"vamos a exigir toda la resposabilidad a los operadores privados"

Sánchez culpa a los operadores privados del apagón y descarta la nuclear​

El apagón que dejó la península a oscuras sigue sin una explicación oficial cerrada, y el Gobierno ya ha elegido a quién señalar. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el presidente Pedro Sánchez insistió en que la responsabilidad recae sobre los operadores privados y descartó que la energía nuclear pudiera haber sido una solución: «Lejos de ser una solución es un problema porque hubo que desviar mucha energía para mantener sus núcleos estables», afirmó. La frase, reproducida por El Mundo, cayó como un jarro de agua fría entre quienes sostienen que las centrales nucleares, al ser síncronas, habrían aportado inercia a la red en el momento crítico.

El relato oficial tiene dos patas. La primera: el sistema no falló por exceso de renovables. La segunda: si algo falló, fue la gestión de las empresas que operan la red. Esa es, al menos, la lectura que se desprende de las palabras del presidente, que también apuntó a que Red Eléctrica de España (REE) habría detectado el problema, aunque él no descartaba otras hipótesis.

¿Quién es el accionista mayoritario de Red Eléctrica?​

Aquí empieza el problema para el relato. Red Eléctrica no es una empresa privada al uso. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) posee aproximadamente el 20% del capital social y es el principal accionista, con la obligación legal de mantener al menos un 10%. Ningún accionista puede superar el 5% del capital ni votar por más del 3%, y las eléctricas tienen limitado su voto al 1%. En la práctica, el Estado controla la compañía y nombra a su presidenta. La actual, exministra socialista, llegó al cargo por decisión política.

Ese detalle desmonta la coartada. Si el Estado nombra a la cúpula de REE y controla su consejo, culpar a «los operadores privados» de lo que haga la red es, como mínimo, una pirueta. Hay quien lo resume con retranca: exigir responsabilidad a la red eléctrica privada desde un gobierno que la controla es un ejercicio de prestidigitación.

El 81% de renovables para 2030 y la inestabilidad de la red​

El otro frente es técnico. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fija un objetivo del 81% de generación renovable para 2030. Es una meta política, no una consecuencia del libre mercado. Y ahí está el núcleo del problema: la red no está diseñada para gestionar los porcentajes de generación no síncrona que se le están imponiendo. La fotovoltaica y la eólica no aportan inercia, esa masa giratoria que mantiene la frecuencia estable cuando hay un desequilibrio brusco entre generación y demanda.

La secuencia que manejan los analistas más críticos es esta: en la franja de máxima producción solar y eólica, con cielo despejado en casi toda la península y viento suficiente, el excedente se canaliza hacia Francia y Portugal. Si en ese momento se produce una perturbación —una caída de demanda, un fallo en una interconexión—, la red pierde frecuencia y las protecciones automáticas desconectan generación para evitar un daño mayor. Las nucleares, al detectar la anomalía, se apagaron solas y pasaron a generadores diésel de emergencia para mantener los núcleos refrigerados, según el Consejo de Seguridad Nuclear. No fueron la causa, pero tampoco pudieron ser la solución: ya estaban fuera.

El ciberataque como coartada​

En los días posteriores al apagón, la hipótesis del ciberataque ganó peso en determinados círculos. La lógica que se le atribuye es doble: por un lado, desviar la atención del posible error de diseño del sistema eléctrico; por otro, justificar inversiones en ciberseguridad ante Europa. Que el presidente no descartara esa posibilidad, pese a que Red Eléctrica no la respaldaba, alimentó la sospecha.

El problema de esa tesis es que convierte a España en un país vulnerable, con la seguridad nacional comprometida, y eso es competencia estatal. Es decir, el tiro sale por la culata: si hubo ciberataque, el responsable último es el Gobierno, no las eléctricas.

La nuclear, cinco días después​

Los datos posteriores al apagón no ayudan a sostener el relato oficial. Cinco días después, la nuclear seguía bajo mínimos: solo el 5% de la generación, unos 1.400 MW. Solo Vandellòs 2 y Ascó 1 estaban arrancadas, al 70% de su potencia. Mientras tanto, la fotovoltaica cubría cerca del 50% de la generación. Es decir, el sistema seguía dependiendo masivamente de la fuente que, según los críticos, provocó la inestabilidad.

La pregunta que sobrevuela es incómoda: si la nuclear era un problema, ¿por qué su ausencia dejó la red tan expuesta? Y si las renovables no fueron la causa, ¿por qué el operador no ha explicado todavía qué pasó exactamente?

El manual del bolivariano, según los críticos​

En los foros de economía, el patrón se repite con una mecánica casi litúrgica. Primero, se coloca a un cuadro del partido al frente de la empresa pública. Segundo, la gestión deja la red en un estado precario. Tercero, se culpa a las empresas privadas. Cuarto, se nacionaliza lo que queda. Es el manual que algunos atribuyen al Gobierno, y que encaja con la retórica de señalar a las multinacionales energéticas como responsables de todos los males del país.

La realidad es más prosaica. Los técnicos de la red llevan años lidiando con situaciones al límite para cuadrar objetivos políticos con la física del sistema. Cuando la política fija metas que la infraestructura no puede absorber, alguien tiene que apagar el interruptor. Y ese alguien no suele estar en un consejo de administración.

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El análisis se atasca en el mismo punto: no hay una explicación técnica cerrada, no hay un informe definitivo y no hay un responsable señalado con nombre y apellidos. Solo hay un relato que cambia según sopla el viento político. Y una red que sigue funcionando al límite de lo que la física permite.