El vídeo de la juez acorralando a los cargos de hacienda que exoneran al hermano de sánchez

La juez cuestiona el informe sin firma que exculpa al hermano de Sánchez​

¿Por qué tres altos cargos de Hacienda firman un informe para exculpar al hermano del presidente del Gobierno y luego se escudan en que no era un informe pericial? Esa es la pregunta que sobrevuela un vídeo judicial que ha puesto patas arriba el relato oficial. En la comparecencia, una jueza con años de experiencia confiesa que nunca había visto algo así: un documento sin membrete, sin firma y presentado como «informe automatizado» por una aplicación interna. Los tres responsables de Hacienda Territorial sostienen que solo trasladaron información, que no dependía de ellos y que fue una equivocación. La escena, recogida en un vídeo de hora y media, deja una sensación incómoda: los que debían vigilar el cumplimiento fiscal comparecen como sospechosos de haber fabricado un salvoconducto.

Qué se sabe del informe sin firma que exculpa al hermano de Sánchez​

El núcleo del asunto es un documento que, según se desprende de las intervenciones, no reúne los requisitos formales de un informe pericial: carece de membrete, no va firmado y se justifica porque «tienen una aplicación y tal». La jueza, visiblemente sorprendida, señala que en sus años de ejercicio nunca había ocurrido algo semejante. Los comparecientes insisten en que no era un peritaje, sino un simple traslado de información. Esa distinción, en aparente técnica, es la que puede determinar si hubo dejación de funciones o algo más grave.

Hay quien sostiene que si la jueza quería un peritaje debería haberlo solicitado como tal. En contra pesa el argumento de que tres inspectores hagan anónimamente un informe sobre su propia actuación, lo cual resulta, como mínimo, llamativo. El documento, además, habría sido elaborado por cargos de libre designación, no por funcionarios de carrera, lo que añade una capa de opacidad sobre quién ordenó qué y con qué objetivo.

El cálculo fiscal: 50.000 euros sin declarar y una diferencia a pagar de 3.000​

Más allá del pulso judicial, el fondo del asunto es una discrepancia fiscal. Según un cálculo que circula entre los participantes, el hermano de Sánchez habría dejado de declarar en España unos 50.000 euros de IRPF al fijar su residencia en Portugal. Sin embargo, otro cálculo apunta a que la cantidad pendiente de pago sería mucho menor, en torno a 3.000 euros, porque ya habría tributado como no residente. Esa diferencia entre lo no declarado y lo efectivamente debido es la que algunos esgrimen para restar gravedad al caso.

El problema, señalan otras voces, no es la cantidad sino el procedimiento. La residencia en Portugal se antoja rara: la vivienda donde dice vivir el investigado no sería habitable, y no consta acreditación plena de esa residencia. Coinciden dos hechos que chirrían: una plaza en Badajoz a la que presuntamente no acude y una residencia fiscal en una casa en ruinas. Tirar de ese hilo, sostienen, es más relevante que la cifra final.

La doble imposición y el IRNR: el tecnicismo que lo cambia todo​

La clave técnica está en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). Un residente fiscal en el extranjero que trabaja en España no tributa sus rentas españolas en el IRPF, sino en el IRNR. El investigado comunicó a Hacienda su residencia en Portugal y habría tributado por esas rentas como extranjero, invocando la doble imposición. Es un mecanismo habitual en músicos, artistas y profesionales que trabajan fuera de su país de residencia.

El debate se complica cuando se discute si la residencia estaba acreditada antes o después. La ley del IRPF es taxativa: los ingresos generados en España se declaran en España, y la residencia en el extranjero debe comunicarse y acreditarse previamente. Si no se hizo así, el certificado de doble imposición no exime de nada. La pregunta es si hubo un error administrativo o una estrategia deliberada. La respuesta, a fecha de esta discusión, sigue sin estar cerrada.

Quién responde: funcionarios, cargos de libre designación o nadie​

Una de las derivadas más ácidas del caso es la distinción entre funcionarios de carrera y cargos de libre designación. Los primeros, señalan algunas voces, no son responsables de decisiones políticas; los segundos, sí. El informe habría sido elaborado por altos cargos designados a dedo, no por inspectores de carrera. Eso desplaza la responsabilidad hacia el ámbito político y abre la puerta a una posible imputación de los comparecientes.

La jueza, sin embargo, no ha imputado a nadie por ahora. Hay quien espera que lo haga y quien cree que todo quedará en agua de borrajas. La sensación de que «no va a pasar nada» recorre buena parte de las intervenciones, junto a la sospecha de que el sistema fiscal aplica un rasero distinto según quién sea el contribuyente. Un autónomo que no declara el IVA de una factura de 80 euros es un defraudador; un alto cargo con una residencia opaca en Portugal, según este relato, merece un informe sin firma.

El pulso entre Hacienda y la justicia: quién tiene la última palabra​

El vídeo deja una escena que resume el conflicto: la jueza pregunta, los comparecientes se escudan en que no dependía de ellos. Uno de ellos llega a decir que «no sabía, fue una equivocación». La jueza, por su parte, insiste en que nunca en su carrera había visto un informe pericial presentado así. Ese choque entre la lógica judicial y la lógica administrativa es el corazón del asunto.

Queda por ver si la jueza decide imputar a los cargos, si ordena una investigación más profunda sobre la residencia en Portugal o si el caso se diluye. También está sobre la mesa la posibilidad de una acción popular para forzar a Hacienda a actuar por dejación de funciones. De momento, lo único claro es que el informe que debía exculpar al hermano de Sánchez ha acabado poniendo en el foco a quienes lo elaboraron.

Al final, la pregunta no es si eran 50.000 o 3.000 euros. La pregunta es quién firma los papeles que nos salvan o nos hunden, y por qué a veces esos papeles no los firma nadie.