¿Por qué los funcionarios no se sienten amenazados por la inteligencia artificial?

Por qué la IA no amenaza la plaza del funcionario: la ley y el voto​

¿Por qué un funcionario no se siente amenazado por la inteligencia artificial mientras media España teme por su puesto? Porque su empleo no se sostiene sobre la productividad, sino sobre una plaza ganada en un examen y blindada por la norma. Y porque, a diferencia de un algoritmo, él vota. En la administración el trabajo no lo define el mercado, lo define el BOE.

El punto de partida es un mecanismo poco conocido fuera del sector: las plazas se convocan por acuerdos previos con los sindicatos, no por necesidades detectadas. Se sostiene que la oferta de empleo público responde a pactos plurianuales y a una norma que data de 1992 y fue reformada en 2015. Si el volumen de puestos lo fija un acuerdo y no una medición de carga de trabajo, la pregunta sobre qué puede automatizar una máquina se vuelve secundaria.

¿Puede la inteligencia artificial sustituir a un funcionario?​

La respuesta jurídica es que no del todo, al menos no por la vía rápida. En el régimen aplicable al funcionariado, una cosa es el puesto concreto que se ocupa y otra la plaza de la que se tomó posesión: la plaza solo se pierde por separación definitiva tras infracciones graves o muy graves. Una máquina puede vaciar de contenido un puesto; no extingue la plaza. El empleado puede acabar reciclado en otra tarea, con el mismo sueldo.

El segundo candado es la fe pública. Muchos trámites existen porque la ley exige que alguien firme, certifique o cobre un arancel. Mientras eso siga escrito, da igual la tecnología disponible: si la norma pide un fedatario, habrá fedatario. El escenario que se dibuja es tan simple como incómodo: podría llegar el siglo XXII con robots cirujanos y coches voladores y seguiría habiendo una firma que estampar y un arancel que cobrar.

Tasa de reposición: entra uno de cada cinco que se jubilan​

Donde sí se nota la tijera es en la plantilla, no en la plaza. El personal informático de la administración lo cuenta sin rodeos: hay oficinas llenas de empleados por encima de los 60 años digitalizando expedientes que la ciudadanía sigue presentando en papel. La pregunta que lanzan es por qué se permite presentar una instancia o una declaración censal en papel en pleno 2024.

El plan implícito es amortizar esas plazas cuando sus ocupantes se jubilen. Antes de 2030, sostienen, buena parte de esos trámites estarán solo en vía digital y los puestos no se repondrán. El cálculo que manejan es que por cada cinco jubilaciones entra un solo efectivo, y que la ratio seguirá cayendo. No hace falta despedir a nadie: basta con no sustituirlo. Y la salida que se recomienda a quien busca estabilidad es volver a estudiar para opositar a informática, plazas que vuelven a convocarse.

La paradoja de Jevons aplicada al papeleo​

Cabría esperar lo contrario: que una administración más eficiente necesite menos gente. La experiencia apunta a lo inverso. Es la paradoja de Jevons: la máquina de vapor mejorada consumió más carbón, no menos. Del mismo modo, cuando un trámite deja de costar veinte minutos de archivador y pasa a ser copiar, pegar e imprimir, lo que se multiplica es el número de trámites.

Aquí entra un ecosistema que rara vez se pone bajo la lupa: el negocio tecnológico del sector público. Se argumenta que una parte relevante de la consultoría informática vive de contratos con las administraciones, con nombres muy conocidos a la cabeza. Quien vende la automatización tiene pocos incentivos en que la automatización cierre la puerta al siguiente contrato.

El incentivo que ninguna máquina iguala: el voto​

El empleado público es, con diferencia, el grupo profesional más organizado del país: convenios, centrales sindicales con voz en la mesa donde se decide cuántas plazas salen y una capacidad de movilización que ningún autónomo replica. Hay quien lo resume con crudeza: mientras la IA no pueda votar, seguirán habiendo funcionarios.

El peso del sector no es pequeño. Los empleados públicos rondan los tres millones de efectivos y su crecimiento reciente se concentra en sanidad y docencia no universitaria. Una corriente del análisis sostiene que la expansión responde a compra de votos y que el resultado es un mercado laboral de dos velocidades: el privado, exprimido; el público, a resguardo. El contrapunto es que la interconexión entre administraciones avanza y cada vez se exigen menos papeles al ciudadano.

El año sin sueldo que casi nadie puede permitirse​

La comparación con el sector privado es el otro gran eje. Un autónomo de 42 años, con hijos y actividad por cuenta propia, lo dice sin adornos: no puede permitirse un año sin cobrar para preparar una oposición, aunque mucha gente se la haya sacado trabajando y con familia a cargo. La barrera de entrada no es la dificultad del examen, es el coste de oportunidad.

Y hay quien invierte el argumento: si media España prefiere una plaza fija a emprender, el problema no son los funcionarios, es el mercado que los rodea.

Ninguna máquina va a pedir un café ni a calentar la silla, pero tampoco va a firmar un pliego ni a votar en unas generales. La IA llegará a la administración, faltaría más; probablemente como un trámite más, y con su propio formulario en papel.