Afectados por el cierre de cryptospain piden la imputación de alvise tras declarar el dueño que le dio 100.000 euros para su campaña

Los afectados por Cryptospain piden imputar a Alvise por 100.000 euros​

Un empresario cifra en 100.000 euros en metálico el dinero que entregó a un eurodiputado para financiar su campaña. El creador de Madeira Invest Club, la sociedad detrás de la marca Cryptospain, ha remitido un escrito a la Fiscalía con capturas de conversaciones y un informe pericial para sostener que entregó ese dinero al parlamentario Alvise Pérez. La Asociación de Usuarios de Criptomonedas, que representa a los afectados por el cierre del club de inversores, ha ampliado su denuncia ante la Audiencia Nacional para dirigirla también contra el eurodiputado y pide que el caso acabe en el Tribunal Supremo, donde está aforado.

Qué es Cryptospain y por qué se denuncia su cierre​

Cryptospain operaba como club privado de inversores en moneda digital bajo la marca Madeira Invest Club. La Comisión Nacional del Mercado de Valores lo calificó como chiringuito financiero en mayo del año anterior al cierre. La plataforma se desmoronó después de que un medio desvelase que allí se dirigió a sus seguidores el propio Alvise Pérez cuando pedía donaciones para el partido que encabezaba por su canal de Telegram.

La denuncia inicial, presentada el 20 de septiembre por Aránguez Abogados, cifra en más de 27.000 personas las que habrían contribuido con fondos que acabaron en monederos digitales de la sociedad creada por Álvaro Romillo. Los denunciantes calculan que manejaba en torno a 300 millones de euros y que el cierre ha causado pérdidas millonarias a los inversores. La causa está pendiente de reparto en la Audiencia Nacional.

La declaración de Romillo ante la Fiscalía​

Romillo se ha dirigido por escrito a la Fiscalía aportando pantallazos de conversaciones con Alvise Pérez. Sostiene que no solo le facilitó los monederos digitales a los que debían dirigirse las donaciones, sino que le proporcionó 100.000 euros porque la recaudación iba más lenta de lo esperado. La entrega, según el relato recogido, se produjo en las oficinas de una empresa del mismo dueño de Madeira Invest Club que dispone de 5.000 cajas de seguridad fortificadas en el centro de Madrid y que permite intercambios de dinero con promesa de confidencialidad.

El escrito va acompañado de un informe pericial que acredita la veracidad de las conversaciones, según las mismas informaciones. La Fiscalía General del Estado tendrá que remitir el escrito a la Fiscalía correspondiente o, si antes se abre causa en los Juzgados Centrales de Instrucción, directamente al órgano.

Qué sostienen los afectados y qué alegan los defensores​

Los afectados sostienen que con esos fondos el ahora eurodiputado habría estado promocionando el negocio de Romillo, que califican como una estafa. La ampliación de la denuncia pide a la Audiencia Nacional que la admita y se inhiba al Tribunal Supremo. En paralelo, se ha presentado otra extensión para pedir el bloqueo de una batería de bienes de Romillo situados en República Dominicana.

En el terreno de la defensa política, hay quien sostiene que Alvise siempre ha reconocido públicamente que se financia con donaciones y que el problema, en todo caso, sería del gestor de Cryptospain ante sus inversores. Se argumenta que el artículo mezcla los 6.000 euros de donaciones cripto con la supuesta donación de Cryptospain y que SALF solo se constituyó en vísperas de las elecciones. Frente a eso pesa el argumento contrario: que un solo donante no puede aportar más de 50.000 euros, según el límite que se cita en el propio debate.

El contexto de las criptoestafas y el coaching financiero​

El caso ha reabierto el debate sobre el ecosistema de captación de inversores en redes sociales. Hay quien sostiene que Cryptospain es solo la punta del iceberg de una moda de coaching y criptoinversiones que se ha llenado de estafadores que hacen su agosto captando a perfiles inseguros, cuando no directamente a adolescentes o personas mayores. Los 300 millones que se atribuyen al club no son la paga semanal de nadie: ahí tenía que haber patrimonio relevante metido.

La discusión deriva hacia la responsabilidad de los afectados. Una parte del análisis sostiene que quien entrega su dinero a un chiringuito financiero sin licencia asume el riesgo. Otra corriente responde que la existencia de una advertencia oficial de la CNMV no exime a quien promociona el negocio de responder por lo que promociona.

El debate sobre la financiación de campañas​

El asunto conecta con una discusión más amplia: si tiene sentido encarcelar a políticos por recibir donaciones para sus campañas cuando los grandes partidos también las reciben. Se argumenta que todos los partidos se financian de donantes y que el escrutinio se aplica de forma desigual según el color del donante. La contrarréplica es que la cuestión no es la existencia de donaciones, sino su origen y su trazabilidad.

El límite legal aparece como el punto más concreto del debate: un solo donante no puede dar más de 50.000 euros. Si la entrega de 100.000 euros se produjo en efectivo y en cajas de seguridad con promesa de confidencialidad, el problema deja de ser político y pasa a ser administrativo y penal.

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El caso queda donde estaba: una denuncia ampliada pendiente de admisión, un escrito en Fiscalía y un eurodiputado aforado ante el Supremo. La cifra que descoloca no es la de los 300 millones atribuidos al club, sino los 100.000 euros en metálico que, según el denunciante, financiaron una campaña que se presentaba como independiente del sistema.