Alvise, la abstención y el fantasma de la disidencia controlada
Hay una tesis que circula con la constancia de los viejos rumores: Alvise sería la pieza de recambio que asoma cuando
Vox empieza a desgastarse, igual que cuatro o cinco años antes otro partido se comió el relato del descontento. Lo que se discute no es su verborrea. Es de quién es la voz. Sus defensores destacan dos cosas que, aseguran, no habían escuchado antes en el mismo sitio: críticas a EEUU y a su complejo económico-militar, y una posición sobre Israel que no es la del bloque habitual. Contra él pesa la etiqueta de
disidencia controlada, y sobre esa etiqueta se ha levantado una sospecha mayor —masonería, servicios de inteligencia, financiación opaca— que no viene acompañada de un solo documento.
¿Por qué se acusa a Alvise de ser disidencia controlada?
El argumento más repetido no es conspirativo, sino biográfico. Antes de presentarse como azote del sistema, Alvise pasó por tres formaciones:
UPyD, Ciudadanos y Vox. De ahí se deduce que lleva
dentro de la maquinaria demasiado tiempo como para ser nuevo. La segunda pata es su supuesta función: dividir el voto de la derecha, entretener al votante y dejar que todo cambie para que todo siga igual. La tercera, la más agresiva, lo coloca como confidente de los servicios de seguridad del Estado. Ninguna de las tres se apoya en pruebas.
Y ahí aparece la primera grieta del relato. Si de verdad fuera una pieza diseñada para canalizar y desactivar el descontento, el resultado sería más bien el contrario, sostienen quienes responden que un instrumento útil provoca bastante menos revuelo del que provoca este. No es una defensa entusiasta. Es un dato de fricción, y explica por qué el asunto se ha vuelto incómodo para tirios y troyanos.
¿Qué papel juega el CIS en su crecimiento?
Aquí el análisis se afila. Hay quien sostiene que la sobrevaloración de Alvise en las encuestas del CIS no busca impulsarlo, sino desmovilizar a su electorado: si
los dos escaños ya están hechos, el votante se queda en casa el domingo. Es una hipótesis que nadie puede comprobar, pero encaja con una desconfianza que ya viene de lejos hacia el instituto público.
Y no es solo el CIS. La propia exposición mediática se lee en clave de amenaza: «Le temen tanto que la 1 le entrevista y el CIS le promociona», ironiza un mensaje. Funciona como consigna tanto si el dato es cierto como si no, y ahí está el problema de fondo: en este tramo del análisis nadie aporta nada verificable.
El pago de 1.000 euros por noche y las costas de una periodista
El flanco más incómodo no es ideológico, es de facturas. Se difundió una acusación que exigía aclarar si un empresario había pagado unas vacaciones en el
Palacio de Isora, en Adeje, a 1.000 euros la noche, o si ese gasto había salido de las donaciones que recibe de sus seguidores. Conviene subrayarlo: se trata de una acusación lanzada sin prueba documental, y así hay que leerla.
En paralelo se comentó una condena en costas a una periodista, con el añadido de que acabaría pagándolas el propio medio. Son dos piezas que resumen el estado del asunto: mucho ruido contable y ningún papel.
¿Se fragmenta el voto de la derecha?
Es el nudo de la discusión. Se anticipa que, si Alvise crece, se dirá que el voto de la derecha está muy fragmentado. Frente a eso, la respuesta es que el problema no es el reparto, sino que todas las papeletas conocidas son estatistas: se repite que PP, PSOE, Vox y Sumar comparten el mismo marco económico de fondo.
Fuera de España se citan los modelos de
Meloni y Orbán como prueba de que otra política migratoria es posible. No hay acuerdo: hay quien responde que tampoco ellos han frenado las entradas. Milei se menciona de pasada, solo para ser criticado por un participante.
¿Sirve de algo votar?
Aquí el tono sube varios decibelios. Una parte sostiene que
votar no sirve, que los resultados se cocinan y que un diputado que vota en contra de una medida que ya sabe que va a salir adelante no hace disidencia, hace teatro. La conclusión práctica es la abstención. La respuesta desde el otro lado es que cada abstención le regala el resultado a los partidos mayoritarios y a sus mayorías.
Dos afirmaciones incompatibles y ninguna comprobable. El voto que no se emite no se puede auditar, así que el desacuerdo no se resolverá con datos.
El marcador sigue igual.
Nadie ha puesto encima de la mesa un contrato, una transferencia ni el nombre de un financiador. La sospecha de disidencia controlada no ha pasado de ahí, y mientras no aparezca algo más que una intuición, la discusión se queda exactamente donde empezó: decidiendo si quien grita es el sistema o alguien que se le ha escapado de las manos.