ÚLTIMA HORA | La Audiencia de Málaga absuelve a los sacerdotes Custodio Ballester y Jesús alopécico: «Decir la verdad sobre el sarracin no es delito»

Qué dijo la Audiencia de Málaga al absolver a dos sacerdotes​

¿Es delito criticar una religión? La Audiencia Provincial de Málaga acaba de responder con una sentencia que absuelve a los sacerdotes Custodio Ballester y Jesús Calvo, acusados por sus declaraciones sobre el islam. El fallo concluye que esas manifestaciones, aun siendo ofensivas, no encajan en ningún tipo penal. La noticia corrió por internet con un titular rotundo —«Decir la verdad sobre el Islam no es delito»— que no es exactamente lo que dice la resolución. La diferencia entre ambos enunciados es, precisamente, el eje de todo el asunto.

El caso no es aislado. Llega después de años de litigios cruzados entre asociaciones de inspiración cristiana y colectivos musulmanes, con querellas que casi siempre acaban archivadas por falta de encaje penal. Lo relevante aquí no es el archivo en sí, sino el marco: qué margen real tiene la crítica religiosa en España y hasta dónde puede llegar el concepto de discurso de odio sin convertirse en un límite a la libertad de expresión.

Qué resolvió exactamente la Audiencia de Málaga​

La Audiencia absuelve a los dos sacerdotes. No hay condena, no hay multa, no hay antecedentes. El tribunal considera que sus afirmaciones —descritas en la resolución como desafortunadas y ofensivas— no constituyen delito. Esa es la parte firme y comprobable del fallo, y conviene no adornarla.

A partir de ahí empieza el terreno resbaladizo. Porque absolver «porque no hay delito» no equivale a declarar que lo dicho sea cierto. Equivale a declarar que, sea cierto o no, no es asunto del Código Penal. Quien confunda ambas cosas se está inventando una segunda sentencia que el tribunal no ha dictado.

Por qué «decir la verdad» es una interpretación, no un fallo​

El titular que circuló —y que originó buena parte del ruido— atribuye a la Audiencia la doctrina de que decir la verdad sobre el islam no es delito. Suena contundente y encaja bien en redes, pero es un resumen interesado: la sentencia no valida el contenido de las declaraciones como verdadero. Solo dice que no son punibles.

Hay una diferencia técnica que no es menor. Un tribunal no está para certificar verdades teológicas, sino para determinar si una conducta encaja en un tipo penal. Cuando no encaja, absuelve. Eso no convierte automáticamente lo dicho en dogma ni en mentira: lo deja fuera del ámbito judicial, que es donde debe estar.

---

Este es el punto que suele perderse: el fallo no premia al acusado ni desautoriza a quienes se sintieron ofendidos. Simplemente constata que la vía penal no era el cauce. La libertad de expresión ampara lo ofensivo; lo que no ampara es la incitación concreta a la violencia, la discriminación o el hostigamiento, y de eso no había.

El discurso de odio como frontera que se mueve​

El artículo 510 del Código Penal castiga el fomento del odio contra grupos por su religión, origen u otras condiciones. La clave está en el verbo: fomentar. No basta con incomodar, molestar o incluso ofender gravemente. Hace falta algo más: incitación directa, humillación concreta, un efecto real sobre un colectivo determinado.

Esa frontera es móvil, y por eso los casos se ganan y se pierden en función de matices. Hay corrientes jurídicas que sostienen que el listón debería bajarse para proteger mejor a las minorías religiosas; otras defienden que subirlo es la única forma de preservar un debate libre sobre ideas, incluidas las religiosas. El fallo de Málaga se alinea con las segundas.

Lo llamativo es que el mismo estándar se aplique de forma desigual según quién sea el querellante. Querellas presentadas por asociaciones cristianas y por colectivos musulmanes acaban en la papelera con la misma frecuencia, pero la repercusión mediática de cada una es incomparable. Eso también es un dato.

El contexto: críticas a una religión y a la inversa​

El asunto se enmarca en un debate más amplio sobre el trato que merecen las distintas confesiones en el espacio público. Hay quien argumenta que criticar el islam se ha convertido en un terreno minado mientras otras religiones se pueden satirizar sin consecuencias penales. En contra pesa el hecho de que, en la práctica, los tribunales archivan sistemáticamente estas causas por falta de encaje típico, lo que sugiere que la amenaza penal es más percibida que real.

Un término medio útil: la crítica a una religión es una idea; la estigmatización de sus fieles es una conducta. La primera está protegida; la segunda puede no estarlo. Trazar esa línea con precisión es el trabajo del tribunal, y cada sentencia la redefine un poco.

Qué puede pasar ahora​

Cabe recurso. Si alguna de las partes lo presenta, el caso podría subir a instancias superiores y terminar en el Tribunal Supremo o, eventualmente, en el Constitucional. Hasta entonces, la absolución es firme en primera instancia y los sacerdotes quedan sin condena.

Históricamente, este tipo de recursos rara vez prosperan: la jurisprudencia española tiende a proteger la crítica a las religiones como parte de la libertad de expresión, salvo que concurra incitación clara. Eso no impide que el asunto vuelva a los titulares cada vez que una sentencia mueve un milímetro la frontera.

Al final, la historia tiene su gracia: se ha celebrado como una victoria por la verdad una sentencia que explícitamente se niega a pronunciarse sobre cuál es la verdad.