11-M, ¡ Queremos saber la verdad !

11-M: la jueza que quiso reabrir el caso acabó durmiendo en la calle​

El 11 de marzo de 2004, diez bombas segaron la vida de cerca de doscientas personas en cuatro trenes de cercanías de Madrid. Dos días después, España votaba. El PP, favorito en todos los sondeos, perdió. El PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero ganó unas elecciones que, según los pronósticos unánimes previos, tenía perdidas. Veinte años después, la pregunta no es quién ganó, sino por qué seguimos sin saber quién puso las bombas, qué explosivo se utilizó y quién ordenó desguazar los trenes a los pocos días de la masacre, según sostienen quienes dudan de la versión oficial.

El caso, cerrado en falso según buena parte de las víctimas, arrastra una lista de irregularidades que, para quienes cuestionan la investigación, haría temblar cualquier Estado de derecho: pruebas falsas rechazadas pero sin investigar su autoría, ausencia de autor intelectual, destrucción apresurada de vagones, confusión sobre el explosivo y una mochila que apareció donde no debía. La sentencia condenó a un puñado de personas de perfil bajo —un minero esquizofrénico, varios confidentes policiales— sin que nadie haya explicado todavía quién diseñó el atentado, por qué esa fecha y con qué financiación.

¿Qué explosivo se utilizó en el 11-M?​

La pregunta más elemental sigue sin respuesta oficial cerrada. En los trenes aparecieron restos que no encajaban con la versión inicial, y la mochila de Vallecas —con metralla y un teléfono— se convirtió en la prueba estrella de una trama que se desmoronaba. Hay quien sostiene que el explosivo utilizado nunca se determinó con rigor; en contra pesa el argumento de que los informes policiales sí lo identificaron, aunque con contradicciones que la defensa de las víctimas nunca aceptó.

La destrucción de los trenes a los pocos días de la masacre es, para muchos, la prueba madre de que algo se quiso tapar. ¿Por qué desguazar el escenario del crimen antes de que la investigación hubiera concluido? La explicación oficial —evitar riesgos y devolver la normalidad al servicio— no convence a quienes llevan dos décadas pidiendo que se reabra el caso.

La jueza Coro Cillán y el precio de investigar​

Coro Cillán fue magistrada del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid. Quiso reabrir el 11-M. Duró poco. Fue inhabilitada, apartada de la carrera judicial y acabó durmiendo en el intercambiador de Plaza de Castilla, a pocos metros del juzgado que dirigió durante cinco años. Lo contó la periodista Ana María Pascual en 2016: la jueza pasó noches acurrucada en el suelo, combatía el frío con cafés que le preparaba un haitiano que regentaba un puesto en la estación y escapó de un internamiento de los Servicios Sociales gracias a un abogado amigo.

El caso de Cillán es la metáfora perfecta de lo que ocurre cuando alguien intenta tirar del hilo. No es que no se investigara: es que quien lo intentó pagó un precio personal devastador. Su historia, recogida en el material que circula sobre el caso, resume mejor que ningún informe por qué el 11-M sigue siendo un agujero negro en la memoria colectiva española.

El topo del CNI que vendía secretos a Rusia​

Uno de los hilos más inquietantes que han salido a la luz es el caso Roberto Flórez. Según las informaciones que se han ido publicando, entre 2001 y 2004 el CNI tuvo un topo en sus filas que vendía información a Rusia. Ese topo habría permitido que los servicios rusos se adelantaran a los movimientos del centro de inteligencia español y, según algunos análisis, habría facilitado que ocho agentes españoles murieran en Irak en 2003.

Flórez presentó la baja voluntaria del CNI el 12 de marzo de 2004, un día después de la masacre. En 2007 fue detenido en su casa de Tenerife con un depósito de documentos, correos, discos y listas del CNI, además de una carta dirigida al número tres de la embajada rusa en la que ofrecía revelar información sensible por simpatías con la causa rusa. Fue condenado en 2009 a nueve años, una pena que algunos consideran ridícula para un delito que puede alcanzar los veinte, y salió en libertad condicional desde el primer día. Las coincidencias temporales, como poco, huelen mal.

Marruecos, Francia y los sospechosos de siempre​

Otra línea de análisis sostiene que el atentado pudo ser un false flag con participación de servicios extranjeros. Se apunta a Marruecos, cuyo servicio de inteligencia habría actuado con conocimiento de algunos sectores del PSOE, que en aquel momento controlaba parte del aparato policial pese a estar en la oposición. El objetivo: devolver a España al redil francés-alemán y acabar con una política exterior propia que molestaba en París.

En paralelo, el 11-M sirvió para que Zapatero retirara las tropas de Irak, rescatara a ETA de su práctica extinción, legalizara de facto a su entorno político y abriera la puerta a un nuevo Estatuto catalán que nadie pedía. Los beneficiarios políticos están claros: PSOE, ETA, separatistas y, más indirectamente, los islamistas. El cui prodest no prueba la autoría, pero es un indicio que nunca se ha investigado en profundidad.

Lo que Aznar dijo y lo que Rajoy prefirió olvidar​

José María Aznar insistió en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso que mantenía íntegramente su versión sobre el 11-M. Nunca la desarrolló. Mariano Rajoy, su sucesor designado, quiso pasar página. El PP, que había sido el principal perjudicado político de la masacre, optó por no remover el asunto. Esa decisión, sostienen algunos análisis, consolidó la impunidad de la trama y dejó a las víctimas solas frente a un relato oficial que hacía aguas por todas partes.

El resultado es una España que arrastra veinte años de preguntas sin respuesta. El 11-M no fue solo un atentado: fue el punto de partida de una forma de hacer política que hoy sigue vigente, con las cloacas del Estado, los jueces correveidiles y los medios alineados como engranajes de un mismo mecanismo, según sostienen algunos análisis. Quien quiera entender la España actual haría bien en empezar por aquellos trenes.

---

La verdad, como suele decirse, la sabe mucha gente. Que aparezca oficialmente en los medios es otra cosa. Y mientras tanto, la jueza que quiso investigar duerme en la calle.