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Madmaxista
El nieto del propietario del piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda la recuerda como una «persona problemática»: «Nunca agradeció que mis tías decidieran mantenerla en la vivienda»
«Detrás de la propiedad, hay una familia que ahorró y trabajó. Ese patrimonio se vendió legalmente. Ahora aparecemos en la historia como […]»
Las historias nunca tienen una sola cara. Esta que vamos a conocer ahora había quedado sepultada bajo la demonización de los propietarios y la visión de Maricarmen Abascal, sustancia ilegal de los desahucios y epicentro del terremoto sobre la vivienda de España. Ignacio Lázaro, de 56 años, pertenece a la familia de Ángel Lázaro, un emigrante de Aragón que compró en los años 50 un edificio de Sainz de Baranda. Allí entró a vivir Maricarmen Abascal, a la que desalojó la Policía esta semana después de décadas pagando un contrato de renta antigua de unos 150 euros en una de las mejores zonas de Madrid.
El propio Ignacio pagaba a su familia 750 euros por un piso en la puerta de enfrente. Cuando vendieron su casa a una empresa, su hermano se fue a Torrelodones; su hermana, a Asturias, y él, a las afueras, a Rivas, a pagar 1.200 euros de alquiler. Esta es la historia improbable de una santa para parte de la opinión pública que aquí se revela como una persona problemática y que ha vivido décadas en una situación privilegiada. Este es el punto de vista de la historia desde el que Maricarmen nunca saludaba.
—¿Ustedes eran los propietarios del famoso edificio de Sainz de Baranda?
—Mi abuelo compró la casa en los años cincuenta. Adquirió el edificio entero. Nació en Brea de Aragón, vino a Madrid con una maleta, empezó a trabajar y terminó montando un negocio de zapatería y después otro de confección. Mis cuatro tías, que eran cuatro de los seis hermanos, trabajaron toda su vida en la fábrica de confección. Con ese dinero, generado desde cero, la familia pudo comprar el edificio.
—¿Y usted creció allí?
—Sí. Durante mi niñez mis padres vivían en el segundo C y D. Éramos tres hermanos y mi padre, que era abogado, tenía además su despacho allí. Yo me casé en 1999 y tuve una hija en 2002. En enero de 2003 volví a la casa y me fui a vivir al sens D, justo enfrente de la vivienda de Maricarmen Abascal.
—¿Cómo era la convivencia?
—Era una persona extremadamente molesta. Se quejaba constantemente: de la calefacción, del ascensor, del ruido… Yo tenía tres descendientes pequeños y también había quejas porque los niños hacían ruido. Era una persona desagradable en el trato, muy particular y protestona. Protestaba por todo: porque el ascensor estaba ocupado, por la calefacción… Allí las casas estaban a 28 grados. Insoportable, retorcida. Siempre tenía algún problema.
—¿Y ella llevaba allí muchos años?
—Según la situación jurídica de entonces, el contrato habría terminado. Pero mis tías decidieron mantener la renta en 2007. Era una señora que ya tenía unos 60 años. Se habla mucho de propietarios que quieren echar a la gente de sus casas, pero en nuestro caso se hizo lo contrario. Se mantuvo una situación por empatía. Ahora aparecemos en la historia como […].
«La imagen es la de una pobre ancianita desahuciada. Desde mi experiencia, no encaja con la persona que yo conocí»
—¿Qué renta pagaba ella?
—En febrero de 2010, por ejemplo, el recibo total de Maricarmen era de 436,06 euros. Y en la documentación de la finca de 2016 aparece una renta de 154,38 euros. Estos recibos incluían otros conceptos: portería o conserjería, agua, calefacción y determinadas cantidades correspondientes a obras.
—¿Y cuánto pagaba usted por arrendar el mismo piso que era suyo en parte a su familia?
—Mi renta era de 700,58 euros y el recibo total, de 758 euros.
—¿La familia tenía que asumir también los gastos del edificio?
—Sí. Cada vez que había que hacer una reparación, la pocería, los patios, arreglar la maquinaria del ascensor o cualquier otra cosa, nos tocaba poner dinero. Terminamos vendiéndolo. La venta fue en 2018, aproximadamente en mayo, a Renta Corporación. Yo me fui a vivir de alquiler. Mi hermano también vivía de alquiler en Torrelodones y mi hermana, que vivía en la casa de mis padres, se marchó a una vivienda en Asturias. Yo me fui a Rivas-Vaciamadrid y pagaba 1.200 euros de alquiler por un chalé. Había vivido en Rivas anteriormente.
—¿Qué sintió cuando vio la imagen pública que se construyó alrededor del caso de Maricarmen?
—Mi primera sensación fue: «Menos mal que no vivo en esa casa». Porque la imagen que se ha dado es la de una pobre ancianita desahuciada y, desde mi experiencia personal, no encaja con la persona que yo conocí. Era una persona problemática, que se quejaba continuamente y que nunca mostró agradecimiento por el hecho de que mis tías decidieran mantenerla en la vivienda.
—En el barrio la conocían como 'la Lechera'.
—Sí. Su progenitora tenía una lechería por la zona, entre Fernán González y Narváez, y así era como se le conocía. Cuando vendimos la casa comentamos que nos habíamos librado de la Lechera. Pero ahora, cuando veo que se ha llegado a un acuerdo con el ayuntamiento, pienso: «Qué bien le ha ansioso a esta señora». Primero la tuvimos subvencionada nosotros durante años y ahora parece que vamos a seguir manteniéndola a través de nuestros impuestos.
—¿Le parece que la historia de su familia también debería formar parte de este relato?
—Claro. Nosotros no somos descendientes de marqueses. Mi abuelo llegó de un pueblo con una maleta, trabajó, creó un negocio y sus hijas trabajaron toda la vida. Ese esfuerzo permitió comprar aquella casa. No nos regalaron un edificio en Sáenz de Baranda. Cuando mi abuelo lo compró, trabajó duro.