SUMAR obligara al PSOE a dar 20 000 euros a todos los menas si quiere su apoyo

Sumar exige 20.000 euros por joven para apoyar al PSOE​

¿Cuánto cuesta un escaño? En la negociación que siguió a las elecciones generales, la formación que lidera Yolanda Díaz puso sobre la mesa una medida que ha encendido todos los termómetros: una ayuda directa de 20.000 euros para cada joven que cumpla la mayoría de edad, con el objetivo declarado de financiar formación, emprendimiento o el arranque de un proyecto vital. La propuesta, que en el lenguaje de la coalición se vende como una suerte de herencia universal, se convirtió de inmediato en el asunto más comentado de la economía doméstica. Porque el papel lo aguanta todo, pero la caja del Estado no.

La discusión no tardó en derivar hacia el terreno donde siempre acaba: quién paga, quién cobra y por qué. La medida se presenta como universal, pero el debate público la ha leído en clave de agravio comparativo. Hay quien sostiene que un joven de 18 años con 20.000 euros en la cuenta es una bomba de relojería financiera; otros ven en la propuesta un simple cebo electoral sin recorrido parlamentario. Y una tercera corriente, más incómoda, apunta a que la cifra final acabará siendo la mitad y todos firmarán contentos.

Qué implica dar 20.000 euros a cada joven que cumpla 18 años​

El primer problema es aritmético. Una ayuda universal de esa magnitud, aplicada a cada cohorte anual de jóvenes que alcanza la mayoría de edad, supone un desembolso que ningún Ministerio de Hacienda asume sin recortar en otra parte. Quienes defienden la idea argumentan que se trata de una inversión: capital semilla para que el beneficiario estudie, monte un negocio o se independice. Quienes la atacan responden con una pregunta simple: ¿qué pasa con el joven que a los 25 años ya se ha gastado el dinero y sigue sin oficio ni beneficio?

En el trasfondo aparece un diagnóstico más duro sobre el sistema educativo. Se argumenta que llevar años degradando la formación ha producido una generación sin cultura, sin oficio y sin expectativas, y que entregarle dinero sin más es echar gasolina a un problema de fondo. La crítica no es solo económica: es cultural. El dinero, dicen, no se puede sudar si no hay opciones reales de acceder al mercado laboral.

El agravio comparativo con quien lleva trabajando desde los 14 años​

Aquí es donde el debate se vuelve visceral. La comparación más repetida es la del trabajador que lleva cotizando desde la adolescencia y no ha conseguido juntar 20.000 euros en toda su vida laboral. La pregunta que sobrevuela es por qué un joven que no ha aportado nada al sistema recibiría de golpe lo que a otro le ha costado décadas. La respuesta oficial —se trata de igualar oportunidades— no convence a quien mira su nómina a final de mes.

El malestar se extiende a la vivienda. Hay quien señala que existen personas de 35 años que se quedaron sin VPO porque no había, que no han recibido ayudas y que siguen sin poder comprar su primera casa, mientras se plantea entregar 20.000 euros a quien acaba de cumplir la mayoría de edad. El contraste, más que económico, es de relato: unos son beneficiarios y otros son pagadores.

El efecto llamada y la letra pequeña de la universalidad​

La crítica más repetida en el terreno migratorio es la del efecto llamada. Si la ayuda se percibe como accesible, el incentivo para venir aumenta, y quienes llegan no pierden nada por probar suerte. La discusión sobre los requisitos de residencia, empadronamiento y nacionalidad se convierte entonces en el verdadero campo de batalla. Se recuerda que ya existen prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, cuyos requisitos básicos son no tener ingresos y estar empadronado un año, y que ya la cobran millones de personas.

La comparación con el IMV es recurrente. Quienes la usan sostienen que el sistema ya funciona como una red clientelar y que esta nueva medida sería una capa más. Quienes defienden la propuesta replican que la ayuda es universal y no condicionada, precisamente para evitar el estigma. El problema, responden los críticos, es que la universalidad en un país con las cuentas públicas tensionadas es una forma elegante de decir que pagarán los de siempre.

La sanidad, el telón de fondo que nadie discute​

Mientras se discute el reparto del dinero, aparece el asunto que debería ser central y queda arrinconado: el estado de la sanidad pública. La queja es que se anuncia una medida estrella mientras los servicios públicos se deterioran. La sanidad española se define como gratuita y universal, pero la percepción de quienes la usan a diario es otra: listas de espera, urgencias colapsadas y profesionales desbordados. La ironía es que el mismo dinero que se promete a los jóvenes podría ir a sostener lo que ya existe.

Qué pasará con la propuesta de Sumar: escenarios posibles​

El escenario más probable, según la lectura que se hace del pulso político, es que la cifra inicial de 20.000 euros se negocie a la baja. La predicción más repetida es que acabarán siendo 10.000 y que todos los implicados, incluida la oposición, acabarán dando su visto bueno. Es la lógica del trileros: se pide mucho para poder conceder la mitad y presentarlo como una victoria.

La otra posibilidad es que la medida quede en el limbo de las promesas incumplidas. La política económica tiene estas cosas: se anuncia en campaña, se negocia en los despachos y se entierra en los presupuestos. Mientras tanto, el ciudadano de a pie hace sus propias cuentas. Y las cuentas, casi siempre, salen mal.

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Al final, la pregunta no es si 20.000 euros cambian la vida de un joven. La pregunta es quién firma el cheque. Y ese, amigo, sigue siendo el mismo de siempre.