ÚLTIMA HORA | Los abogados del padre de Noelia: "El hospital presionó para la eustaquia porque tenían comprometidos sus órganos".

El hospital presionó para la eutanasia por los órganos, según la defensa​

La acusación no es menor: según la defensa del padre de Noelia Castillo, cuando la familia logró las primeras medidas cautelares que retrasaban la eutanasia, en agosto de 2024, desde el hospital les espetaron que ya no podían aplazar nada porque «ya tenían los órganos comprometidos». La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, lo puso así de crudo en una entrevista: la madre escuchó que había «varias personas que se podían salvar» con los órganos de su hija. El resultado, según ese relato, fue que la propia Noelia acabara firmando que no quería donar. La querella por prevaricación contra varios miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña ya está en los tribunales, y en ella se subraya que uno de los vocales pertenece a la Organización Nacional de Trasplantes, que ha desarrollado un protocolo para la obtención de órganos tras una eutanasia.

Qué dice la querella sobre la donación de órganos​

El documento sostiene que la propia Noelia fue sometida a exámenes de compatibilidad para ser donante, lo que para los querellantes establece una relación causal directa entre la práctica de la eutanasia y la obtención de órganos. En el punto cuatro de la relación circunstanciada de hechos se afirma que la creación de la Organización Nacional de Trasplantes tiene como finalidad realizar trasplantes, y que la presencia de uno de sus miembros en el comité decisor condiciona la imparcialidad de la decisión. La acusación añade que en ese comité también había personas vinculadas a asociaciones pro eutanasia, como la Asociación Derecho a Morir Dignamente. «Evidentemente, hay muchas irregularidades en este caso», zanja Castellanos.

La defensa del padre no se queda ahí: sostiene que el hospital le dijo a la madre que había personas que se podían salvar con los órganos de su hija, y que la madre estaba presente cuando se lo dijeron. De ahí, según esa versión, la firma de la joven para no donar. La querella va contra varios miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el órgano que debe velar por la correcta aplicación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.

El debate sobre los incentivos económicos en los trasplantes​

En el terreno económico, la acusación introduce un elemento que merece análisis: «El que dona y el que recibe no se llevan dinero, pero todo el intermedio de médicos, facultativos y hospitales que participan sí que se llevan dinero». Es decir, se apunta a un posible incentivo institucional, no personal, en la cadena que va desde la extracción hasta el implante. Ese tipo de argumento es el que ha encendido la discusión sobre si los protocolos de donación y eutanasia pueden cruzarse en algún punto.

La respuesta más repetida entre quienes defienden el sistema es que el modelo español de trasplantes es uno de los mejores del mundo y que precisamente su fortaleza se basa en la ausencia de pago por órganos. El contrapunto que se lanza desde la defensa es que la existencia de un protocolo específico para obtener órganos tras una eutanasia abre una puerta que antes no existía. La discusión, por tanto, no es sobre el trasplante en sí, sino sobre si la coincidencia de un vocal de la ONT en el comité que autoriza la eutanasia compromete la imparcialidad de la decisión.

La evolución del caso: de las cautelares a la querella​

El relato de los hechos que maneja la defensa sitúa el momento clave en agosto de 2024, cuando se conceden las primeras medidas cautelares para retrasar la eutanasia. Según la madre, fue entonces cuando desde el hospital le comunicaron que no podían aplazar el procedimiento porque los órganos ya estaban comprometidos. Ese episodio, siempre según la versión de la familia, es el que lleva a que la joven firme el documento de no donación.

A partir de ahí, la estrategia jurídica de Abogados Cristianos se centra en la querella por prevaricación contra los miembros de la comisión. El argumento de fondo es que sus decisiones estarían condicionadas por la obtención de órganos, lo que a juicio de los querellantes pone de manifiesto una clara incoherencia. La causa está en manos de los tribunales y no hay resolución firme sobre el fondo del asunto.

Qué se discute sobre la capacidad de decidir de la paciente​

Más allá del órgano judicial, el caso ha abierto un debate sobre las condiciones en las que se tomó la decisión. Una parte del análisis sostiene que se trataba de una persona vulnerable, convaleciente tras un intento de suicidio, y que en ese contexto la información sobre la utilidad de donar los órganos pudo actuar como un factor de presión añadido. La versión contraria defiende que la ley contempla garantías suficientes y que la paciente fue evaluada por un comité multidisciplinar.

El punto de fricción está en si la mención a que otras personas podían salvarse con sus órganos constituye una presión indebida o simplemente información clínica. No hay una respuesta cerrada. Lo que sí consta es que la joven firmó que no quería donar, y que ese cambio de criterio se produjo, según la familia, después de escuchar el mensaje del hospital.

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La querella sigue su curso y la discusión sobre los incentivos en la cadena de trasplantes no se ha cerrado. ¿Puede un sistema que funciona razonablemente bien contener un punto ciego en el cruce entre eutanasia y donación?