¡Una reforma constitucional lleva a nuevas elecciones! El PSOE va a usar el aborto como palanca para salir del atolladero en que se ha metido

El PSOE convierte el aborto en palanca para forzar elecciones​

Una reforma constitucional agravada no se aprueba con discursos: exige dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, nuevas elecciones, ratificación por las nuevas Cámaras y referéndum final. El artículo 168 de la Constitución no admite atajos. Y ese es, precisamente, el terreno donde el PSOE ha decidido plantar la bandera del aborto tras el anuncio de Pedro Sánchez de reformar el Real Decreto para impedir información «engañosa o contraria a la ciencia» sobre la interrupción del embarazo.

El cálculo que circula en el análisis más frío es que los dos tercios no interesan. No se busca aprobar nada. Se busca retratar al PP como el partido que bloquea en el Senado una reforma que afecta al Título I, Sección primera, forzando así la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. El aborto como palanca, no como objetivo.

Qué exige el artículo 168 y por qué importa​

El artículo 168 es el candado de la Constitución. Cuando la reforma afecta al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I o al Título II, el procedimiento se endurece: aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras elegidas y referéndum final para ratificar el texto. Cuatro puertas, no una.

La pregunta obvia es de dónde saca el Gobierno esos dos tercios. La respuesta que se impone en el análisis es que no los necesita. El objetivo no es la reforma, es el retrato. Cuando el PP se niegue a aprobarla en el Senado, el relato estará servido: los conservadores han provocado elecciones porque quieren decidir sobre el cuerpo de las mujeres. La secuencia completa —bloqueo, disolución, urnas— convierte una derrota parlamentaria en una campaña electoral.

Hay quien recuerda que ya se hicieron reformas de derechos fundamentales en el pasado sin ese trámite. La primera reforma constitucional de 1992 se cita como precedente de que no siempre se pasa por el artículo 168. Otros replican que eso fue una reforma limitada, no una del Título I. La discusión sobre si el aborto es derecho fundamental o principio rector sigue abierta: en 2010 se legisló, pero en la Constitución no aparece.

El PP, entre recular y movilizar al votante dormido​

El PP ha entrado en el terreno sin querer. Feijóo propuso un registro de médicos dispuestos a practicar abortos y no de objetores, un movimiento que se lee como intento de recular tras el ruido generado. La lectura más repetida es que el PP sacó el tema sin venir a cuento y ahora descubre que ha activado al votante progresista, ese que Rajoy supo mantener dormido durante dos legislaturas.

La tesis que circula es que Rajoy entendió al electorado español: mayoritariamente progresista, poco implicado, con tendencia a la abstención. No despiertes a ese votante y ganarás. Feijóo, en cambio, se dedicó a provocar de forma persistente al progresismo hasta sacarlo a votar por pura insistencia. El resultado es una izquierda movilizada por un tema que llevaba años en segundo plano.

La paradoja es que el PSOE lleva años gestionando con desgaste su relación con su propio electorado. El aborto funciona como zanahoria: con eso basta para tenerlo de nuevo en el bolsillo. La pregunta incómoda es cuántas veces se puede repetir el truco antes de que deje de funcionar.

El coste institucional de una reforma que nadie quiere aprobar​

Reformar la Constitución por esta vía es meterse en un laberinto. No basta con el Congreso: hay que disolver las Cortes, convocar elecciones, que las nuevas Cámaras ratifiquen, y luego someterlo a referéndum. En el camino, los socios de investidura —PNV, Junts— pueden no salir del lado que el Gobierno espera. Una consulta popular sobre el aborto moviliza a ambos bandos, y el resultado no está escrito.

El precedente de 1992 se usa como prueba de que el sistema tiene atajos. La contrarrespuesta es que aquella reforma no tocaba derechos fundamentales. La discusión deriva hacia el papel del Tribunal Constitucional: hay quien sostiene que un TC domesticado puede reformar la Constitución vía sentencias sin pasar por el artículo 168, porque al final lo constitucional es lo que diga el TC y no el texto. En Estados Unidos, cualquier tribunal aplica la Constitución directamente; aquí hace falta una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC. La comparación se usa para argumentar que España funciona como una dictadura de toga. Es una tesis discutida, pero explica por qué muchos desconfían del procedimiento.

Lo que se mueve por debajo: vivienda, inmigración y otros fuegos​

Mientras el aborto copa titulares, otros debates siguen su curso. El derecho a la vivienda se cita como ejemplo de principio rector que algunos confunden con derecho fundamental: no obliga al Estado a darte una casa, obliga a que las leyes faciliten que puedas comprarla. La distinción importa porque marca hasta dónde llega la obligación pública.

En paralelo, la discusión sobre inmigración y acceso a prestaciones se cuela en la conversación con argumentos que mezclan datos y sospechas. Hay quien sostiene que los permisos de residencia y los acuerdos bilaterales generan acceso rápido a la nacionalidad y a ayudas. Son afirmaciones que circulan sin verificación y que el artículo no da por buenas: el fenómeno migratorio tiene dimensiones económicas y sociales que exigen datos, no relatos.

Y por debajo de todo, la sospecha de que el aborto es la cortina de humo que tapa otros fuegos. Se apaga un foco internacional y se enciende otro doméstico. La maquinaria de comunicación política no descansa.

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¿Cuántas veces se puede convocar a las urnas con el mismo argumento antes de que el electorado deje de responder? La respuesta no está en el artículo 168.