Marruecos exige el retorno de todos los menas y deja al Gobierno ante su propia contradicción
¿Aceptará el Gobierno devolver todos los menores marroquíes no acompañados que reclama Marruecos? La pregunta no es retórica. El 10 de agosto de 2026, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, reclamó a España la repatriación íntegra de los menores que permanecen en su territorio, un órdago que llega después de la avalancha migratoria en Ceuta y que coloca al Ejecutivo entre la legalidad, el coste y la presión diplomática.
La exigencia tiene una lectura económica inmediata. Mantener a un menor en el sistema de acogida cuesta, según los cálculos que circulan entre los analistas, unos 3.000 euros al mes. Multiplíquese por los miles de expedientes abiertos y se entiende por qué el asunto trasciende lo humanitario. Hay quien sostiene que el modelo de acogida se ha convertido en un negocio con defensores interesados; otros recuerdan que el marco jurídico español hace casi imposible una devolución exprés.
El precedente de Ceuta: el miedo a devolver un solo menor
La historia reciente condiciona cualquier decisión. En mayo de 2021, unos 12.000 africanos entraron en Ceuta, entre ellos unos 1.200 menores. Solo 55 fueron repatriados con el visto bueno de Marruecos. La delegada del Gobierno y la vicepresidenta de Ceuta acabaron condenadas por prevaricación por aquella operación. El caso es citado constantemente como la razón por la que ahora nadie quiere firmar una orden de repatriación masiva: el riesgo penal paraliza a los gestores públicos.
La consecuencia es un bloqueo práctico. Marruecos reclama a todos, pero el mecanismo de devolución exige que el país de origen certifique la filiación de cada menor, localice a su familia y expida documentación de viaje. Históricamente, esa colaboración se ha retrasado o bloqueado en la mayoría de los expedientes. El resultado: un pulso en el que cada parte culpa a la otra.
El marco legal que impide la devolución automática
La petición marroquí choca con una muralla normativa. La Ley de Extranjería obliga a tramitar la repatriación con garantías y a evaluar el interés superior del menor. La Ley de Protección Jurídica del Menor añade más cautelas. Para una devolución automática a petición del país de origen haría falta reformar a fondo ambas normas, algo que ni el Gobierno ni la oposición han planteado en serio.
Eso explica que la respuesta previsible sea la dilación. Mientras tanto, la lectura diplomática es inquietante: pase lo que pase, Marruecos se apunta el tanto. Si España devuelve, habrá demostrado que Rabat manda; si no devuelve, quedará retratada como un país incapaz de gestionar sus fronteras y su política migratoria. Un escenario de manual de guerra híbrida, con un Gobierno que no encuentra excusa que no se le vuelva en contra.
La demografía añade un matiz incómodo. Marruecos ronda una tasa de reproducción de 1,7 hijos por mujer; España está en 1,1. Que un país con más nacimientos que España reclame a sus menores no deja de ser una paradoja que algunos analistas leen como un intento de evitar que la emigración juvenil se convierta en una hemorragia de imagen.
Con todo, la pelota sigue en el tejado del Gobierno. La exigencia de Ouahbi no tiene fecha de caducidad, y el silencio oficial es, por ahora, la única respuesta. Si la estrategia es esperar a que el ruido amaine, que no se sorprenda nadie si Marruecos vuelve a subir la presión. Como reza la sabiduría popular, lo que se da no se quita, y la política migratoria no iba a ser menos.