Última hora - El Gobierno aceptará lo que pide Pujdemon

Puigdemont exige la amnistía y el Gobierno se prepara para aceptarla​

La amnistía ya no se discute: se acepta. El estado del asunto, tras meses de pulsos y filtraciones, coloca al Ejecutivo en la posición de asumir como propia la exigencia de Puigdemont, y el problema no es solo el fondo. Es la forma. La misma fuerza política que en julio descartaba por escrito esa medida sostiene ahora que resulta buena para España, y quien señala la contradicción se expone a que le cuelguen la etiqueta de siempre. Sobre la mesa hay una medida excepcional y una pregunta que casi nadie formula en voz alta: cuánto cuesta.

¿Qué se negocia y por qué el PSOE cambió de posición?​

La exigencia que articula toda la operación es la amnistía para los implicados en el procés. No es una medida que se apruebe con un decreto ni con una disposición administrativa: exige mayoría parlamentaria, y esa mayoría hay que sostenerla concesión a concesión. De ahí que la negociación se lea en clave de intercambio y no de convicción. El giro tiene una explicación mecánica —sin esos votos no hay investidura— y otra que se prefiere no decir en voz alta: si hay que elegir entre el relato de julio y el sillón, se elige el sillón. Y eso, en un país acostumbrado a tragar, tiene un precio que nadie ha calculado.

El tuit de julio, Alfonso Guerra y la memoria selectiva​

El material más incómodo para el Gobierno es su propio rastro digital. Se reproduce una publicación de julio en la que el propio Sánchez descartaba una amnistía para Puigdemont y, acto seguido, se pregunta por qué se critica a Alfonso Guerra por defender cosas que el partido sostenía hace apenas dos meses. La secuencia que queda es la de una contradicción documentada, no la de un cambio de criterio argumentado. Cuando el cambio no se argumenta, se convierte en lo que muchos llaman, sin adornos, un tragala. Hay quien pide que al menos se diga así, con esas palabras, en lugar de venderlo como una victoria.

Dos escaños, factura doble y el cálculo de quién paga​

El otro bloque del asunto es el precio. Hay quien sostiene que el PSOE no solo no pierde, sino que gana dos escaños, y esa cifra se usa como argumento para justificar cualquier giro. Enfrente está la tesis del coste diferido: la factura no llega en la siguiente cita electoral, sino acumulada y duplicada, cuando al electorado le falten el dinero y la comida y las coartadas ya no sirvan. Entre ambas posiciones no hay forma de salir del terreno de la fe. Ninguna de las dos se puede demostrar hoy, y las dos se defienden con la misma vehemencia.

¿Habrá consecuencias electorales por la amnistía?​

La respuesta dominante es que no, o no de forma inmediata. Se recuerda que Zapatero fue reelegido después de episodios igual de discutidos y que el electorado español ha demostrado una tolerancia notable a los giros de sus gobiernos. La contraargumentación señala que el contexto cambió: las redes y los canales alternativos rompieron el monopolio del telediario como única fuente, y el 70% que aún lo consume a diario ya no es el 95% de hace dos décadas. Sobre esa brecha se construye la esperanza de un castigo que nadie se atreve a fechar.

El descontento que no llega a las calles​

Frente a la tesis de que esto no saldrá gratis, la réplica es la evidencia de la calle: si algo no se ha llenado, es la calle. Se sostiene que criticar cualquier aspecto, por nimio que sea, basta para recibir la etiqueta de fascista, machista, negacionista o franquista, y que ese señalamiento funciona como disciplina social. Del otro lado se avisa de que un pueblo descontento es impredecible, que es el pueblo quien quita y pone gobernantes y que conviene no tentar demasiado a quien tiene poco que perder. En el extremo más bronco —y sin ningún respaldo institucional— aparece el reclamo de una salida por la fuerza, que aquí describe el nivel de cabreo, no una alternativa real.

Bruselas, el Sáhara y el precedente que se cita​

Hay un argumento que aparece en cuanto se habla de soberanía: la supuesta cesión en el Sáhara, 270.000 km², sin pasar por el Parlamento, que se presenta como precedente de lo que ahora se pretende con Cataluña y el País Vasco. Es una acusación grave y se lanza sin sentencia que la respalde, así que conviene tratarla como lo que es: una tesis política. En paralelo se apunta a Bruselas, con el argumento de que la Unión Europea calla ante operaciones similares en otros Estados y no tiene autoridad moral para repartir lecciones.

La broma del maletero y el símbolo del regreso​

Si algo ha cambiado en el tono del asunto es la forma de imaginar la vuelta de Puigdemont. Las bromas que circulan ya no hablan de un retorno triunfal, sino de un traslado discreto: se bromea con un Gobierno que legalizaría viajar en el maletero del coche oficial para que el dirigente independentista volviera sin ser visto. La ironía es cruel y describe bien el envés de la negociación: por mucho que se firme la amnistía, nadie parece tener prisa por que la foto del regreso se produzca.

El pronóstico, con todas las reservas, es este: la medida saldrá, el relato oficial la presentará como buena para España y el descontento, por ahora, se quedará en conversación. La incógnita no es si el Gobierno tiene votos. Es cuánto tiempo aguanta la paciencia de quien los paga.