Tejas, en pie de guerra. El gobernador Abbot habla de derecho de legitima defensa...

Texas invoca la autodefensa y 25 gobernadores respaldan el pulso​

Un estado no declara guerras. Puede, en cambio, sostener que su frontera se está desbordando y que le asiste el derecho a defenderse por su cuenta. Eso es lo que ha hecho el gobernador de Texas, Greg Abbott, con una declaración en la que reivindica «el derecho constitucional de Texas a la autodefensa» frente a la política fronteriza de la Administración de Joe Biden. La frase suena a comunicado de trámite. No lo es: describe un choque de competencias entre un estado y el Gobierno federal que llevaba meses cocinándose a fuego lento y que ahora se ha destapado en público.

El detonante es el control de la frontera con México. Texas sostiene que actúa donde Washington no actúa, y el pulso ha escalado hasta implicar a la Guardia Nacional del estado, a su fiscalía general y a varios organismos federales. La cifra que mejor mide la temperatura del asunto es sencilla: 25 gobernadores han firmado una carta conjunta de apoyo a la resistencia fronteriza texana.

Los 25 gobernadores y la Guardia Nacional de Texas​

La carta se ha difundido con el respaldo de la Republican Governors Association y, según los cálculos que se lanzan en el debate, los estados firmantes suman en torno a la mitad de la población del país. El gesto no es solo simbólico: lo que se propone es que cada estado dispuesto desplace efectivos de su propia Guardia Nacional a la frontera de Texas.

En esa línea se ha pronunciado Donald Trump, que ha pedido a «todos los estados dispuestos» desplegar sus guardias nacionales en Texas mientras la alianza se amplía. Algunos cargos estatales han ido más lejos y han hecho público el envío de cartas a sus gobernadores para que activen unidades y envíen efectivos. Traducción: el conflicto se juega con fuerzas armadas estatales, que en condiciones normales responden a una cadena de mando federal.

Desde el otro lado se ha planteado la respuesta inversa: reclamar que Biden asuma el control de la Guardia Nacional de Texas ante la negativa del gobernador a retirarse de la frontera. Que un presidente federalice una guardia estatal es una de esas herramientas que figuran en el manual pero que casi nunca se sacan del cajón. Que se pida en voz alta da la medida del envite.

Shelby Park, el DHS y el pulso legal en Eagle Pass​

El segundo frente es jurídico y tiene nombre propio: el parque Shelby, en Eagle Pass. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) denegó el acceso de las autoridades texanas a la zona, y la respuesta del fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha sido una lista de contraexigencias. La primera, con plazo: antes del 15 de febrero el DHS debe aportar los planos oficiales y las escrituras que acrediten la titularidad de los terrenos.

El trasfondo es una decisión del Tribunal Supremo resuelta por 5-4 contraria a la posición de Texas, según el resumen que manejan quienes siguen el caso. Y ahí aparece el argumento con más recorrido: el Congreso puede dejar esa sentencia en papel mojado simplemente negándose a financiar las medidas de retirada de seguridad fronteriza. Es la conocida como la bolsa del poder legislativo, y no exige ni una orden ejecutiva nueva.

La disputa tiene, por tanto, tres vías abiertas a la vez —los tribunales, el despliegue físico y el presupuesto federal— y ninguna se cierra por sí sola. Quien crea que esto se resuelve con una rueda de prensa no ha mirado el calendario.

El cálculo electoral: encuestas y movilización del voto​

Debajo del ruido institucional hay una campaña en marcha. Los sondeos que se manejan dan ventajas dispares a Trump sobre Biden: YouGov lo sitúa en +1, HarrisX en +7 y Morning Consult en +5. Una horquilla amplia, típica de un año electoral, pero con un mensaje repetido: el asunto fronterizo moviliza.

Y luego está la lectura más cínica, que también asoma. Hay quien reduce el episodio a un negocio: a las empresas les gusta vender armas, a los ciudadanos les gusta comprarlas, y la inmigración, los cárteles y el derecho a defenderse funcionarían como coartada. No es un análisis que se pueda demostrar con una hoja de cálculo, pero explica por qué el pulso no se apaga aunque nadie mueva una pieza.

Otro bloque de mensajes desliza un escenario mayor —un conflicto civil abierto— y lo descarta casi de inmediato para quedarse con una fórmula más modesta: guerra civil probablemente no, pero lío mayúsculo, seguro.

La derivada española: el 17% de la población no ha nacido aquí​

El asunto texano ha servido, en paralelo, para reabrir el debate migratorio en clave local. Según los cálculos que se lanzan en el debate, el 17% de la población residente en España no ha nacido en España, y se añade que en 2023 entraron en el país alrededor de 800.000 personas. De ahí se extrae una conclusión incómoda: si el volumen es ese, lo coherente sería legislar en consecuencia y no mantener políticas diseñadas para contentar a la opinión mientras la práctica va por otro lado.

Es un argumento que no depende de lo que ocurra en la frontera de Texas, y ese es justo el punto. El pulso de Eagle Pass funciona como espejo: lo que se discute allí se replica aquí con otros nombres y otras cifras. Cada país tiene su propia liturgia fronteriza, y casi ninguno sale bien parado cuando se comparan el discurso y los números.

Hay una ironía de fondo que casi nadie menciona: el nombre del propio estado tiene origen español. La Misión de San Francisco de los Tejas se fundó en 1690, y de ahí viene el topónimo.

Con tres frentes abiertos —tribunales, despliegue y presupuesto— y una campaña electoral en plena ebullición, lo único claro es que ninguna de las partes tiene incentivos para desescalar antes de noviembre. ¿Cuánto de este pulso es defensa real de una frontera y cuánto es atrezzo de campaña con la Guardia Nacional como figurante?