URGENTE: ¡Repsol, Iberdrola, Endesa y Naturgy AMENAZAN al Gobierno!

El pulso fiscal de las energéticas: no pagar y frenar la inversión​

Detrás del cartel de la «R» que cuelga de media España no siempre hay una gran empresa: muchas gasolineras son pequeños negocios con un acuerdo comercial y el logotipo de la petrolera en la puerta. Pero cuando el Ejecutivo habla de gravar los beneficios del sector, el nombre que se pone encima de la mesa es otro. Las grandes energéticas habrían trasladado al Gobierno, según el relato que circula en el debate, que no van a asumir el impuesto a las energéticas. Hay quien matiza: no amenazan, simplemente no piensan pagarlo. Que el Gobierno haga lo que quiera. Ellos no pasan por caja.

El asunto se mueve entre dos aguas, la del pulso político y la del argumentario económico. En la segunda hay más consenso del que aparenta.

¿Por qué las energéticas se niegan a pagar el impuesto?​

El argumento central no es contable, es de estructura de mercado. En un oligopolio el impuesto a las empresas no lo pagan las empresas. Lo paga el consumidor final. Siempre. Ese es el razonamiento que más se repite: si a una compañía con poder para fijar precios le subes el coste o le recortas el margen, la subida termina en el surtidor o en la factura de la luz. La vía que se maneja desde el poder —limitar precios por decreto— arrastra un historial que no invita al optimismo, porque nadie presta un servicio sin beneficio.

Repsol y el 43 % de las gasolineras: el tamaño del actor​

La escala importa. Se atribuye a Repsol el 43 % de las gasolineras de España, una red que le otorga capacidad de influir en el precio del carburante. A eso se suma su parque de refinerías: cuatro plantas en Cartagena, A Coruña, Puertollano y Bilbao, todas de origen público. Quien defiende una fiscalidad más dura recuerda que esas instalaciones eran de todos los españoles hasta su privatización y que, en esa versión, siguen operativas gracias a inyecciones de dinero público. El Estado sería su protector y debería cobrar por ejercerlo. Cuestión de perspectiva.

La seguridad jurídica: el precedente de Ferrovial​

Hay un segundo frente que trasciende el impuesto. La queja más repetida es la inseguridad jurídica: normas que cambian cada dos por tres, marcos fiscales revisados a mitad de partido y la sensación de que cualquier inversión puede quedar desautorizada por decreto. El espejo que se cita es Ferrovial, que trasladó su sede por ese motivo. Y ya hay consecuencias visibles: varias inversiones paralizadas a la espera de saber con qué reglas se juega. En el IBEX 35, mientras, los índices siguen ajenos al ruido.

Beneficios récord y el argumento de la envidia​

El sector viene de ejercicios con beneficios históricos, y una parte del análisis lo usa como prueba de que puede pagar sin despeinarse. La réplica del otro lado es tan simple como incómoda: si esos beneficios son tan jugosos, cualquiera puede comprar acciones y cobrar dividendos. La envidia, se sostiene, no es un argumento fiscal. Y hay un matiz que casi nadie discute: las energéticas operan en un marco de precios intervenido, un oligopolio en el que participa el propio Estado. Los más expeditivos piden directamente nacionalizar.

Hidrógeno verde: dinero público para un negocio que no cuadra​

El otro gran asunto que atraviesa el conflicto es hacia dónde va el dinero. El Gobierno apuesta por el hidrógeno verde como proyecto estratégico y el sector lo mira con distancia. La objeción técnica es demoledora: producir hidrógeno con electricidad pierde en torno al 50 % de la energía, almacenarlo es caro y complicado, y un ciclo convencional puede dejar por el camino hasta el 90 %. Sumar plantas de electrólisis y desaladoras exige inversión que nadie pone sin subvención. La defensa es matizada: en los picos de producción renovable que la red no puede absorber, la electricidad sobra y su coste es cero, así que el rendimiento negativo daría igual. El debate no es técnico. Es quién firma el cheque.

¿Quién acaba pagando la factura?​

Aquí el consenso es incómodo. Si las grandes no pagan, alguien tapa el agujero. Y ese alguien es la figura de siempre: el consumidor, el autónomo, el contribuyente de a pie. La recaudación extra no desaparece, cambia de bolsillo. Con un añadido amargo: las empresas tienen equipos de expertos dedicados precisamente a pagar lo mínimo posible, mientras el resto pelea con un borrador de la declaración y una sede electrónica que se cae.

Hay un detalle que descoloca y resume la paradoja. Las cuatro refinerías que sostienen buena parte del negocio de Repsol se inauguraron entre 1950 y 1972. Cartagena, A Coruña, Puertollano, Bilbao. Infraestructura levantada antes de que ninguno de los actuales directivos empezara a trabajar.