Sociedad: Igualdad llevará al consejo de ministros en septiembre una ley para abolir la prespitación

Igualdad llevará al Consejo de Ministros en septiembre una ley para abolir la prostitución​

El Ministerio de Igualdad ha anunciado que llevará al Consejo de Ministros el próximo mes de septiembre un anteproyecto de ley para la abolición de la prostitución. Lo ha confirmado la ministra Ana Redondo, que ha enmarcado la medida en una batería más amplia contra el machismo y la ha ligado expresamente al informe de la UCO sobre José Luis Ábalos: «Es el momento de reaccionar en todos los sentidos y con la mayor contundencia», ha dicho. El PSOE ya lo intentó antes por vía parlamentaria y no salió adelante por falta de apoyos entre sus socios.

Qué cambia respecto a los intentos anteriores​

La diferencia es el vehículo. Hasta ahora las iniciativas socialistas contra el proxenetismo y la tercería locativa —el alquiler de espacios para ejercer la prostitución— se presentaron como proposición de ley en el Congreso y no prosperaron. Ahora el texto sale del Gobierno como anteproyecto, lo que en teoría le da más recorrido. En la práctica, el primer obstáculo está dentro del propio Ejecutivo: Sumar, el socio de coalición, no tiene una postura unánime sobre el asunto.

Redondo ha defendido que el PSOE tiene «tolerancia cero con el machismo» y ha calificado los audios de Ábalos de expresión de «lo más bajo de la condición machista». También ha reconocido que «todavía hay reductos importantes de machismo en todas las asociaciones, en todos los partidos», sin excepción.

El argumento económico: ¿qué se prohíbe y a quién se persigue?​

Buena parte del rechazo que genera la medida no discute el fin, sino el mecanismo. Se argumenta que penalizar la actividad empuja el sector a la economía sumergida en lugar de reducirlo, y que el castigo recae sobre quien ejerce antes que sobre quien se lucra. Hay quien sostiene que la persecución no es contra la prostitución sino contra el varón, y quien señala que el negocio seguiría existiendo igual, solo que sin recaudación ni control sanitario.

El flanco fiscal aparece repetidamente: si la actividad es ilegal, no hay IVA, no hay cuota de autónomos, no hay IRPF. El resultado, según este análisis, es menos ingresos y menos trazabilidad, no menos prostitución. La comparación con el aborto —soberanía sobre el propio cuerpo en un caso, prohibición en el otro— es el contraste más repetido.

La paradoja parlamentaria: el voto de Ábalos​

Un mensaje difundido en el hilo sostiene que para sacar adelante la ley el Gobierno necesitaría el voto de José Luis Ábalos, la misma persona cuyo informe de la UCO se usa como justificación política de la norma. La aritmética parlamentaria convertiría el anuncio en un problema de suma antes que de principios.

De fondo late otra discusión: si el objetivo real es la trata o la prostitución voluntaria. Hay quien apunta, sin aportar pruebas, que las mafias próximas al poder presionan para ilegalizar la actividad y quedarse con el mercado negro, y que a las víctimas de trata se las usa como coartada. Es una sospecha, no un hecho.

El calendario y la credibilidad del anuncio​

Septiembre es el plazo que maneja Igualdad, que dice trabajar «a pleno rendimiento» en el paquete de medidas. El escepticismo sobre el cumplimiento del calendario es amplio, y no solo por la aritmética: el anuncio llega en plena tormenta por los audios del caso Ábalos, lo que invita a leerlo como reacción política más que como hoja de ruta legislativa cerrada.

Con estos mimbres, la ley puede salir adelante, quedarse en el intento número enésimo o mutar en algo distinto durante la negociación con Sumar. Lo que no cambia es el suelo del debate: la actividad seguirá existiendo con o sin prohibición, y el dinero seguirá moviéndose por los mismos canales de siempre. Solo cambia quién lo cobra y quién lo persigue.