Trans arrasa en las oposiciones a bombero

Un opositor se registra como mujer y logra plaza de bombero en Madrid​

Un aspirante a bombero del Ayuntamiento de Madrid se registró como mujer y pasó del puesto 126 al 26 en la lista de aprobados, según los datos publicados. La maniobra, amparada en la autodeterminación de género, le ha valido una plaza fija y ha dejado fuera a la persona que ocupaba el último puesto de corte. El consistorio ha anunciado que investigará si hubo fraude en el proceso selectivo.

El caso ha reabierto el pulso entre las cuotas de acceso al empleo público y la ley trans. Hay quien sostiene que el opositor se ha limitado a usar una norma vigente para mejorar su nota física; en contra pesa el argumento de que la plaza se la ha quitado a un varón que sí superó el baremo masculino. La discusión no es nueva: la propia norma permite cambiar la mención registral sin informe médico ni tratamiento hormonal previo.

Qué dice la ley de autodeterminación de género​

La norma permite modificar la mención de sexo en el Registro Civil con una simple declaración. No exige diagnóstico, ni hormonación, ni cambio de nombre, ni apariencia. Basta con rellenar un impreso. Ese es el agujero que, según los críticos, convierte una oposición física en un trámite administrativo más.

Antes de la reforma, el proceso exigía al menos iniciar un tratamiento hormonal y acreditar cierta apariencia. El coste de la treta era alto. Ahora el coste es una tarde de ventanilla. Y el beneficio, una plaza vitalicia con buen salario y horario estable.

Las cuotas de género en las oposiciones a bombero​

El sistema de acceso reserva un porcentaje de plazas a mujeres y aplica baremos físicos distintos según el sexo. La consecuencia práctica es que un hombre con buena forma física puede competir contra el baremo femenino y arrasar. El opositor en cuestión, según los datos publicados, adelantó a un centenar de aspirantes al cambiar de categoría.

El debate sobre las pruebas físicas diferenciadas no es nuevo. Hay quien defiende que las exigencias deben ser idénticas porque el rescate de un herido no distingue sexos. Otros recuerdan que el objetivo de la cuota es corregir décadas de infrarrepresentación femenina en el cuerpo. Las dos cosas no encajan bien.

La investigación municipal y el fraude​

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto una investigación para determinar si el cambio registral se hizo con la única finalidad de beneficiarse en la oposición. Si el tribunal aprecia fraude de ley, la plaza podría quedar sin efecto. Es la vía que algunos juristas consideran más sólida: no se discute la identidad, se discute el uso instrumental de la norma.

La dificultad probatoria es evidente. Nadie puede certificar qué siente una persona. La ley se construyó precisamente sobre esa imposibilidad. Y ahí está el nudo: si la autodeterminación es la base, cualquier intento de acreditar la sinceridad del cambio choca con el propio texto legal.

El efecto llamada en policía y ejército​

En el cuerpo de policía y en las fuerzas armadas existen baremos diferenciados para el ascenso. La pregunta que sobrevuela es cuántos opositores repetirán la jugada en las próximas convocatorias. Si el coste es un impreso y el premio es una plaza fija, el incentivo es obvio.

Algunas voces del debate apuntan a una solución técnica: eliminar las cuotas y unificar las pruebas. Otras proponen cupos específicos para personas trans, lo que a su vez generaría nuevas categorías. Ninguna de las dos salidas contenta a todo el mundo.

El choque dentro del feminismo​

El caso ha reavivado la fractura entre el feminismo clásico y la teoría queer. Sectores críticos con la autodeterminación han hecho un llamamiento a documentar cómo el reconocimiento legal del género como algo identitario afecta a la ley contra la violencia machista, a las estadísticas, al deporte femenino y al uso de espacios privados.

La paradoja que señalan algunos análisis es que una ley pensada para proteger a un colectivo vulnerable acaba siendo utilizada por quien no lo es. Y que las primeras perjudicadas son las mujeres que compiten por esas plazas con baremos más duros.

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Con estos incentivos, lo razonable es esperar más casos en las próximas convocatorias. Lo que no está claro es si la investigación municipal llegará a algo o si se quedará en un expediente sin consecuencias. La ley sigue ahí, y el impreso también.