Son mayores de edad. no son menas. la edad no se comprueba. hay embeleco masivo en las pruebas de edad a los menas.

Pruebas de edad a migrantes: el 80% en Aragón da adulto​

Hay un dato que desmonta la versión oficial sobre los centros de menores migrantes: en Aragón, más del 80% de los jóvenes sometidos a pruebas de edad en los últimos tres años resultaron ser adultos. En Baleares, el 60% de los sometidos a pruebas dentales también superaron la mayoría de edad. Y en provincias como Sevilla o Málaga, según los datos que manejan los profesionales, el ratio de falsos menores supera el 90%. La edad no se comprueba de oficio: el sistema registra como menor a quien dice serlo, y solo la Fiscalía puede ordenar pruebas radiológicas cuando sospecha. El resultado es un fraude masivo que convierte los centros de protección en residencias de adultos disfrazados de niños.

Qué dicen las pruebas de edad en España​

Los números que se han ido acumulando en distintas comunidades autónomas dibujan un patrón difícil de ignorar. En Aragón, las pruebas adicionales que se empezaron a aplicar durante el gobierno de Lambán y continuaron con Azcón revelaron que más del 80% de los migrantes sometidos a esas pruebas en los últimos tres años eran adultos. En Baleares, el 60% de los sometidos a pruebas dentales resultaron ser mayores de edad. La Fiscalía, según los datos que se citan, reconoce que solo el 45% de los migrantes a los que somete a pruebas son realmente menores.

El mecanismo es sencillo: una persona llega, dice tener 17 años, y el sistema la registra como menor sin verificación previa. La prueba de edad solo se activa cuando la Fiscalía de Menores lo ordena, y entonces se realiza una radiología. Hasta que eso ocurre, el adulto queda bajo tutela del Estado, en un centro de protección, con los recursos que corresponden a un niño. En provincias como Sevilla o Málaga, el ratio de falsos menores supera el 90%, según los datos que se manejan.

El negocio de los centros de menores​

La sobreocupación de centros como el de Hortaleza, en Madrid, no es solo un problema de espacio. Hay quien sostiene que detrás de la gestión de estos centros hay un entramado de subvenciones que convierte la acogida en un negocio. Las ONGs, el Estado y hasta los clubes deportivos participan de un sistema que, según esta lectura, se alimenta de la confusión entre menores y adultos. La Fiscalía ha denunciado que Cruz Roja registra como menores a inmigrantes que son «claramente mayores de edad», y se habla de un total de 36.000 casos.

El personal de los centros —vigilantes, educadores— describe una tensión constante, con agresiones y amenazas. En Hortaleza, la situación se ha vuelto insostenible, y la Comunidad de Madrid no ha aplicado medidas efectivas, según las críticas que se recogen. El caso más citado es el de un interno que violó a una niña de 14 años en Hortaleza: tenía 23 años, no 17. La Policía declaró que creía que era mayor de edad.

El fraude que llega a los tribunales​

El debate sobre las pruebas de edad no es nuevo. En Suecia, según se relata, los dentistas descubrieron el fraude y el gobierno lo silenció. En Reino Unido, se han usado sistemas de IA para detectar adultos que se hacían pasar por menores, y se han documentado casos de personas con más de 40 años en clases con niños de 12. La pregunta que sobrevuela es por qué en España no se generalizan las pruebas.

La respuesta oficial suele ser que las pruebas son «discriminatorias» y afectan a la «dignidad» del menor. Ese argumento ha servido para que en varios países se prohíban las pruebas de edad. El resultado es que la edad no se comprueba, y el sistema se convierte en una puerta abierta. Hay quien lo llama gaslighting: hacernos dudar de lo evidente para que aceptemos como normal lo que no lo es.

Qué pasa cuando el menor es adulto​

Cuando se confirma que un supuesto menor es adulto, la situación no se resuelve automáticamente. El adulto puede ser devuelto a su país o quedar en una situación administrativa irregular. Pero el daño ya está hecho: los recursos se han desviado, los centros se han sobreocupado y los casos de violencia se han multiplicado. En Montjuic, según se denuncia, rige la ley de la selva dirigida por bandas. En Canarias, hay centros que permiten que los padres magrebíes visiten a sus hijos y se marchen dejándolos bajo tutela del Estado.

El padre de una niña asesinada por un inmigrante en Países Bajos tiró una silla a la jueza cuando escuchó la sentencia: 120 horas de trabajo comunitario. Es el ejemplo extremo de un sistema que, según las críticas, protege al infractor y desampara a la víctima. La pregunta no es si hay fraude, sino cuántos adultos más tienen que colarse para que se generalicen las pruebas.

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¿Cuántos falsos menores hay en España? Los datos disponibles apuntan a que el fraude es masivo en varias provincias, pero no existe una cifra oficial consolidada. Lo que sí hay son pruebas autonómicas que, una y otra vez, arrojan mayorías de adultos. La edad no se comprueba de oficio. Y mientras no se compruebe, el sistema seguirá registrando como niños a quienes no lo son.