Vivienda para todos...

El PSOE de Felipe González aprobó en 1985 el Real Decreto-ley 2/1985, conocido como decreto Boyer, que eliminó la prórroga forzosa de los contratos de alquiler y liberalizó el precio de los nuevos arrendamientos. La LAU de 1994, impulsada por José Borrell, estableció un régimen transitorio para liquidar los contratos de renta antigua.

La prórroga forzosa del alquiler no fue una conquista social, sino una norma que llegó con el franquismo. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 congeló las rentas y obligó a renovar indefinidamente los contratos. El resultado fue un parque de vivienda en alquiler cada vez más pequeño y envejecido, porque al propietario no le salía a cuenta mantener un piso cuya renta llevaba años sin moverse.

El decreto Boyer de 1985

El Real Decreto-ley 2/1985, aprobado durante el gobierno de Felipe González, puso fin a ese marco. La norma eliminó la prórroga forzosa y liberalizó el precio de los nuevos arrendamientos. No tocó los contratos ya firmados, pero cortó de raíz la lógica que impedía actualizar las rentas.

La medida fue impopular entre los inquilinos de renta antigua, que veían protegida su situación. Para los propietarios, en cambio, supuso la primera salida real a un sistema que había convertido el alquiler en un negocio ruinoso.

La LAU de 1994 y el fin de la renta antigua

La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, impulsada por José Borrell, remató el proceso. Estableció un régimen transitorio para liquidar gradualmente los contratos de renta antigua y limitó las prórrogas. El marco legal franquista quedó definitivamente cerrado para los nuevos arrendamientos.

Desde entonces, el alquiler en España se rige por contratos de duración limitada y precios pactados libremente, con los matices que hayan introducido las leyes posteriores. La discusión sobre cuánta intervención necesita el mercado sigue abierta, pero el punto de partida ya no es el de 1964.