Investigaciones al PSOE y el miedo a VOX en La Moncloa
Si las investigaciones que afectan al PSOE acaban tumbando al Gobierno, España puede amanecer con la extrema derecha en el poder. La pregunta que acompaña a ese escenario —¿es esto lo que queréis?— recibe una respuesta incómoda: en buena parte de las respuestas,
sí. Con matices. Hay rechazo explícito, bastante sorna y mucho cansancio disfrazado de consigna.
El planteamiento de partida es una lista de consecuencias: fin del feminismo, salida de los migrantes, desaparición de las ocupaciones de vivienda, adiós al bono cultural de
400 euros para libros, teatro, museos y conciertos, y un país convertido, según esa tesis, en un solar ultra. La referencia que se cita es Estados Unidos y su deriva. Sobre ese pronóstico se monta todo.
Qué responde quien dice que sí
El grupo más numeroso contesta con la palabra corta. Sí, ojalá, dónde hay que firmar. Otros añaden una capa de sarcasmo: que la ultraderecha ya gobernó ocho años y no hubo catástrofe, o que la extrema derecha que se denuncia no existe. Un tercer bloque se limita a ironizar sobre la propia pregunta, tratándola de psicología inversa.
Hay quien va más lejos y reclama directamente la demolición del sistema, con el argumento de que solo la mano dura permite resetear lo que consideran un régimen agotado. No es una posición mayoritaria, pero se repite con una naturalidad que llama la atención.
El hartazgo económico como argumento central
El razonamiento más repetido no es ideológico, es de cartera. Se sostiene que tras siete años de gobierno de izquierdas el resultado, en palabras de quien lo escribe, es no poder pagar una vivienda —ni hipoteca ni alquiler—, ni un coche eléctrico o híbrido, ni un paquete de tabaco, ni dos copas en una terraza, ni unas vacaciones en familia. A eso se suma, según el mismo usuario, una factura de
4.000 euros por las ventanas de su casa.
Es difícil separar la queja real de la consigna. Lo que sí se repite es la idea de que la izquierda habría destruido dos generaciones de españoles sin despeinarse, y que a los nacidos entre los sesenta y los noventa les tocó remar mientras no podían formar su propia familia. El dato no se aporta: se vive.
VOX no es extrema derecha: la disputa de las etiquetas
Aquí las posturas se rompen. Hay quien clasifica a VOX como centro derecha y al PSOE como socialcomunista, con el PP en terreno progresista. Otros colocan a VOX en una derecha
aproximada, casi extrema pero sin llegar. Y una tercera corriente sostiene lo contrario de lo que parece: que las medidas de verdadera derecha no existen en España y que lo que se llama derecha es centro izquierda disfrazado.
La confusión no es casual. Cuando se pregunta qué haría un Gobierno de extrema derecha, salta un nombre, Abascal, y una carcajada. Nadie parece tener claro qué es la ultraderecha ni quién la encarna.
Si ya gobernó la extrema derecha durante ocho años
Un giro que aparece en el hilo: para millones de personas, Aznar es de extrema derecha, y su programa se parece bastante al que presenta VOX. Ocho años de Gobierno, sin catástrofe visible. De ahí se deduce que el miedo a la ultraderecha es una etiqueta que se agita según convenga, no un diagnóstico.
En contra pesa el argumento temporal. Que una cosa no explotara no significa que fuera inocua, y el escenario que se describe ahora —prohibiciones, retrocesos de derechos— va más lejos que cualquier ajuste presupuestario.
El problema no es la ideología, sino la estructura
Aparece aquí el análisis menos emocional del conjunto. Se argumenta que el eje izquierda-derecha es el engañabobos que sostiene el sistema, y que el problema real es la arquitectura institucional: partidos, sindicatos y patronales convertidos en estructuras que viven del presupuesto y se imbrican con el poder.
La cifra que se cita, atribuida al INE, da qué pensar: unos
300.000 afiliados a partidos y alrededor de
2,7 millones a sindicatos, menos del
15% de la fuerza laboral. La conclusión de quien lo escribe es que la representación real de quienes dicen representarnos es, directamente, ninguna.
Y de ahí se salta a la Constitución de
1978, a sus más de cuarenta años y a la idea de que sin tumbarla —por las buenas o por las malas— no habrá cambio posible. Es el punto donde la conversación deja de ser económica y pasa a ser otra cosa.
Con estos mimbres, un Gobierno de ultraderecha en España parece menos improbable de lo que suena en los titulares. Aunque probablemente no llegue por un giro ideológico súbito, sino por desgaste: cada año de precios altos y sueldos quietos suma votos a quien promete orden. La incógnita es si ese orden aterrizará antes o después de que el electorado se arrepienta de haberlo pedido.