Noticia: Un ladrón de cobre muere electrocutado subido a una torre de media tensión en figueres

Muere electrocutado un ladrón de cobre en una torre de Figueres​

Un hombre de 45 años y nacionalidad marroquí cayó desde ocho metros tras recibir una descarga en una torre de media tensión de la calle Vilatenim, en el barrio de la Marca de l'Ham de Figueres. Los hechos ocurrieron alrededor de las doce menos cuarto de la noche. Los testigos avisaron a los equipos de emergencia al ver la caída. Mossos d'Esquadra y efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) acudieron al lugar, pero no pudieron reanimarlo. El hombre tenía antecedentes y vivía en una zona de casas ocupadas cercana al campo de fútbol del Figueres. La noticia, publicada por ElCaso.com, cerraba con una frase que ha funcionado como detonante de todo lo demás: no será considerado accidente laboral.

Qué se sabe del suceso y por qué no es accidente laboral​

El fallecido se encontraba subido a una torre de media tensión cuando recibió la descarga eléctrica. La precipitación desde ocho metros y la electrocución previa fueron determinantes. Los Mossos pudieron identificarlo y confirmaron que residía en la zona de viviendas ocupadas de la Marca de l'Ham. No hay más datos oficiales sobre el estado de la investigación.

La calificación de accidente laboral quedó descartada desde el primer momento, algo que una parte de los intervinientes consideró una obviedad administrativa y otra parte leyó como una ironía involuntaria. Hay quien sostiene que si el robo de cobre es la actividad habitual de una persona, la muerte durante su comisión encaja en la definición técnica de siniestro laboral, y quien recuerda que sin alta en la Seguridad Social ni cotización no existe relación laboral que cubrir. El debate, en ese punto, se vuelve un ejercicio de lógica administrativa con cadáver de por medio.

Robos de cobre en Vilatenim: un problema recurrente​

La zona no es nueva en esto. El mismo lunes anterior al suceso se produjo un corte de conexión telefónica por robo de cobre en el mismo punto donde el hombre resultó electrocutado. Los vecinos de Vilatenim conviven con robos que, según el relato recogido, se repiten cada noche. La policía detiene a los autores, pero estos entran y salen de los juzgados. Es el resumen que circula: la impotencia no es de los agentes, es del circuito entero.

Ese detalle, el de la reincidencia y la respuesta judicial, ha sido uno de los ejes del intercambio. Frente a la escena concreta del electrocutado, aparece la queja estructural: la sustracción de cable afecta a telefonía, a tendidos y a instalaciones, y tiene un coste difuso que acaba pagando el usuario de la zona. La discusión derivó hacia si el problema es de medios policiales, de legislación o de otra cosa.

El 17% de paro y el argumento de la necesidad​

Una de las líneas más repetidas fue la que relaciona el robo con la falta de empleo. Se argumentó que con una tasa de paro del 17% y sin papeles, las salidas laborales de un migrante irregular son prácticamente nulas, lo que empujaría a actividades como el robo de cobre. Otra corriente rechazó de plano esa conexión: la necesidad no convierte una sustracción en una opción legítima, y el argumento serviría para justificar cualquier delito. Hubo incluso quien corrigió la cifra oficial al alza, sosteniendo que el 17% no recoge fijos discontinuos, cursistas, estudiantes, cuidadores no remunerados ni parados no inscritos, y que el porcentaje real se acercaría a un tercio de la población.

El cruce de datos y de interpretaciones sobre el mercado laboral ocupó buena parte del intercambio. La pregunta de fondo, sin resolver, es si el robo de cobre es una consecuencia del desempleo o una actividad con su propia lógica económica, ajena al ciclo.

Del suceso al juicio moral: el tono del intercambio​

La conversación derivó rápido hacia el terreno de la retribución moral. Una parte de los mensajes celebró la muerte como una suerte de justicia karmática sin coste para el contribuyente, y otra parte respondió con dureza a esas celebraciones. El resultado fue un intercambio polarizado donde el hecho concreto —un hombre muerto en una torre— quedó casi como excusa para discutir sobre inmigración, delincuencia y sistema judicial.

También apareció el debate sobre la indemnización. Se especuló con que la familia podría recibir una compensación y con que el sistema administrativo la tramitaría con rapidez. No hay confirmación de ningún tipo sobre ese punto: es una previsión lanzada al aire, no un dato. Lo que sí queda claro es que la noticia activó simultáneamente el relato de la inseguridad cotidiana, el del coste del Estado del bienestar y el de la responsabilidad individual.

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El suceso de Figueres deja una cifra redonda —45 años, ocho metros, una torre— y una pregunta que ninguna de las posturas enfrentadas responde: si el robo de cobre es un delito de oportunidad o un oficio con su propio mercado, ¿por qué se sigue pagando con la vida en instalaciones que llevan años siendo el punto débil de la red?