SOLUCIÓN FÁCIL y factible para el problema de la vivienda.

Una idea radical plantea usar fondos de pensiones de jubilados con más de una propiedad para construir 100.000 viviendas al año y reducir la demanda migratoria y de ayudas.

Aumentar la oferta y frenar la demanda

La propuesta sugiere una medida drástica para abordar el problema de la vivienda: recortar las pensiones de jubilados que posean dos o más propiedades. Se estima que el 57.4% de los jubilados españoles se encuentra en esta situación. El dinero recaudado, unos 24.000 millones de euros, se destinaría anualmente a la construcción de 100.000 viviendas destinadas al alquiler, incrementando así la oferta disponible. Paralelamente, se plantea frenar la demanda mediante el endurecimiento de las políticas de inmigración, extendiendo los plazos para la obtención de la nacionalidad a 10 años y eliminando la ley especial que permitía obtenerla en 2 años de residencia.

Incentivos a la construcción y desincentivos a la especulación

Para fomentar la construcción y desalentar la especulación con viviendas de segunda mano, se propone que ninguna empresa pueda comprar o mantener en sus balances propiedades usadas, con la excepción de los bancos y solo en casos de embargo. Las empresas solo podrían tener en sus activos viviendas de obra nueva. Se plantea un Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) exponencial: la primera vivienda no pagaría este impuesto, mientras que la segunda tendría un tipo del 2% del valor catastral, la tercera un 4%, y así sucesivamente, aumentando hasta el 32% y más para las siguientes propiedades. Esto busca desincentivar la acumulación de múltiples inmuebles por parte de un mismo propietario.

Agilizar la construcción y facilitar el acceso

La propuesta también incluye medidas para agilizar los trámites de construcción. Se eliminaría la necesidad de pedir permisos para obras menores y se acelerarían los procesos para las obras mayores. Se permitirían mayores alturas, estableciendo un mínimo de cinco alturas en todo el territorio nacional, con la posibilidad de que los ayuntamientos autoricen más. Finalmente, se plantea la creación de préstamos ICO específicos para autopromotores y cooperativas, facilitando así el acceso a la financiación para quienes deseen construir su propia vivienda o hacerlo de forma colectiva.