Última hora: Acuerdo PSOE - PNV

El cupo vasco y la llave de la investidura​

Un acuerdo firmado a las once de la mañana. El PSOE y el PNV cierran el viernes el pacto que entrega a Pedro Sánchez los votos que le faltaban para ser investido en primera votación, sin necesidad de una segunda ronda. El presidente en funciones y el líder nacionalista, Andoni Ortuzar, escenifican la firma. Con ese gesto, la aritmética parlamentaria deja de ser una hipótesis y pasa a ser un hecho: la mayoría absoluta está amarrada.

La noticia cae como un jarro de agua fría en una parte del electorado que ve en cada transferencia una cesión más del Estado. «Ya está todo, señores. Circulen y suerte», resume el ánimo de quien abre el asunto. No es euforia, es resignación con retranca. La sensación dominante es que el país se descompone a plazos y que nadie va a frenarlo.

Qué se ha pactado y por qué se firma ahora​

El acuerdo llega después de semanas de negociación y convierte al PNV en socio imprescindible. Lo que se firma no es un cheque en blanco: es un intercambio. Votos a cambio de competencias, dinero y gestión. La traducción práctica es un cupo tributario propio y un régimen foral que se blinda, además de transferencias en materia de acogida de migrantes, con la comunidad excluida del reparto de cuotas que sí se aplica a otros territorios.

Hay quien lo lee como el enésimo episodio de una serie conocida: primero Cataluña, ahora Euskadi, mañana quien ponga el precio. «Votos a cambio de transferencias, que no es otra cosa que rascar pasta y crear chiringuitos gestores», resume una de las intervenciones más repetidas. La crítica no distingue siglas: el mecanismo es el mismo gobierne quien gobierne.

El cupo, la solidaridad interterritorial y el agravio​

El corazón económico del asunto es el cupo. Un sistema por el que el País Vasco recauda sus tributos y aporta una cantidad a las arcas comunes, en lugar de recibir un reparto centralizado. Sus defensores lo presentan como un derecho histórico refrendado en la disposición transitoria cuarta de la Constitución. Sus críticos, como un privilegio que rompe la caja única.

El argumento más repetido contra el cupo es el de la solidaridad interterritorial. Si cada comunidad gestiona lo suyo, sostiene esta corriente, las provincias ricas de cada región pedirán lo mismo, y luego los municipios ricos de cada provincia, hasta que el territorio se vacíe por falta de servicios. La respuesta desde el otro lado es que subvencionar permanentemente a las regiones pobres genera parasitismo y desincentiva la actividad económica.

El intercambio de golpes tiene ejemplos concretos. Unos citan el PER andaluz y sostienen que sin él el campo se vacía. Otros replican que Canarias, Asturias o Extremadura llevan décadas viviendo de la subvención sin que eso las haya sacado de la cola. La discusión no se cierra: es el viejo pleito entre igualdad y eficiencia, ahora con cifras autonómicas encima de la mesa.

El coste real para el contribuyente de a pie​

Mientras se discute el reparto, hay quien pone el foco en la experiencia cotidiana. «Yo vivo en el País Vasco y la vida de un currela es peor que en casi cualquier sitio, todo es hipercaro», cuenta alguien que asegura que solo nota la diferencia cuando sale de vacaciones y comprueba que con lo que le sobra vive mejor fuera. La conclusión que extrae es incómoda: el privilegio fiscal no siempre llega al bolsillo del asalariado.

La otra cara es la de quien teme que el acuerdo incluya compromisos de gasto imposibles de sostener. La duda que sobrevuela es si el PNV ha pactado algo que no se puede pagar, como el mantenimiento de las pensiones, o si simplemente ha arrancado lo que ya tenía y algo más. «Es mejor seguir chupando como hasta ahora, mientras Madrid y otras llenan la caja», apunta una de las lecturas más cínicas.

El mapa político que deja el pacto​

El acuerdo reordena el tablero. El PNV se asegura cuatro años más de influencia y deja a Bildu sin el papel de socio preferente. «Lo que verdaderamente jode a PNV y Bildu es que vote al PP o VOX», resume una intervención que apunta al centro de la estrategia nacionalista: gobernar desde dentro del sistema antes que arriesgarse a una aventura soberanista.

En el otro extremo, la bronca se instala en el relato de la traición. Se habla de «Frankenstein 2.0 supercharged», de que al final «gana ETA y el GRAPO», de que el PSOE ha comprado el discurso de sus enemigos. La hipérbole es el idioma del cabreo, pero debajo hay una pregunta seria: si el Estado se sostiene sobre cesiones permanentes, ¿qué queda del proyecto común?

La respuesta más radical que circula es la de la independencia al revés. Hay quien sostiene que lo mejor sería que Cataluña y el País Vasco se marcharan, que cada autonomía tire con su bandera y que se acabe la humillación de pagar la fiesta a los que se quieren ir. La paradoja es evidente: los que más critican el cupo acaban deseando la ruptura que dicen combatir.

Qué pasa con la deuda y con Bruselas​

Queda el cabo suelto que nadie quiere mirar de frente. Cuando Cataluña y el País Vasco recauden lo suyo y no llegue para sufragar su gasto público, ¿quién pone lo que falte? ¿Quién avala la deuda que emitan? La pregunta se lanza al aire y no tiene respuesta en el acuerdo. Es el agujero que convierte un pacto político en un problema financiero a medio plazo.

La UE aparece como el freno de mano. Hay quien cree que Bruselas no permitirá una balcanización real porque no le interesa un flanco sur descompuesto. Y hay quien cree que ese freno es precisamente lo que condena al resto de España a tragar con un modelo a dos velocidades: comunidades con nivel centroeuropeo y un resto que se va quedando atrás.

El dato que descoloca no es el acuerdo en sí. Es que, con todas las piezas sobre la mesa, el cupo vasco deja de ser una anomalía histórica para convertirse en el modelo que otros querrán copiar. Y nadie ha explicado todavía quién paga la factura cuando todos pidan su trozo.