Vox pide investigar el voto por correo de 2023 tras rechazar hacer “teorías de la conspiración” sobre el papel de leire díez en correos

Vox pide a la JEC investigar el voto por correo del 23J y modificar la LOREG​

Vox ha pedido formalmente a la Junta Electoral Central que impulse una investigación sobre los «posibles fraudes cometidos» en el voto por correo de las elecciones generales de julio de 2023, según el escrito remitido por el partido y recogido por EFE. La formación de Santiago Abascal quiere que la investigación la asuma la Guardia Civil y que se centre en la presunta vinculación de la militante socialista Leire Díez con el servicio de emisión del voto por correo en Correos. En paralelo, Vox ha registrado en el Congreso una proposición para reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) con el objetivo declarado de «incrementar las garantías del sistema» y «erradicar sospechas». El propio partido matiza el encuadre: no quiere, dice, hacer «teorías de la conspiración».

Qué pide exactamente Vox a la Junta Electoral Central​

El escrito tiene tres patas. La primera, la investigación de los posibles fraudes en el voto por correo del 23J, con la Guardia Civil como brazo ejecutor. La segunda, la revisión de la instrucción de la JEC sobre validación del voto por correo. La tercera, la modificación de la LOREG para que el voto se emita de forma personal y presencial por el votante. Es decir, el partido no pide eliminar el voto por correo, sino blindarlo con presencia física y reforma legal. La diferencia importa porque el debate público ha derivado hacia la supresión del sistema, algo que ningún partido con representación ha pedido formalmente.

La Guardia Civil, Leire Díez y el rastro andaluz​

El nombre que vertebra la petición es el de Leire Díez, militante del PSOE a la que Vox vincula con el servicio de emisión del voto por correo en Correos. La Junta de Andalucía ha pedido a Moncloa que aclare la implicación de Díez en las autonómicas de 2022, según las informaciones publicadas. La acusación no está probada: se trata de una presunta vinculación, sin condena ni resolución firme conocida a la fecha de esta discusión. En el otro platillo de la balanza, en el hilo se cita una información de un medio que afirma que la Guardia Civil ha destapado una red de compra de votos a favor del PSOE en múltiples regiones de España, sin que conste confirmación oficial en el material.

El PP pacta con PSOE y Sumar dejar a Vox fuera de la JEC​

Mientras Vox registra su escrito, el Partido Popular ha pactado con el PSOE y Sumar excluir a Vox de la Junta Electoral Central, según las informaciones publicadas. El movimiento deja al partido que pide la investigación sin asiento en el órgano que debe decidir sobre ella. Es el tipo de detalle procedimental que suele decidir más que los discursos: quien no está en la mesa, no fija el orden del día. La paradoja es evidente y el partido la explota: pide investigar al árbitro del que le han echado.

El voto por correo, bajo sospecha más allá de Vox​

El escepticismo no es exclusivo de Vox. Hay quien sostiene que el voto por correo debería prohibirse, como en Francia desde hace décadas, y quien sostiene que en las elecciones generales el 100% de los cambiazos en el voto por correo otorgaron cuatro o cinco diputados de más al bloque de gobierno, casualmente la diferencia con las encuestas a pie de urna. El cálculo más optimista asume que la desviación es ruido estadístico; el escenario pesimista parte de que la coincidencia es demasiado grande. Ninguna de las dos cosas está demostrada.

El argumento técnico que más circula es sencillo: si en cada mesa electoral se hiciera una foto del acta firmada y se subiera automáticamente a una plataforma pública, cualquiera podría sumar los resultados y comprobar que cuadran. Que no se haga, sostienen algunos, es la prueba de que hay tongo. Otros recuerdan que el voto presencial es igualmente manipulable y que los resultados se publican por distritos y no por colegios, lo que dificulta la verificación ciudadana. En medio, un dato que descoloca: según un tuit que circula en el hilo, un apoderado grabó a dos magistrados confesando que ellos no hacen el escrutinio porque los resultados se los da Indra y que solo cuadran lo que les llega del sistema.

Segovia, Asturias y el magistrado que dimite​

El caso no se queda en Correos. Según un tuit que circula en el hilo, el magistrado presidente de la Audiencia Provincial de Segovia y presidente de la Junta Electoral Provincial ha dimitido, acusado de delitos electorales presuntamente perpetrados durante el escrutinio del 23J en Segovia. La Fiscalía habría dictaminado que, a pesar de ser magistrado, debe responder por los hechos. En Asturias, según el mismo tipo de fuente, una apoderada ha denunciado un fraude electoral y ha grabado a dos magistrados confesando que los resultados electorales se los da Indra. La denunciante, Pilar Baselga, lo resume así: «En España no hay elecciones libres». Son acusaciones sin sentencia firme conocida.

La ley electoral europea que España no aplica​

Según las informaciones publicadas, el Parlamento Europeo ha instado a Sánchez a aprobar una reforma electoral que perjudica al PNV y que obliga a fijar un umbral mínimo de entre el 2% y el 5% de los votos emitidos. La Eurocámara acusa al Gobierno de impedir que entre en vigor la ley electoral europea por su pacto de investidura con el PNV. Una misión de la UE ha viajado a España para comprobar por qué Sánchez incumple la normativa, y Moncloa ha plantado a la delegación. España es el único Estado miembro que no ha adaptado la reforma aprobada en 2018. El dato es incómodo para el relato oficial: el país que presume de europeísmo es el último de la clase en materia electoral.

La OEA, Maduro y el efecto espejo​

Según las informaciones publicadas, el Consejo Nacional Electoral no ha publicado las actas oficiales y la OEA ha confirmado que la dictadura de Maduro cometió fraude electoral y continúa violando los derechos humanos en Venezuela. El caso se cuela en la conversación española como espejo incómodo: si aquí se exige transparencia allí, la coherencia exige publicar actas aquí. La comparación es de ida y vuelta y ningún bando sale bien parado.

Qué puede pasar con la investigación del voto por correo​

La investigación depende de que la JEC la impulse y de que la Guardia Civil la asuma. Con Vox fuera de la JEC por el pacto de PP, PSOE y Sumar, la correlación de fuerzas en el órgano no favorece la petición. La reforma de la LOREG necesita mayoría parlamentaria, que Vox no tiene. El escenario más probable, a la fecha de esta discusión, es que el escrito se tramite y se archive, y que el asunto siga vivo en los tribunales por la vía de Segovia y Asturias. La predicción tiene reservas: si alguna de las causas abiertas prospera, el marco político cambia de golpe.