Los langostas nos estan arruinando

Un forero cifra en el 42% del gasto público las pensiones​

El presupuesto de la NASA equivaldría, según un cálculo del hilo, a poco más de un mes de pensiones en España. La comparación —gruesa, pero pegadiza— ordena el cabreo que recorre cada nómina cuando su titular mira lo que se va en retenciones. Con el gasto público cerca del 51,2% del PIB y las pensiones absorbiendo, según ese mismo cálculo, alrededor del 42% de ese gasto, la cifra que se repite sitúa en torno al 21% de todo lo que produce el país lo que se dedica a pagar jubilaciones. Uno de cada cinco euros.

La escala admite otras equivalencias. Cada dos días de pensiones costarían lo mismo que levantar el edificio más alto del mundo; siete meses darían, según otro cálculo, para adquirir un gran fondo de inversión. El asunto no va de si la cifra impresiona, sino de qué se hace con ella.

Qué porcentaje del PIB se lleva la nómina de las pensiones​

El punto de partida lo fija el propio cálculo que circula en el hilo: el gasto público ronda el 51,2% del PIB y las pensiones se llevan cerca del 42% de ese gasto, lo que sitúa la factura en torno al 21,05% del PIB. Dicho de otro modo, uno de cada cinco euros generados acabaría en una paga de jubilación, viudedad o incapacidad.

La cifra no está exenta de discusión. Frente a ella, otras estimaciones del hilo rebajan el gasto hasta cerca del 12% del PIB, y recuerdan que una parte relevante de la economía no se contabiliza por la vía de la economía sumergida y el fraude fiscal. La horquilla entre el 12% y el 21% no es un matiz: es la diferencia entre un sistema tenso y uno al borde del colapso.

El cálculo que deja fuera a la mitad de las pensiones​

Una de las objeciones recurrentes apunta a cómo se cocinan las estadísticas. Los cálculos más citados se centran en las pensiones contributivas de quienes no cobran más de lo que les correspondería por lo cotizado, un grupo que apenas representaría el 11% del total, según ese recuento. Fuera de esa foto quedan la viudedad, los complementos y las no contributivas.

Sumar esos conceptos cambia la película. Por eso quienes sostienen la tesis del despilfarro insisten en el 42% sobre el gasto público como cifra de referencia. El desglose completo, partida a partida, es donde se dirime quién tiene razón.

¿Han cotizado los jubilados por todo lo que cobran?​

Aquí el desacuerdo es de fondo. Hay quien sostiene que ninguna pensión se financia más allá de 12 o 13 años, porque el sistema se diseñó para una esperanza de vida inferior a los ochenta años. Al vivir más, la mayoría acabaría cobrando durante más tiempo del que aportó. En el otro platillo de la balanza se recuerda que los cotizantes de décadas pasadas metieron mucho dinero en un sistema que se dilapidó sin límite, y que los servicios e infraestructuras que hoy se disfrutan se pagaron con ese esfuerzo.

Nadie discute que el diseño original no contaba con la longevidad actual. Lo que se discute es a quién se le pasa la factura: al que cotizó, al que gestionó o al que aún no ha nacido.

Sueldos por debajo de la pensión media​

El frente laboral aviva el fuego. Se argumenta que el salario está por debajo de la pensión media en la mayoría de los casos, con una brecha estimada del -23%, y que las horas trabajadas caen cada año aunque crezca el número de afiliados a la Seguridad Social. La lectura que se extrae es incómoda: trabajar sale peor pagado que haber trabajado.

A eso se suma el desgaste del contrato intergeneracional. En sociedades cada vez más individualistas, el pacto de que el activo cotiza para pagar al pasivo se sostiene mal cuando la demografía se rompe y el empleo se precariza.

De limitar el derecho al voto a recortar la pensión máxima​

Las propuestas de ajuste van de lo técnico a lo radical. Se plantea fijar un techo a las pensiones más altas —2.500 euros netos se cita como umbral— y reducir el número de años que se cobra, partiendo de que, según esa tesis, la mayoría supera con creces lo aportado. Otras voces van más lejos y proponen limitar el derecho al voto a la franja de 21 a 70 años para evitar que el peso electoral del colectivo bloquee cualquier reforma.

Enfrente, un argumento que gana terreno: el problema no serían los pensionistas, sino la gestión de las administraciones, el gasto en estructuras y prebendas que nadie pone en duda. De la sanidad, la educación y las pensiones se discute la viabilidad; del resto, nunca.

¿Cuánto aguanta un país que dedica uno de cada cinco euros a pagar jubilaciones mientras el salario joven se queda por detrás de la paga del abuelo?