Teniente general del ejercito español ahora en directo en canal 24h afirma que...

Un teniente general retirado no descarta el arma nuclear en Ucrania​

La intervención de un teniente general del Ejército español en un canal de televisión pública ha reabierto el debate sobre el grado de implicación de España en la guerra de Ucrania. Según el relato que se ha ido consolidando en distintos círculos de análisis, el militar habría afirmado que España tiene ya acordado con la OTAN el envío de unidades acorazadas o mecanizadas, que saldrían de la Brigada del Goloso o de la de Badajoz, y que ve factible el uso de armas nucleares en el conflicto. La primera consecuencia de esas palabras, más allá de su verosimilitud, es que rompen el tabú que durante décadas ha protegido a la opinión pública europea de la hipótesis nuclear.

El Gobierno sostiene que solo envía ayuda humanitaria, pero la discusión se ha envenenado con la sospecha de que esa ayuda se canaliza a través de mecanismos comunitarios que permiten enviar material sin pasar por el Congreso. La discrepancia entre lo que se dice en público y lo que se negocia en los cuarteles generales es, precisamente, el corazón del asunto.

Qué dijo el teniente general y por qué importa​

El núcleo de la polémica está en tres afirmaciones atribuidas al militar: que hay unidades acorazadas o mecanizadas comprometidas, que saldrían de la Brigada del Goloso o de la de Badajoz, y que el uso de armas nucleares es factible. Ninguna de las tres es una decisión oficial, pero las tres apuntan a una misma dirección: la guerra ha dejado de ser un asunto lejano.

La mención a las brigadas concretas es lo que más ha llamado la atención. No se trata de un despliegue genérico, sino de unidades con nombre y apellidos, lo que sugiere que existe un trabajo previo de planificación. El que no va a ir seguro es él, es la conclusión más repetida entre quienes escucharon la intervención: los que planifican no son los que embarcan.

El otro elemento que ha encendido el debate es la referencia nuclear. Durante la Guerra Fría, la doctrina de destrucción mutua aseguraba que ninguna potencia cruzara determinadas líneas rojas. Que un militar en activo o en la reserva hable ahora de esa posibilidad como algo factible indica hasta qué punto se ha deteriorado ese consenso.

Ayuda humanitaria, armas y el mecanismo de la UE​

La versión oficial del Gobierno es que España no enviará armas como país, pero que sí lo hará a través del mecanismo habilitado por la Unión Europea. Es una distinción jurídica que, en la práctica, no cambia el resultado: el material sale y llega al mismo sitio.

Esa ambigüedad calculada es la que ha permitido al Ejecutivo mantener el relato de la ayuda humanitaria mientras se preparan envíos de otro tipo. La pregunta que sobrevuela es si esa fórmula aguanta el escrutinio parlamentario o si, por el contrario, se trata de una manera de esquivar la votación en el Congreso.

Hay quien sostiene que enviar tropas sin apoyo del Congreso sería ilegal, y que lo mismo ocurriría si se hace bajo bandera de la OTAN en un conflicto con un país no miembro de la Alianza, o si se disfraza de misión humanitaria sin mandato de la ONU. El argumento tiene recorrido: la Constitución exige autorización parlamentaria para determinadas misiones exteriores.

El factor humano: quién va y quién cobra​

Más allá de la doctrina, el debate ha derivado hacia lo material. Una parte de los análisis sostiene que los militares profesionales no quieren una guerra, porque conocen sus consecuencias, pero que existe una tensión interna entre el deber y el interés. La doble y triple paga por misión, las medallas y las paguitas asociadas a las operaciones exteriores son un incentivo nada desdeñable.

La experiencia de misiones anteriores, como las de los Balcanes o Afganistán, se cita como referencia. En aquellos despliegues, el entusiasmo por embarcar era notable, aunque el escenario fuera muy distinto al actual. La diferencia es que Ucrania no es una escaramuza: es una guerra convencional de alta intensidad en suelo europeo.

El otro frente es el económico. España es uno de los países más dependientes de los bancos centrales para financiar su deuda pública, y cualquier aventura militar se suma a una factura que ya es abultada. La fiesta de la deuda pública tiene que seguir, y eso condiciona cualquier decisión.

El guion, el coronavirus y la guerra que viene​

Una de las corrientes más repetidas es la que sostiene que todo esto forma parte de un guion. El argumento es que el coronavirus desapareció de pronto de los periódicos justo cuando empezó la guerra, y que los atentados yihadistas también dejaron de ocupar portadas. La coincidencia, para quienes defienden esta tesis, no es casual.

No hay pruebas que respalden esa interpretación, y conviene decirlo con claridad: se trata de una sospecha recurrente, no de un hecho documentado. Pero el hecho de que esa sospecha circule con tanta naturalidad dice mucho del clima de desconfianza hacia los medios y hacia las instituciones.

La comparación con la crisis de los misiles de Cuba se ha convertido en un lugar común. Entonces, dos bloques con capacidad de destruirse mutuamente evitaron el choque. Ahora, la sensación es que las líneas rojas se han difuminado y que nadie está dispuesto a retroceder.

Qué puede pasar y qué se está negociando​

El escenario más probable, a la vista de lo que se discute, es que España acabe participando en alguna forma de misión sin llamarla guerra. La fórmula de la ayuda humanitaria permite enviar material y personal sin activar los mecanismos parlamentarios, y es la que parece haberse elegido.

Lo que no está resuelto es el alcance. Si las unidades acorazadas salen de verdad, la implicación deja de ser simbólica. Y si se cruza esa línea, la pregunta deja de ser si España participa, sino hasta dónde está dispuesta a llegar.

La predicción, con todas las reservas, es que la ambigüedad se mantendrá mientras sea sostenible. En el momento en que haya que poner nombres y apellidos a las unidades, el relato oficial tendrá que elegir entre la transparencia y el hecho consumado. Y ahí, históricamente, no suele ganar la transparencia.