En lugar de decir 1.…
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Santiago Abascal ha pedido a los españoles que no voten por correo y que lo hagan en urna, alegando que no se fía de «nada que pueda hacer Pedro Sánchez». El mensaje llega en pleno contexto de adelanto electoral y cuestiona la vía postal sin aportar pruebas de irregularidades.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado un mensaje directo a los votantes: que no voten por correo. Lo hizo a través de un vídeo difundido en la red social X, en el que anima a los españoles a acudir a la urna y justifica la petición con una desconfianza explícita hacia el Gobierno.
Abascal afirma: «Les animo a que no voten por correo. Voten en la urna, porque en estos momentos no me fío absolutamente de nada que pueda hacer Pedro Sánchez». La frase no menciona ninguna irregularidad concreta, ningún caso documentado ni ninguna sospecha verificada sobre el sistema postal. Es una declaración de desconfianza política, no una denuncia con pruebas.
El contexto importa: el mensaje se produce en un momento de incertidumbre electoral en España, con un posible adelanto de elecciones generales sobre la mesa tras la caída de varios decretos gubernamentales. En ese escenario, cualquier declaración sobre el voto por correo tiene un peso añadido.
El voto por correo en España está regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y gestionado por Correos bajo supervisión de la Junta Electoral Central. El procedimiento exige solicitud previa, verificación de identidad y entrega en mano al cartero, con controles cruzados entre el censo y las solicitudes.
Cuestionar ese sistema sin aportar pruebas no es neutral: puede desincentivar el voto de personas que dependen de esa vía, como quienes trabajan fuera de su municipio, personas mayores o con movilidad reducida. Y eso, en una democracia, tiene consecuencias.
La desconfianza infundada en el voto postal no es gratis. Cada vez que un líder político cuestiona un mecanismo electoral sin evidencias, se abre la puerta a recursos administrativos, impugnaciones y recuentos extraordinarios que alargan los plazos y elevan el gasto público. Un proceso electoral general en España cuesta cientos de millones de euros; los conflictos postelectorales añaden capas de coste jurídico y logístico.
Abascal no ha presentado ninguna prueba de fraude. Su mensaje es, por tanto, una opinión política expresada con una acusación implícita. Los votantes pueden decidir libremente cómo ejercer su derecho, pero conviene recordar que el voto por correo es legal, está auditado y no hay ningún informe oficial que lo cuestione.
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