Tiene que haber algún límite a la patidifusez de la gente, no puede ser real lo que está pasando

Vivienda: el m² se triplica en ocho años y el alquiler pasa de 8€ a 30€, según un forero​

¿Cuánto puede subir el precio de la vivienda antes de que alguien ponga el grito en el cielo? Según el planteamiento que abre esta discusión, en 2018, tras ocho años de gobiernos de la derecha, el precio medio de compra estaba en 2.000 euros el metro cuadrado y el alquiler medio en 8 euros por metro cuadrado. Ocho años después, con la izquierda en el Gobierno central, esas mismas cifras se han triplicado: 6.000 euros el metro cuadrado de compra y 30 euros el de alquiler. Cada piso que sale al mercado recibe, siempre según ese mismo relato, una cola de candidatos imposible de gestionar.

La pregunta que sobrevuela todo el asunto no es tanto quién gobierna como por qué el diagnóstico público se empeña en apuntar a otro sitio. El texto que abre el intercambio sostiene que el Gobierno se echa la culpa a sí mismo hablando en tercera persona, que la gente le cree y sale a la calle a protestar contra su propio voto, y que el chivo expiatorio de moda son unos fondos de inversión que, según los datos oficiales que se citan, controlan menos del 10% del parque inmobiliario. El resumen del enfado, en una frase: no hay techo para la estupidez de este país.

Qué dice el planteamiento inicial: 2.000€ a 6.000€ el metro cuadrado​

El arranque del asunto es un ejercicio de aritmética sencilla con consecuencias complicadas. Ocho años de un signo político, precio de partida 2.000 euros el metro cuadrado. Ocho años del signo contrario, precio de llegada 6.000 euros. Alquiler: de 8 a 30 euros por metro cuadrado. La progresión no es un ajuste fino, es un cambio de escala. Quien tuviera un piso en 2018 y lo siga teniendo hoy ha visto multiplicar su patrimonio por tres sin mover un dedo; quien estuviera fuera del mercado en 2018 y siga fuera hoy se ha alejado del acceso a la vivienda en la misma proporción.

El detalle que más incomoda del planteamiento no es la cifra, es la atribución. El texto sostiene que el propio Gobierno, señalado como responsable del deterioro, aparece en el relato público como si fuera un tercero: se culpan a sí mismos hablando en tercera persona. Y añade un segundo culpable difuso, los fondos de inversión, con un dato que desmonta parcialmente la coartada: los datos oficiales que se manejan les atribuyen menos del 10% del parque inmobiliario. Poco porcentaje para tanto titular.

El argumento competencial: quién tiene las llaves de la vivienda​

En cuanto el asunto se pone sobre la mesa, aparece la disputa de siempre: ¿de quién es la competencia? Una parte de los intervinientes sostiene que la vivienda es competencia autonómica, que la mayoría de las comunidades están gestionadas por el PP, que no han aplicado la ley de vivienda y que el decreto para frenar la escalada lo han bloqueado PP, Vox y Junts. La conclusión que extraen es que el Gobierno central no puede hacer más de lo que hace.

La réplica llega por otra vía: si la competencia es autonómica, ¿para qué se paga al Gobierno central? Y si el problema fuera solo de aplicación normativa, ¿por qué la subida se produce en todo el país a la vez, incluidas zonas sin presión turística ni fondos internacionales? El contraargumento más repetido apunta a la demanda: se sostiene que la incorporación de un volumen muy elevado de nuevos demandantes de vivienda en pocos años explica mejor la escalada que cualquier maniobra de inversores. La cifra que se maneja en la discusión es de millones de personas adicionales buscando techo.

Los fondos buitre como comodín y el 10% que no cuadra​

El recurso a los fondos de inversión como explicación única tiene un problema de proporción. Si controlan menos del 10% del parque, como recogen los datos oficiales que se citan, no pueden ser la causa de una subida del 200% en el precio de compra. Ese es el argumento que se repite con más insistencia: los precios suben igual en ciudades pequeñas, en pueblos sin atractivo turístico y en zonas donde ningún inversor institucional ha pisado el mercado.

Hay quien va más allá y señala que la propia expresión fondos buitre funciona como final de conversación: se lanza y ya no hace falta seguir razonando. El dato que se aporta para reforzar esa tesis es que muchos de los que repiten el argumento son propietarios con pisos en alquiler o en venta, es decir, parte interesada en que el precio no baje. La coherencia, en este caso, brilla por su ausencia.

El desgaste del relato oficial y la calle​

Otro eje del asunto es la percepción. Se sostiene que los medios de comunicación, financiados en parte con dinero público, amplifican ciertos relatos y silencian otros. El ejemplo que se pone es el de las acampadas: cuatro personas en una plaza pueden convertirse en portada nacional si el encuadre interesa, y la percepción pública acaba siendo la de cientos de miles. Es la vieja técnica de la operación psicológica, aplicada a la política cotidiana.

En paralelo, la discusión deriva hacia el desgaste del propio sistema. Aparece la idea de que la democracia representativa, tal como está montada, produce incentivos perversos: un hombre, un voto, con el votante votando a veces contra sus propios intereses materiales. La cita que se trae a colación es la de George Carlin sobre la inteligencia media. Y la referencia cultural que se repite es Idiocracia, la película que ya no parece ciencia ficción.

El colchón que sostiene la queja: pensiones y empleo público​

Hay un argumento que intenta explicar por qué la situación no estalla: el colchón social. Las pensiones de los mayores sostienen a familias enteras y el empleo público funciona como amortiguador. Mientras esos dos flujos aguanten, la queja se queda en la barra del bar y en las redes. Si se cortaran, el escenario cambiaría de forma abrupta. Es la tesis que sostiene que España lleva en quiebra técnica desde 2012 y que la calma actual es más frágil de lo que parece.

El contrapunto llega desde el lado de los que sí tienen algo que perder: quien compró un piso en 2017 y ve ahora que el mismo inmueble vale tres veces más no tiene ningún incentivo para quejarse. Al contrario. La revalorización del patrimonio propio convierte al propietario en beneficiario silencioso del mismo fenómeno que arruina al que no tiene nada. Y ahí, en esa contradicción, se atasca cualquier solución política.

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Al final, la pregunta que queda flotando no es si el precio de la vivienda sube, que eso lo sabe hasta el que firma la hipoteca, sino si alguien está dispuesto a asumir el coste político de bajarlo. Con estos mimbres, la respuesta más probable es que no. Y mientras tanto, el metro cuadrado sigue su camino.