Trabajo en un juzgado, y respondo preguntas

150 expedientes al día y un 60% de migrantes: radiografía de un juzgado​

Un gestor procesal con 16 meses de experiencia en un juzgado de provincias ha abierto la puerta a la trastienda de la Administración de Justicia. Lo que ha salido no es un escándalo: es algo más incómodo. Un día normal de trabajo implica dar impulso procesal a entre 50 y 150 expedientes, según sus propias cifras. No hay margen para la épica ni para el cine. Hay papel, prisa y un sistema que avanza por acumulación.

El testimonio, publicado en un foro de actualidad, ha derivado en una conversación sobre lo que realmente ocurre dentro de un juzgado: desde la proporción de personas migrantes que pasan por sus dependencias hasta la lentitud de los desahucios, pasando por la gestión de un juez veterano que no maneja la tecnología. El relato no confirma los grandes bulos sobre la justicia española, pero tampoco los desmiente del todo.

¿Cuántos expedientes se tramitan al día en un juzgado?​

La cifra que da el gestor es contundente: entre 50 y 150 expedientes diarios. Eso no significa que se resuelvan, sino que se les da «impulso procesal», es decir, se mueven de fase. Es la diferencia entre trabajar y despachar. En un juzgado de provincias, aclara, el volumen es manejable; en Madrid o Barcelona, la cosa cambia.

El dato sirve para entender por qué los procedimientos se eternizan. No es solo falta de medios: es una cadencia de trabajo que convierte cada expediente en una pieza de una cadena de montaje administrativa. La justicia, en la práctica, funciona como una fábrica con turnos.

El perfil de quienes pasan por el juzgado: un 60% de migrantes​

Preguntado por el porcentaje de personas migrantes que ve pasar por el juzgado, el gestor responde sin rodeos: unos 60 de cada 100. El dato, leído en frío, es llamativo. Pero conviene contextualizarlo: no todos son denunciados ni denunciantes en causas penales; muchos acuden por trámites administrativos, extranjería o requerimientos civiles.

La conversación derivó rápidamente hacia el terreno político. Una parte de los intervinientes sostiene que ese porcentaje es desproporcionado respecto al peso demográfico y lo vincula a un supuesto colapso de los servicios públicos. Otros matizan que la sobrerrepresentación en sede judicial no implica sobrerrepresentación delictiva, sino que refleja la vulnerabilidad jurídica de quien tiene menos recursos para resolver sus conflictos por otras vías. El gestor no entra a valorar: solo describe lo que ve.

¿Se pierden pruebas en los juzgados? Lo que dice quien trabaja allí​

Una de las preguntas más repetidas fue si desaparecen pruebas a cambio de dinero. La respuesta del gestor es tajante: «Aquí, juzgado de provincias, eso no lo he visto, ni creo que pase». Reconoce que en grandes sedes judiciales podría ocurrir, pero no en su experiencia directa.

Otros intervinientes aportaron casos concretos de pérdida de documentación en órganos superiores, como una audiencia provincial, sin que se haya esclarecido. La conversación oscila entre la anécdota y la sospecha estructural. No hay datos oficiales que confirmen una práctica generalizada, pero la desconfianza hacia el sistema se mantiene como telón de fondo.

La brecha tecnológica dentro de la propia justicia​

El gestor describe con detalle un problema cotidiano: un juez a dos años de la jubilación que no maneja los sistemas informáticos. «Hay que estar constantemente yendo a su despacho a ayudarle a hacer los trámites», explica. Y añade: cuando se da cuenta de que no se está enterando, se enfada con quien intenta ayudarle.

No es una anécdota aislada. La digitalización de la Administración de Justicia avanza más rápido que la formación de quienes deben aplicarla. El resultado es una carga extra para el personal auxiliar y una ralentización de los procedimientos que, sobre el papel, deberían agilizarse.

¿Cuánto tarda un desahucio o un embargo judicial?​

Las preguntas sobre plazos reales fueron constantes. El gestor no dio cifras exactas, pero sí confirmó que los procedimientos se dilatan por acumulación y por la propia naturaleza garantista del proceso. Un desahucio ya aprobado puede tardar meses en ejecutarse; un embargo judicial puede permanecer largo tiempo sin publicarse para subasta.

La percepción ciudadana es que la justicia llega tarde o no llega. Los datos del propio sistema apuntan a una saturación crónica que no se resuelve con más jueces, sino con más personal de apoyo y mejores herramientas. Mientras tanto, quien tiene un pleito sabe que su caso puede convertirse en un expediente más de los 150 del día.

El debate sobre la tecnología como solución a la corrupción​

Una derivada interesante de la conversación fue la propuesta de automatizar la justicia y la gestión pública para eliminar la corrupción. La respuesta mayoritaria fue escéptica: los sistemas informáticos ya existen y se roba igual. El problema no es la herramienta, sino quién la programa y quién la controla.

Se argumentó que una IA o un sistema automatizado no es neutral por defecto: refleja los sesgos y los intereses de quienes lo diseñan. La corrupción no desaparece con la tecnología; se traslada al código. Es una conclusión incómoda para quienes confían en la digitalización como panacea.

Lo que no cambia: la percepción de impunidad​

A lo largo de la conversación se repite una idea: la sensación de que los delitos económicos y los grandes casos no se resuelven, mientras los pequeños se atascan. No hay datos en el material que confirmen esa impresión, pero sí una desconfianza transversal hacia el funcionamiento del sistema.

El gestor no la desmiente ni la alimenta. Se limita a describir su día a día. Y ese día a día, con 150 expedientes, un 60% de migrantes y un juez que no sabe usar el ordenador, dibuja un retrato más gris que escandaloso. La justicia no es ciega: es lenta, está sobrecargada y depende de personas que, como el resto, tienen sus limitaciones.