Por qué España se niega a devolver los menas de Ceuta a Marruecos?????!:

Por qué España no devuelve a los menas de Ceuta a Marruecos: la sospecha del dinero manda​

La pregunta está en la calle: si Marruecos reclama a sus menores no acompañados, ¿por qué el Estado español se niega a devolverlos? La respuesta más repetida en el análisis económico y político no es la protección del menor, sino el dinero. Detrás de la tutela de estos menores se mueve una industria de subvenciones, ONG y contratos públicos cuyo volumen dispara todas las sospechas. Y las cifras que circulan, ya sean reales o exageradas, no ayudan a tranquilizar a nadie.

Los números que alimentan la polémica: de 3.000 a 7.000 euros por menor​

El dato más citado es la presunta transferencia de fondos europeos al Estado español por cada menor bajo tutela. Se habla de 3.000 euros al mes, una cantidad que en algunos contratos concretos llegaría hasta los 7.000. La diferencia entre lo que la administración ingresa y lo que realmente gasta en el menor es, a juicio de los que manejan estos números, el verdadero motor del sistema. Hay incluso quien eleva la horquilla a un mínimo de 6.000 euros mensuales por menor, cifra que aparecería en supuestos contratos de la red de acogida.

El negocio de la acogida: ONG, subvenciones y alquileres con olor a clientela​

El debate apunta a una red de organizaciones subvencionadas que dependen de la tutela de estos menores para su supervivencia. Se mencionan alquileres de inmuebles pagados con dinero público, contratos con familiares de cargos públicos y una estructura de intermediarios que se resistiría a cualquier devolución masiva. Una de las intervenciones más comentadas fue la decisión de VOX en Extremadura de cortar estas subvenciones, que destapó la caja de los truenos y puso sobre la mesa lo que muchos ya intuían: hay mucha gente viviendo de la miseria ajena.

El desglose presupuestario que circula entre bastidores​

Entre los documentos que se comparten en los círculos de análisis económico figura un desglose de los Presupuestos Generales del Estado donde la tutela de menores aparece como partida de ingresos procedentes de fondos de la Unión Europea. El detalle, que se difunde como una hoja de cálculo con las cifras de cotizaciones, IRPF, IVA y otras partidas, sitúa el dinero de los menas al mismo nivel que las multas o las denuncias de violencia de género. Un material que nadie ha desmentido oficialmente y que alimenta la teoría del negocio.

Acusaciones de secuestro que no llegan a los tribunales​

Una corriente más radical denuncia un presunto secuestro de menores. Se argumenta que el Estado no hace esfuerzo alguno por localizar a las familias de origen y que la omisión deliberada de la repatriación encajaría en una estrategia demográfica o de sustitución de población. Son acusaciones graves que no han encontrado eco en ninguna instancia judicial, pero que reflejan el grado de desconfianza que genera el actual modelo de gestión. También se menciona, sin pruebas, la existencia de redes que obtendrían beneficios de la condición de menor sin verificar la edad real.

La lectura electoral: un coste político creciente​

El asunto tiene una lectura electoral evidente. Mantener el sistema a flote puede costarle votos al PSOE en Ceuta y en el resto del país. Según los análisis que circulan, la "industria de la penita" ha dejado de ser rentable electoralmente, y cada vez más población ve con malos ojos que se priorice el dinero público para estas redes clientelares. El PP, atrapado entre las exigencias de VOX y los medios afines al discurso de la acogida, evita pronunciarse con claridad, lo que refuerza la sensación de que nadie quiere tocar el pastel.

El resultado es un sistema blindado por intereses cruzados. Mientras los fondos europeos sigan fluyendo y las organizaciones sigan cobrando, la devolución de los menores a Marruecos seguirá siendo una quimera. Con estos incentivos, la pregunta no es por qué España no devuelve a los menas, sino cuándo alguien va a atreverse a ponerle precio político real a la caridad subvencionada. Quizá entonces sabremos si la protección al menor es un fin o una excusa.