Última hora - Puente gastó 70.000€ en averiguar quién le ponía motes en Twitter

Según La Gaceta, el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente destinó casi 70.000 euros a identificar a quienes le ponían motes en X. El dato convierte una trifulca de redes en un gasto público concreto.

La información la firma Unai Cano para La Gaceta, y el titular es de los que no necesitan adjetivos: casi 70.000 euros del Ministerio de Transportes para averiguar quién le ponía motes en X a su responsable, Óscar Puente. El asunto importa por dos razones. La primera es el dinero: 70.000 euros no son calderilla en un departamento que gestiona carreteras, puertos y ferrocarriles. La segunda es el método: usar recursos públicos para rastrear cuentas anónimas que se burlan de un ministro abre una pregunta incómoda sobre dónde acaba la defensa legítima del honor y empieza el uso del cargo para callar críticas.

Qué se sabe del gasto

El dato que traslada La Gaceta es un importe y un destinatario: casi 70.000 euros del Ministerio de Transportes. No es una estimación de redes ni un cálculo de un usuario: es una cifra atribuida a un medio, con autor y con cartera ministerial identificada. El objeto del gasto, según esa información, fue averiguar quién ponía motes al ministro en X. La noticia no detalla el desglose del contrato ni el procedimiento administrativo, así que cualquier conclusión sobre su legalidad exige esperar a los documentos.

Por qué un mote acaba costando dinero público

Los motes en redes son viejos conocidos de la política española. Lo nuevo no es la burla, es la respuesta institucional. Rastrear cuentas seudónimas requiere abogados, informes y, a veces, peritajes: ahí se va el dinero. La cuestión de fondo es si un ministerio debe financiar con presupuesto público la persecución de chistes. La ley protege el honor, sí, pero también la crítica política, y la frontera entre ambas no la fija un tuit.

El precedente que no conviene olvidar

En España, los servicios jurídicos del Estado han actuado otras veces contra particulares por comentarios en redes, con resultados dispares en los tribunales. Cada caso se resuelve por separado y ninguno crea doctrina automática. Lo relevante aquí es el coste: 70.000 euros para identificar autores de motes es una cifra que cualquier oposición convertirá en arma política. Y con razón: el dinero público se justifica con resultados, no con susceptibilidades.

Que un ministro quiera defenderse es legítimo. Que lo haga con casi 70.000 euros de todos es otra cosa. Cautela: la cifra procede de una información periodística y conviene contrastarla con la versión del ministerio antes de darla por cerrada.