El bulo del voto a los filipinos: qué hay de cierto en los 3 millones de votos
Fue un tuit con mecha corta. «Estoy harta de que regalen ciudadanía y voto a gente que no ha pisado España», escribió la escritora Lucía Etxebarria, acompañando un supuesto artículo de El País según el cual el Gobierno planeaba dar el derecho al voto a 3 millones de filipinos. En horas, el espantajo recorrió redes y sobremesas. Solo tenía un problema: era falso.
Una parodia que tomó vuelo por el clima político
La pieza atribuida a El País nunca fue publicada. La fuente real era una cuenta de X que hacía una parodia, y los propios lectores añadieron contexto. El bulo no surgió de la nada: aterrizó sobre un terreno abonado por la desconfianza hacia el censo electoral y las políticas de nacionalidad.
Nada de esto es nuevo. La doble nacionalidad entre España y Filipinas existe desde hace décadas, y el artículo 22.1 del Código Civil ya permite a los filipinos solicitar la nacionalidad con solo dos años de residencia legal. Ese privilegio, que solo comparten puñados de países con lazos históricos, lleva aparejado el derecho al sufragio. Lo que el bulo presentaba como una novedad comprada con votos era, en realidad, una cláusula que ya estaba en vigor.
El Supremo entra en la guerra del censo
El debate no es solo virtual. El Tribunal Supremo ha citado como demandados al ministerio de Bolaños y al INE por la presunta alteración del censo electoral con la Ley de Nietos, la norma que permite a descendientes de españoles recuperar la nacionalidad. El temor de fondo: que cada nueva inscripción no se quede en un trámite administrativo, sino que se convierta en un voto que decide escaños.
Ahí está el verdadero meollo. Mientras los tuits se burlaban de la «deuda histórica» con Filipinas o recordaban que el imperio español también abarcó Nápoles, Sicilia y los Países Bajos, los datos concretos quedaron en segundo plano. ¿Cuántos de esos nuevos nacionales votarán realmente? ¿En qué dirección? Nadie lo ha cuantificado con rigor.
Lo curioso es que el bulo, al difundirse tanto, consiguió lo contrario de lo que buscaba: en lugar de alertar sobre un peligro futuro, destapó que el derecho al voto de los filipinos con doble nacionalidad ya existía antes del escándalo. La pregunta de fondo no es si votarán, sino cuántos y por quién. Y esa, de momento, queda sin respuesta.