Un padre admite que dio un bofetón a su hija y una jueza le prohíbe verla 15 meses

Una bofetada, 56 días de trabajos y 15 meses sin ver a su hija​

El Juzgado de lo Penal 2 de Ourense condenó a un padre que admitió haber abofeteado a su hija menor de edad durante una discusión en el domicilio familiar de Verín. Los hechos ocurrieron el 20 de diciembre de 2022, sobre las nueve de la noche, cuando la conversación derivó en un golpe en la cara que le provocó a la joven una contusión leve. El reproche penal incluye 56 días de trabajos en beneficio de la comunidad, una indemnización de 65,83 euros y, sobre todo, la prohibición de ver a su descendiente o comunicar con ella por cualquier vía durante un año y tres meses.

La sentencia, firme tras la conformidad del progenitor, ha reabierto un asunto que trasciende el caso concreto: dónde está el límite entre corregir y agredir, quién decide ese límite y qué pasa cuando la respuesta judicial convierte a un padre en un extraño para su propia hija.

Qué dice exactamente la condena por maltrato​

El fallo da por probado que el adulto actuó «con intención de menoscabar la integridad física» de su hija, según recoge la información publicada por La Voz de Galicia. Esa expresión, la de menoscabar, es la que más ha chirriado en la conversación posterior: hay quien sostiene que un padre que pega en la cara a su hija no persigue dañarla físicamente, sino cortar una discusión o corregir una actitud, y que el lenguaje jurídico convierte cualquier reacción en un delito tipificado con la misma etiqueta que la de un agresor cualquiera.

La defensa no discutió los hechos. El progenitor admitió la bofetada ante la magistrada y aceptó la pena, lo que cerró el caso sin juicio oral y sin testigos. La indemnización, 65,83 euros, corresponde a la contusión leve sufrida por la joven. La cifra, casi simbólica, contrasta con el peso real de la condena: un año y tres meses sin contacto con su hija.

La prohibición de ver a la hija: qué implica en la práctica​

La orden de alejamiento y la prohibición de comunicación son la parte que más ha movido el debate. La lectura dominante en la conversación es que el castigo golpea a los dos: al padre, que pierde el contacto con su hija durante quince meses, y a la hija, que además del golpe recibe la ausencia forzada del progenitor. Hay quien lo formula de manera más cruda: la primera bofetada la dio el padre, la segunda la administró la jueza.

Frente a esa lectura, otra corriente recuerda que la prohibición de acercamiento no equivale a desaparición total. En los casos de violencia doméstica, el régimen de visitas puede canalizarse a través de puntos de encuentro vigilados, y la comunicación puede reanudarse si la propia menor lo solicita una vez alcanzada la mayoría de edad o mediante autorización judicial. La diferencia entre «no verla» y «no verla sin supervisión» es jurídicamente relevante, pero no cambia el fondo: quince meses son quince meses.

El bofetón como método educativo: el choque generacional​

Buena parte del intercambio ha derivado hacia una discusión más amplia sobre la educación. Una corriente defiende que la corrección física fue durante décadas el único instrumento punitivo disponible en casa, en la escuela y en la parroquia, y que funcionaba. Otra responde que funcionaba porque no había alternativa ni denuncia posible, y que confundir obediencia con educación es el error de fondo.

Entre ambos extremos aparece un argumento que ha ido ganando peso: el problema no es el castigo, sino la impunidad del menor. Si un adolescente sabe que puede amenazar, insultar o agredir a sus padres sin consecuencia alguna, la bofetada deja de ser un método y se convierte en el último recurso de un adulto sin herramientas. Varios relatos personales apuntan en esa dirección, con casos de hijos que roban en casa o que agreden verbalmente a sus progenitores sin que exista respuesta institucional.

La responsabilidad civil de los padres: el detalle que nadie mira​

Un punto técnico que ha aparecido en la conversación y que suele pasarse por alto: la responsabilidad civil de los padres por los daños causados por sus hijos menores. La Ley Orgánica 5/2000, de responsabilidad penal del menor, se aplica a los autores de entre 14 y 18 años, pero la responsabilidad civil por los daños que causen recae sobre los progenitores. Es decir, si el hijo rompe, quema o agrede, el padre paga. Si el padre corrige, el padre también paga. La asimetría es difícil de sostener sin que alguien acabe preguntándose para qué sirve la patria potestad cuando solo se activa en una dirección.

El precedente que se repite: denuncias cruzadas y familias rotas​

En la conversación han aparecido casos similares que ilustran el patrón. Un padre separado que acoge en su casa a sus hijas porque la madre no puede pagar el alquiler; una discusión por la cena; un plato de sopa lanzado a la cabeza; un bofetón; una noche en el calabozo y antecedentes por maltrato. El relato, aunque no verificable, coincide con la estructura del caso de Ourense: convivencia forzada, conflicto doméstico, denuncia y ruptura definitiva.

La pregunta que queda sin respuesta clara es qué se supone que debe hacer un progenitor cuando el castigo proporcional no funciona y la vía judicial solo contempla dos posiciones: agresor o víctima. Con estos mimbres, la conversación no ha llegado a un consenso. Ni parece que vaya a llegar.