El suicidio productivo de España: Por qué ningún político arreglará este modelo

El suicidio productivo de España: nadie va a tocar el modelo​

España no tiene un problema de productividad. Tiene un modelo que funciona exactamente como está diseñado. Dos décadas de estancamiento no son una racha mala ni un accidente estadístico: son la consecuencia previsible de un sistema de incentivos que premia lo pequeño, lo subvencionado y lo inmediato. La discusión sobre el modelo productivo español lleva años dando vueltas a las mismas piezas —educación, fiscalidad, vivienda, demografía— casi siempre por separado. Juntas cuentan otra historia.

España nunca tuvo una industria competitiva que perder​

El relato del milagro industrial se cae en cuanto se mira la balanza comercial. En 1965, importar un coche alemán era un lujo de ricos: con una moneda débil y aranceles altos, el mercado interior se llenó de productos con una relación calidad-precio discreta que nadie podía comparar con nada mejor. Aquello no era competir, era vender sin rival. Con todo, esa industria hiperprotegida sí generó una demanda interna de técnicos e ingenieros formados en escuelas y universidades laborales: el embrión de un capital humano técnico que después se diluyó. Apenas se exportaba. El andamio aguantó mientras duraron los aranceles.

De ahí viene también el complejo que se cuela en el marketing. Las marcas españolas que crecen tienden a disfrazar su origen —apellidos italianos o anglosajones para firmas que nacieron en Valencia o Galicia— porque el sello nacional no vende ingeniería. Vende otra cosa.

El muro de los 50 empleados y el beneficio que se castiga​

Aquí aparece el ejemplo que mejor resume el problema. Una pyme afronta un pago trimestral de impuestos: pongamos 10.000 euros. La lógica diría que, en vez de ingresarlos en Hacienda, compra una máquina, produce más y crece. La normativa no funciona así: la inversión no se computa como gasto corriente, hay que amortizarla durante varios años. El resultado es una empresa que paga por existir antes de poder capitalizarse. A eso se suma el umbral de los 50 trabajadores, la frontera donde se disparan obligaciones laborales, burocráticas y fiscales. Generar beneficios no está prohibido, pero se grava con una insistencia que desincentiva reinvertirlos.

Mano de obra barata contra robot: dónde se rompe el consenso​

Hay una corriente que sostiene que el empresario solo automatiza cuando el trabajador sale más caro que la máquina. Si el mercado está inundado de mano de obra poco cualificada a precio bajo, el retorno de invertir en robótica se alarga y a la pequeña empresa no le compensa. La conclusión sería incómoda: el dumping laboral mata el incentivo a innovar. Enfrente pesa el argumento contrario, y no es flojo. China tuvo millones de trabajadores con sueldos de miseria y aun así invirtió en tecnología, porque el producto bueno da más margen. Para esta segunda lectura, lo que decide no es el coste del trabajo, sino la política fiscal y la penalización del beneficio. Ninguna de las dos explica por sí sola el caso español.

Demografía, ladrillo y una economía adicta al volumen​

La caída de la natalidad golpea a todos los países ricos, pero no todos la encajan igual. Donde hay industria pesada y capital humano de alto valor, la falta de brazos se compensa con robótica y productividad por empleado. Donde el grueso del PIB sale de hostelería, servicios de bajo valor y ladrillo, se depende del número de brazos. Es la trampa de volumen. Con el acceso a la vivienda fuera del alcance de un sueldo medio, además, el incentivo a esforzarse se debilita: se trabaja para pagar el techo. Una parte del análisis enlaza esto con la política migratoria entendida como válvula de presión salarial; otra recuerda que la precariedad y el abaratamiento de costes laborales recorren toda Europa, no solo España.

El cerdo sí compite, y casi nadie lo cuenta​

No todo es humo. España es referencia mundial en porcino: se exporta a China, Corea y Japón, y es una actividad tecnificada que fija población en el medio rural. La cadena es de manual: llega soja y maíz de Argentina y Brasil, se procesa en pienso, se engorda aquí y el producto sale al exterior. La pregunta obvia se la hizo un día alguien sin más credenciales que la curiosidad, en una sobremesa larga con ganaderos del pueblo: ¿qué impide que argentinos, brasileños y chinos se salten al intermediario español? Uno de aquellos ganaderos, sin graduado escolar, lo explicó con una claridad que ningún informe oficial iguala. La respuesta completa, con su lógica de mercado, es de las que merece la pena leer enteras.

Por qué ningún partido va a reformar esto​

El ciclo electoral marca cuatro años y el modelo precisa veinte. Añádanse 17 comunidades autónomas con redes universitarias convertidas en instrumento de poder local y empresas públicas usadas como moneda de cambio entre gobiernos de distinto signo. En ese tablero, cambiar el modelo productivo español significa tocar la base de votos y de clientelas de quien lo intentara. Los políticos, como cualquier otro agente, responden a incentivos. Habrá quien objete que el diagnóstico es demasiado determinista, que no hay un plan maestro sino decisiones cortas y actores que se adaptan a lo que pueden. Es un matiz razonable, y no salva la conclusión.

Y una nota cultural que quizá no sea anecdótica: los países que se creen capaces de fabricar el futuro lo proyectan antes en su ficción. La URSS de los años cincuenta alimentó a sus ingenieros con literatura utópica y cósmica; Estados Unidos, con la pulp y sus cohetes de papel. Aquí el relato dominante sigue siendo la nostalgia de lo que fuimos.

Si el diagnóstico acierta, la próxima década no traerá una reforma del modelo, sino una gestión más fina de su desgaste: más deuda, más parches y más servicios de bajo valor compitiendo por precio. Cuánto aguante queda no lo sabe nadie. Y qué puede romperlo antes, tampoco.