URGENTE>>> latinuso presenta su plan para atraer más forasteros de Latinoamérica | Formación en sus países pagada por remeros españoles

Madrid formará en sus países a sanitarios para puestos sin cubrir​

¿Cuánta falta hace un trabajador sociosanitario en Madrid para que la Comunidad prefiera formarlo a miles de kilómetros de distancia antes que en su propia región? Según el plan que estos días circula, la suficiente: la Comunidad de Madrid formará en sus países de origen a profesionales de Ecuador, República Dominicana, Colombia y Perú para cubrir después empleos de difícil cobertura. La formación se pagaría desde España y el destino sería el sistema público madrileño.

El anuncio ha caído en un terreno minado. España arrastra una tasa de paro muy por encima de lo que se considera pleno empleo y una lista de espera sanitaria que el debate califica de interminable. Con esas dos variables sobre la mesa, cualquiera que mire los números se hace la misma pregunta: si faltan profesionales, ¿por qué se buscan fuera antes que dentro?

Qué incluye el plan y a cuántas personas alcanza​

Las cifras que se manejan dibujan un programa modesto en volumen y ambicioso en relato. La que más se repite habla de 2.800 beneficiarios, una horquilla que muchos consideran un grano de arena frente a las 600.000 entradas anuales que se atribuyen al conjunto del país. La formación llegaría antes de pisar España y se repartiría entre perfiles sanitarios y sociosanitarios, esas categorías que las consejerías llevan años sin cubrir en plazo.

Los defensores del diseño insisten en un matiz: no es una llegada indiscriminada, sino selección por perfil profesional, edad y titulación. Sus críticos devuelven la pelota sin pausa: si el criterio es la titulación, ¿por qué el primer filtro no es la cola del paro nacional? Añaden un detalle que no cuadra del todo: las plazas que no se cubren aquí suelen ser las peor pagadas y peor consideradas del sistema.

El paro que el plan no menciona​

Hay un argumento que se repite más que ningún otro y no es cultural, es contable. Con la tasa de paro juvenil que en el debate se sitúa en el 20%, la pregunta de por qué se forman profesionales fuera antes que dentro aparece una y otra vez. «¿Y con una tasa de desempleo del 20% entre los jóvenes por qué no formamos a esos españoles antes que traer a nadie de fuera?», resume uno de los mensajes que más ha circulado.

Otra parte lleva el listón más lejos: sostiene que no debería incorporarse a nadie por esta vía mientras el paro no baje del 4%. Es un umbral que funciona más como declaración de prioridades que como propuesta viable. El efecto secundario es claro: convierte cualquier debate migratorio en un debate sobre el orden de las cosas.

Y el tercer elemento, el que casi nadie discute, es la lista de espera. Si el problema real es de personal, cualquier fórmula debería notarse primero en los tiempos de atención. Nadie ha explicado todavía cómo.

Contrato en origen frente a entrada sin filtro: el eje del desacuerdo​

La discusión no va solo de cuántos, sino de con qué condiciones. Una corriente defiende la migración con contrato, perfil definido y formación previa: llegada ordenada, empleo atado desde el primer día y menos margen para la economía sumergida. Sobre el papel, suena razonable. Sobre el terreno, choca con una objeción sencilla: un contrato no arregla un puesto mal pagado.

Ahí entra el argumento microeconómico que más ha dado que hablar. «No es lo mismo que a un puesto de trabajo se presenten 5 que 50», plantea uno de los análisis, para explicar que a más candidatos por vacante, menos incentivo tiene el empleador para mejorar la oferta. Traer trabajadores de fuera, en esa lectura, no resuelve la escasez: la consolida.

En paralelo, una tercera postura desvía la mirada al conjunto del sistema. Dice que el problema no es este programa concreto, sino la escala general de las entradas y la ausencia de control sobre ellas. Y ahí rescata un recuerdo incómodo: que la llegada masiva de mano de obra no empezó ayer, y que ya en plena burbuja inmobiliaria hacía falta personal para sostener el ladrillo. La diferencia es que entonces había obra que levantar.

Madrid y Moncloa se pasan la responsabilidad​

Nadie se pone de acuerdo en a quién culpar, y eso también es política. Una parte del análisis sostiene que la Comunidad de Madrid tiene margen limitado y que el grueso de las autorizaciones depende del Gobierno central; otra responde que quien firma y paga un programa es quien responde de él, sin coartadas. La disputa se convierte en un pulso de porcentajes: hay quien cifra en el 99,5% la responsabilidad de la Administración central frente a la autonómica, y quien replica que ese decimal tampoco exime a la segunda.

El resultado es un intercambio circular que no resuelve nada y que, de paso, deja al ciudadano sin saber a quién reclamar. La competencia autonómica gestiona la sanidad y la formación; la estatal, las autorizaciones y los flujos. Entre las dos, el plan avanza igual.

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Lo de siempre. El programa sigue su curso, los números bailan entre las 2.800 plazas y las 600.000 entradas anuales, y la lista de espera —esa que no entiende de competencias ni de colores— sigue exactamente donde estaba. Habrá que ver qué llega antes: los primeros profesionales formados en origen o el siguiente 12 de octubre.