Adivina adivinanza, ¿quién sacó plaza con el peor curriculum?

El peor currículo de nueve aspirantes y aun así se llevó la plaza​

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, obtuvo una plaza en la Diputación de Badajoz sin que mediara oposición ni concurso. Lo hizo, según un tuit de @THE OBJECTIVE que cita a Carmen Obregón, con la peor puntuación de currículo de los nueve aspirantes que concurrieron al proceso. No hubo examen. La elección se resolvió por una valoración subjetiva, un mecanismo que en la jerga administrativa se conoce como libre designación y que, en la práctica, permite colocar a dedo a quien convenga sin necesidad de demostrar mérito alguno.

La paradoja es tan gruesa que ni siquiera hace falta exagerarla. Un puesto público, pagado con dinero de todos, se adjudicó a quien peor expediente presentaba. El resto de candidatos, con mejores credenciales, se quedaron fuera. No porque fallaran en una prueba objetiva, sino porque no había prueba. La plaza se asignó a discreción.

¿Qué es la libre designación y por qué permite enchufes?​

La libre designación es un sistema recogido en la normativa de función pública para cubrir puestos de confianza. A diferencia de la oposición o el concurso-oposición, no exige examen ni baremación tasada de méritos. Basta con que la autoridad competente considere al candidato idóneo. Esa discrecionalidad, defendible en teoría para cargos directivos, se convierte en la práctica en la puerta grande del amiguismo.

En el caso que nos ocupa, el puesto no era de alta dirección. Era una plaza en una diputación provincial. Y el elegido no destacaba precisamente por su hoja de servicios. La propia información que ha visto la luz señala que su currículo era el más flojo de todos los presentados. Con esos mimbres, cualquier proceso competitivo serio habría descartado su candidatura en la primera criba.

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El patrón se repite: no es un caso aislado

Lo sucedido en Badajoz no es una excepción. Es la punta de un iceberg que lleva décadas creciendo bajo el agua. En los boletines oficiales, autonómicos y provinciales, se publican cada semana convocatorias de provisión de puestos por libre designación. Detrás de cada una de esas órdenes hay un nombre que, con frecuencia, guarda algún vínculo con el partido de turno o con algún cargo institucional.

La mecánica es siempre la misma: se crea o se adapta un puesto, se convoca por el sistema que permite elegir a dedo, se valora subjetivamente y se adjudica al afín. El resto de aspirantes compiten en una carrera que ya está decidida de antemano. No hay examen que valga porque no hay examen. No hay méritos que ponderar porque la ponderación es discrecional.

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La defensa del investigado y el estado del procedimiento

David Sánchez está siendo investigado por un delito relacionado con su designación. En su comparecencia ante la jueza de Instrucción, según las crónicas, no supo responder a preguntas básicas sobre su propio puesto: ni funciones, ni tareas, ni detalles elementales del trabajo que supuestamente desempeñaba. Ese silencio administrativo, más propio de un okupa de despacho que de un funcionario, alimenta la sospecha de que la plaza era un simple mecanismo para cobrar sin trabajar.

La causa sigue abierta. No hay sentencia. Cualquier afirmación sobre su culpabilidad es, a día de hoy, una hipótesis de la acusación. Pero la acumulación de indicios —el peor currículo, la ausencia de examen, la falta de respuestas ante la jueza— dibuja un cuadro que difícilmente resiste el calificativo de casualidad.

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El coste reputacional y económico de los enchufes

Más allá del caso concreto, el enchufismo tiene un precio. Económico, porque se pagan salarios públicos a personas que no han acreditado mérito ni desempeñan una labor productiva. Y reputacional, porque erosiona la confianza en las instituciones. Cuando la ciudadanía percibe que las plazas se reparten por teléfono y no por talento, el incentivo para esforzarse se difumina.

Los procesos de libre designación, bien utilizados, son una herramienta legítima de gestión. Mal utilizados, como parece haber ocurrido aquí, se convierten en el vehículo perfecto para el tráfico de favores. La línea que separa ambos usos es delgada y, en demasiadas ocasiones, se cruza sin consecuencias.

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Lo que queda por saber

El caso sigue su curso judicial. La jueza instructora continúa recabando pruebas y tomando declaraciones. No se sabe aún si habrá imputación formal, juicio oral o condena. Tampoco se ha depurado la responsabilidad de quienes firmaron la designación. La Diputación de Badajoz, por ahora, no ha explicado públicamente los criterios que llevaron a elegir al peor candidato.

Mientras tanto, el debate público se centra en la impunidad percibida de los poderosos. La sensación de que, para según quién, las reglas son flexibles. Y la certeza de que, para el común de los mortales, un currículo flojo no te da una plaza, sino una carta de despido.