregunta por los aspectos materiales: suelo, licencias, bloques y oferta real.
Mientras el Estado luchaba por aumentar la oferta de vivienda, España ha experimentado un notable crecimiento demográfico, en gran parte debido a la inmigración. Cada persona que llega necesita un techo, lo que se traduce en más hogares potenciales y, por tanto, en una mayor demanda de viviendas. Sin embargo, el gobierno ha actuado como si los pisos se reprodujeran por sí solos, sin abordar la necesidad de construir al mismo ritmo que crece la población. Reconocer esta realidad implicaría hablar de números, algo que parece incomodar cuando se gobierna a base de narrativa moral. Es más fácil hablar de derechos universales que de la compleja cadena de producción que implica construir una vivienda.
La estrategia ha consistido a menudo en intentar controlar el precio sin solucionar la escasez. Se han implementado topes, índices de precios, se han definido zonas tensionadas y se ha regulado a los grandes tenedores. Es una estrategia similar a la de declarar el gazpacho un derecho fundamental y crear un ministerio para el tomate cuando lo que faltan son tomates. Cinco años después, seguirían faltando tomates, pero tendríamos una burocracia impresionante y documentos extensos explicando la importancia de la ensalada. Una vivienda no aparece por arte de magia, ni por discursos ministeriales, ni por vídeos emotivos. Requiere inversión en suelo, permisos, financiación, mano de obra y, finalmente, la construcción del edificio.
Mientras tanto, el ciudadano medio se enfrenta a la realidad del mercado inmobiliario. Habitaciones a precios elevados, pisos mediocres a costes prohibitivos y la normalización de compartir vivienda con varias personas son el resultado práctico de años de ampliación de derechos declarados. El discurso oficial tiende a culpar a propietarios, fondos o especuladores, desviando la atención de la sencilla aritmética: demasiada demanda persiguiendo muy poca oferta. Si a esto le sumamos un crecimiento demográfico constante y una oferta que no aumenta, los precios suben de forma natural, independientemente de las políticas gubernamentales.
Lo irónico es que esta política, vendida como humanista, termina perjudicando precisamente a quienes pretende proteger. Los más afectados por la escasez de vivienda no son los ricos ni los poderosos, sino los jóvenes con salarios medios, las familias con ingresos justos, los recién llegados y aquellos que necesitan una nueva vivienda tras una separación. Son, en definitiva, las personas a las que el gobierno utiliza como argumento emocional en sus campañas. El socialismo moderno parece haber resumido su filosofía en una frase: derechos infinitos, oferta finita. Prometer alojamiento para todos sin crear suficientes viviendas es como prometer barra libre y olvidarse de comprar las botellas.
Ocho años lleva PERRO en…