Yo no entiendo nada

Gaza: entre el derecho a defenderse y el castigo colectivo​

El planteamiento es tan simple que incomoda: un grupo armado ataca, toma rehenes y se atrinchera entre una población que, en su mayoría, votó a ese grupo. La respuesta militar es demoledora. ¿Se puede reprochar algo a quien responde? La discusión, sin embargo, se rompe en cuanto alguien pregunta si es lícito arrasar una ciudad entera por lo que votó una parte de sus habitantes.

El punto de partida del debate es una tesis sin matices: la población de Gaza votó en masa a Hamás, luego es corresponsable, luego hay pocos inocentes. Y si Hamás no libera a los rehenes, la ofensiva está justificada hasta el final. La conclusión lógica de ese razonamiento —lanzar armamento atómico una vez aclarado el destino de los secuestrados— se escribe sin pestañear.

¿Es legítimo castigar a toda una población por lo que votó?​

La objeción llega por analogía. Si España hubiera votado a un partido vinculado a ETA, ¿habría sido aceptable arrasar el País Vasco? El contraargumento es que ETA nunca se presentó a las elecciones, mientras que Hamás sí concurrió y ganó. La diferencia, sostienen, es la que separa votar a un partido de entregarle el poder a un grupo armado.

La comparación se extiende a otros escenarios. Si Marruecos entrara en Ceuta y Melilla con apoyo exterior, ¿bastaría con esgrimir el «disfrutad lo votado» para justificar un bombardeo sobre civiles? La respuesta que se da desde el otro lado es que Gaza es territorio hostil al cien por cien, no una región controlada por un gobierno central como el País Vasco.

El argumento de los rehenes y la negativa a liberarlos​

Una parte del análisis sostiene que la ofensiva podría detenerse si se devolvieran los secuestrados. La negativa a hacerlo se interpreta como prueba de que a la organización armada no le importan las consecuencias sobre la población que dice representar. Otra lectura, muy distinta, afirma que los rehenes nunca fueron una prioridad real para el gobierno israelí y que el conflicto es anterior, con raíces que se remontan a 1948.

Territorio ocupado, asentamientos y el origen del conflicto​

Hay quien sitúa el punto de partida mucho antes del ataque del 7 de octubre: la creación del Estado de Israel, la expansión de los asentamientos en Cisjordania y el bloqueo de Gaza. Desde esa óptica, la respuesta militar es la excusa para completar una expulsión que llevaba décadas en marcha. La contraposición es que el territorio se llama así desde que los romanos rebautizaron Judea como Siria Palestina en el año 135, y que ningún Estado palestino con fronteras, moneda y gobierno ha existido.

La comparación con la Segunda Guerra Mundial y los bombardeos aliados​

El precedente que se invoca es el de los bombardeos aliados sobre Tokio y Dresde, con decenas de miles de civiles calcinados. La guerra es terrible, se argumenta, pero no se puede empezar una y luego lamentar sus consecuencias. La objeción es que reconocer la barbarie pasada no convierte en aceptable la barbarie presente.

El coste reputacional para Israel y para España​

Más allá del plano moral, hay un cálculo económico y diplomático. Las empresas israelíes seguirán operando y verán a España como un socio poco fiable, lo que puede traducirse en menos inversión y menos intercambio tecnológico. El daño reputacional ya está hecho, y no se arregla con un cambio de gobierno.

Qué se decide aquí, en términos prácticos​

El debate no es solo sobre Gaza. Es sobre si un Estado puede responder a un ataque con una fuerza desproporcionada sin perder legitimidad, y sobre si la población que votó a un grupo armado asume alguna responsabilidad. Las posturas están tan enfrentadas que ninguna parece dispuesta a ceder. Con estos mimbres, el cesto no se va a tejer solo.