Soy paguitero

Cobra 1.050 € de RGI e IMV, come por 10 € y ahorra el 95%​

En España se puede desayunar, comer y cenar cada día por diez euros al mes, dormir en una habitación por 300 euros y terminar el ejercicio con el ingreso casi intacto. La parte incómoda es cómo. Un titulado universitario ha contado en un foro cómo vive con la Renta de Garantía de Ingresos y el Ingreso Mínimo Vital —1.050 euros al mes— más 300 euros de ayuda al alquiler, y cómo con ese dinero ha ido comprando dos fincas rústicas, un contenedor marítimo, un velero y una caravana usada.

El relato es suyo, no lo ha verificado nadie y hay quien lo niega de plano. Él insiste en que no es una invención y asegura que lo cuenta por si le sirve a alguien que esté con el agua al cuello.

Empadronado en un albergue y tres comidas por 10 euros​

Según su propia descripción, el desencadenante fue una deuda bancaria que no podía pagar. Antes de cobrar nada, redujo el gasto a cero —consumiendo 0, lo llama, y reconoce que lo pasó mal— y empezó a acudir a un comedor social. La cuota por el servicio completo, desayuno, comida y cena, quedó en diez euros al mes, el precio simbólico que abonaba a la congregación que lo gestiona; en la peor época había llegado a pagar cinco céntimos por cada comida.

El segundo paso fue el padrón. Relata que acudió a un trabajador social en Vitoria, declaró vivir en una infravivienda —cuando, según admite, residía en la casa familiar de otra región— y consiguió que le empadronaran en un albergue. Cada cierto tiempo coge un autobús, mantiene la entrevista de seguimiento y vuelve. La habitación que alquila en el centro de la ciudad, algo más de 300 euros, queda prácticamente cubierta por la ayuda al alquiler, que le devuelve 300.

De la deuda a dos fincas de 4.000 euros​

Superada la deuda, el ahorro no se deshizo. Entre el 95% y el 100% del ingreso mensual se quedaba quieto, y el gasto real, comida incluida, no pasaba de una decena de euros. De ahí salieron dos fincas rústicas de 4.000 euros cada una en una provincia barata, un contenedor marítimo para convertirlo en vivienda, un velero guardado en una finca, una caravana usada y varias matrículas gratuitas: hasta 90 créditos en la UNED y un grado online por placer. El plan confesado es alquilar las fincas por 1.300 euros al año cada una y esperar plaza en un puerto del País Vasco donde le dejarían empadronarse en el barco.

Hay un detalle que resume el método. Cuando el comedor o el servicio de empleo le piden extractos, enseña la cuenta con menos movimientos. Reparte el efectivo en varias entidades y va retirando el dinero según entra, convencido de que un saldo acumulado en un solo banco cantaría demasiado.

La versión contraria: «todo lo que dices es falso»​

La historia no ha pasado sin réplica. Alguien que se identifica como vecino de Vitoria sostiene que el relato no se aguanta: que una habitación en el centro no cuesta 300 euros, que para cobrar la ayuda al alquiler hay que tener una vivienda de Alokabide, con auditoría de ingresos y bienes, y que el procedimiento no es tan sencillo como se describe. Otros dan por buena la historia y añaden experiencias propias de años cobrando prestaciones.

También se discute el control administrativo. Una intervención asegura que el servicio de empleo estatal tiene acceso a todas las cuentas de un titular; la respuesta es que nunca ha pedido un subsidio de empleo y que por eso nadie ha cruzado sus datos. Nada de esto puede comprobarse desde fuera, y él mismo anuncia que borrará el relato por discreción.

Sangrar al Estado como venganza por dos multas​

El origen emocional del asunto es una sanción. Relata que un agente le prometió que no le multaría por llevar mal la mascarilla durante el confinamiento, que la multa llegó igualmente y que se le juntaron una segunda y una deuda. De ahí, dice, la decisión de «sangrar al Estado»: sostiene que las ayudas ya le han pagado «unas cuantas cositas».

El reproche moral recorre buena parte de la conversación. Una corriente sostiene que el sistema está montado para que esto ocurra y que quien cumple los requisitos no hace nada ilegal. La contraria responde que formar patrimonio con dinero público mientras otros trabajan es corrupción moral aunque la ley lo permita, y que alguien íntegro rechazaría la ayuda en cuanto dejara de ser urgente.

Él no lo discute del todo. Acepta que su caso «no es correcto», lo describe como técnica de supervivencia, admite que silencia la conciencia y mantiene el plan: seguir cobrando, seguir ahorrando y, algún día, volver a lo suyo. Su defensa cabe en una pregunta: si cumple los requisitos, por qué no va a beneficiarse.

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Con estas cifras, lo previsible es que el asunto se quede en anécdota sin consecuencias visibles: nadie ha verificado los hechos y, según su versión, el patrimonio declarado quedaría por debajo de los límites que contempla la norma. La duda interesante es cuántos casos parecidos no se cuentan. Y si lo que describe es un agujero del sistema o, simplemente, el precio que la administración acepta pagar por no dejar a nadie fuera.