El GOBIERNO confirma que va INTERVENIR el MERCADO de la VIVIENDA

Morant anuncia topes al alquiler y un Plan Antifondos Buitre​

Según un cálculo que circula en el debate, en 2023 se anunciaron 183.000 viviendas de protección oficial; en 2026, el balance que se maneja es de 500 entregadas. Sobre ese telón de fondo aterriza el último anuncio: intervención del mercado de la vivienda, tope a los alquileres y un plan contra los fondos buitre. El mensaje, atribuido a la dirigente socialista Diana Morant, mete además a Aznar en la ecuación y señala directamente a la Comunitat Valenciana.

Para varios participantes, dos cosas chirrían desde el primer minuto. Que quien anuncia la intervención lleva ocho años gobernando y habla como si estuviera en la oposición. Y que, si el problema fuera solo el precio, bastaría con construir más. La respuesta de otros foreros llegó rápido: el tope encarecerá el alquiler en lugar de abaratarlo.

Qué significa intervenir el mercado de la vivienda​

El paquete combina dos ideas. Primero, fijar un techo a las rentas de alquiler. Segundo, vetar la compra de vivienda a los grandes inversores institucionales, con los llamados fondos buitre como diana. La letra pequeña no se ha detallado, y ahí empieza el problema: una cosa es anunciar el objetivo y otra definir el instrumento.

En el asunto aparece una contradicción incómoda. Una parte de las críticas recuerda que el Congreso habría tumbado una propuesta para prohibir la venta de pisos a fondos buitre, con la abstención socialista, según la acusación difundida en redes, sin que conste confirmación. Si eso fuera cierto, el anuncio y el voto irían en direcciones opuestas.

Por qué construir es la palabra prohibida​

Aquí coincide casi todo el mundo, y no es poca cosa. Subir el precio por decreto y bajarlo por decreto son lo mismo: parches sobre un mercado sin oferta. El suelo, los planes urbanísticos, las licencias municipales y los impuestos que arrastra cada promoción aparecen una y otra vez como el nudo real. Nadie los toca.

La construcción se ha vuelto tema tabú. Se discute de topes, de expropiaciones y hasta de a quién culpar, pero la conversación se desvía en cuanto alguien pregunta por qué no se levantan más pisos o por qué los ayuntamientos retienen suelo calificado. En el debate se cita un coste disparado, 2.000 euros por metro cuadrado más el precio del suelo, y se sostiene que el margen no da para milagros.

Cataluña ya aplica la receta: el precedente que se cita​

La referencia catalana sobrevuela el asunto. En Cataluña los alquileres ya están intervenidos en zonas tensionadas y, según quienes critican la medida, el precio no ha bajado; ese es el dato que se cita como prueba de que, sola, no funciona. Es el argumento más repetido por quienes creen que el tope generará menos oferta y más competencia por el mismo piso.

La lógica que sostienen es sencilla: si al propietario le recortan la renta, menos gente pone su vivienda en el mercado y más se queda vacía o se vende. El resultado no sería un alquiler más barato, sino menos alquileres disponibles con la misma demanda encima.

De dónde sale la demanda: 250.000 viviendas al año​

Los números que circulan son tozudos. Con 100.000 viviendas construidas, hay quien calcula que harían falta 250.000 al año durante una década para recuperar la demanda acumulada desde 2016. En paralelo, se apunta a un país que podría acercarse a los 55 millones de habitantes a mitad de siglo. Sumar demanda sin sumar oferta tiene un nombre.

En ese capítulo se cuela a menudo la discusión sobre la llegada de población migrante, casi siempre sin datos finos. Se argumenta que presiona al alza los alquileres de las zonas más caras; el hilo no aporta datos que sostengan el alcance de esa presión. Un participante cifra en 1.300 euros al mes el alquiler de un piso de dos habitaciones en una zona cara.

El anuncio también deriva hacia los patrimonios de quienes legislan. Un participante cita la información registral publicada por LA RAZÓN, según la cual el matrimonio de Begoña Gómez y Pedro Sánchez acumularía seis viviendas y dos plazas de garaje. El detalle se usa como arma arrojadiza, aunque no aclara ni un piso de oferta.

El calendario manda​

Hay una lectura que se repite sin necesidad de compartirla: el anuncio llega con elecciones a la vista. Prometer vivienda pública es barato; entregarla, no. Entre anunciar 183.000 y entregar 500 media una distancia que explica por sí sola el escepticismo.

Si el mercado ya está intervenido y los precios siguen subiendo, ¿cuánto más hay que intervenirlo para que bajen?