El plan para traer gazatíes a España que nadie reconoce
¿Y si la solidaridad con
Gaza no fuera más que la primera fase de un plan para justificar la llegada de cientos de miles de gazatíes a España? Esa es la tesis que recorre de arriba abajo el debate, y no nace de la nada. El detonante es una propuesta del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, que ordenó al ejército preparar un plan de «salida voluntaria» de la población de Gaza y señaló a España, junto a Irlanda y Noruega, como destino obligado. La respuesta del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, fue tajante: «Nadie nos tiene que decir lo que tenemos que hacer». Pero la maquinaria ya estaba en marcha.
De la declaración del 7 de octubre a la acogida de los primeros menores
El calendario que manejan los analistas más suspicaces es minucioso. La declaración del Estado palestino por parte del Gobierno de Pedro Sánchez se produjo un
7 de octubre, fecha que algunos leen como guiño kabbalístico y otros como simple coincidencia. Un año después, el Gobierno confirmaba la llegada de
19 menores de Gaza y 73 acompañantes, distribuidos en ocho regiones. Para entonces, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya había declarado que España estaba «capacitada» para acoger una ola migratoria procedente de Oriente Medio. La secuencia encaja demasiado bien.
Hay quien sostiene que todo responde a un plan internacional para repartir la población gazatí entre países europeos, y que España, por su posición política y su necesidad de votos, es la candidata perfecta. En contra pesa el argumento de que la acogida de refugiados es una obligación legal derivada del protocolo de asilo, no una conspiración. El problema, replican los escépticos, no es el marco legal, sino la ausencia de recursos: vivienda, sanidad, educación y servicios sociales ya están al límite.
¿Cuántos gazatíes podrían llegar a España y con qué recursos?
La cifra que sobrevuela el debate es
2 millones de habitantes en Gaza. Si todos pidieran asilo y se repartieran entre varios países, a España le podría tocar un lote de
200.000 personas. Otras estimaciones elevan la cifra a
300.000 refugiados negociados con Arabia Saudí. Con esos números, cualquier cálculo de vivienda y servicios públicos se va al traste. No es solo una cuestión de dinero: es que la capacidad de absorción del mercado laboral y del parque de vivienda es finita.
El cálculo completo, desglosado partida a partida, da una diferencia que sorprende. Hay quien recuerda que los gazatíes no son bien recibidos ni en Egipto, ni en Líbano, ni en Siria, y se pregunta por qué España sí. La respuesta oficial es la solidaridad. La extraoficial, los votos.
El precedente del Supremo y la puerta abierta al asilo masivo
Una sentencia del Tribunal Supremo de
2020 abrió la puerta a que España tramite el asilo desde cualquier embajada. Combinada con la acusación del Gobierno a Israel de «genocidio», la consecuencia es que hasta
2 millones de palestinos podrían pedir asilo en España. El marco legal existe. La voluntad política, también. Lo que no existe es un plan de integración.
La discusión deriva entonces hacia el terreno de la seguridad. Una parte de los participantes sostiene que la población de Gaza ha sido adoctrinada durante generaciones y que su integración en barrios europeos puede generar focos de radicalización. Esa tesis no está respaldada por pruebas en el material, y conviene tratarla como lo que es: una opinión alarmista. Otra corriente responde que criminalizar a un colectivo entero por su origen es precisamente lo que alimenta el yihadismo.
El turismo israelí que sigue llegando mientras se habla de genocidio
La contradicción más llamativa la destapó una información: Turespaña incluyó a Israel en un contrato de marketing turístico
un día después de que Sánchez hablara por primera vez de genocidio en Gaza. El Gobierno destinaba fondos a atraer al turista israelí «a pesar de la destrucción en Gaza», valorando su «poder de gasto». Mientras tanto, el embargo de armas a Israel se retrasaba y provocaba una crisis con Sumar. La política exterior española navega entre la condena retórica y el interés comercial.
La pregunta que nadie responde: ¿esto es solidaridad o reparto de población?
El rey Felipe VI denunció en Egipto la «crisis humanitaria insoportable» y la «total devastación en Gaza». Para unos, es la cobertura moral necesaria para justificar la acogida. Para otros, es la constatación de que España se ha convertido en el destino que otros países europeos evitan. Portugal, Italia y Grecia también aparecen en las quinielas, pero España lleva ventaja.
Al final, la ironía se escribe sola: un país que no puede garantizar vivienda a sus propios jóvenes se prepara para recibir a cientos de miles de personas que, según el propio Gobierno, vienen de un territorio destruido. Si el plan sale bien, será un milagro. Si sale mal, ya sabemos a quién echarle la culpa.