Alvise y el 'telegrama 700': la supuesta orden de matar a Carrero
El asesinato de Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973 vuelve a la actualidad por una filtración que promete «documentos e información inédita de la historia de España» antes de que acabe 2023. El relato, difundido por Alvise Pérez, sostiene que la CIA decidió la eliminación del almirante en un cable telegráfico de enero de 1971, con sello de alto secreto, enviado por el embajador estadounidense al secretario de Estado William P. Rogers, y al que un agente habría accedido en la quinta planta de la embajada de la calle Serrano. El texto, convertido en orden de ejecución, decía: «El mejor resultado que puede surgir de esta situación sería que Carrero Blanco desaparezca de escena, con posible sustitución por el general Díez Alegría o Castañón de Mena».
La filtración llega con el envoltorio habitual: servicio de inteligencia vasco creado en octubre de 1936 por orden de Joseba Aguirre, agentes vascos tras la Guerra Civil, contactos con el SIS británico y el OSS, y una lista de más de quince miembros de ETA implicados en el atentado. Entre los nombres citados aparecen Mendizabal Benito «Txikia», Múgica Arregui «Ezkerra», Abaitua Gomeza «Gorki», Iturbe Abasolo «Txomin», Larreategui Cuadra «Atxulo», Pagoaga Gallastegui «Peixoto» y Zugarramurdi «Kixkur».
El rifle con mira telescópica que ETA rechazó
El relato añade un episodio llamativo: días antes del atentado, la CIA habría ofrecido a uno de los miembros un rifle con mira telescópica a través de un falso militante comunista francés, para disparar a Carrero como se hizo con Kennedy. La cúpula de ETA habría desechado la oferta. Es el tipo de detalle que convierte una filtración en un relato cerrado: si el arma no se usó, la autoría material queda en casa y la sombra exterior se reserva para la orden.
La cronología que se maneja sitúa la preparación meses antes del atentado. El cable de enero de 1971 anticipa en casi tres años la ejecución. La conexión con el SIS y el OSS se remonta a la posguerra, cuando los servicios vascos habrían tejido una relación que sobrevivió al conflicto y que, según esta versión, se reactivó en los años setenta.
Qué se discute: el CNI, el SECED y la fecha del telegrama
El primer problema técnico que salta a la vista es institucional. En 1971 no existía el CNI, creado en 2002. Lo que operaba entonces era el SECED, el servicio de inteligencia del tardofranquismo. Quien conozca mínimamente la estructura del Estado en aquella fecha detecta el anacronismo: un agente del CNI no podía acceder a un cable de 1971 porque su organismo no existía. Ese solo dato descalifica la versión para una parte del público, que considera que la filtración mezcla siglas de épocas distintas.
La segunda objeción es de fondo. El memorándum de Kissinger sobre la sucesión, citado como prueba del interés estadounidense en la desaparición de Carrero, se limita a describir el decreto ley de sucesión y a calificar al almirante de ultraconservador. De ahí a una orden de ejecución hay un trecho que la filtración no cubre con documentación verificable. El informe no contiene, según quienes lo han leído, ninguna recomendación de eliminar a Carrero.
La tesis de fondo: Carrero como obstáculo para la OTAN
Más allá del telegrama, el argumento que sostiene la filtración es geopolítico. Carrero Blanco habría sido un obstáculo para
Estados Unidos porque planteaba una negociación de tú a tú sobre las bases, vigentes desde 1953, y porque enfatizaba que España solo podría cooperar con la defensa occidental sobre una base de igualdad. Esa frase, repetida en el material, se lee como una declaración de soberanía incompatible con la lógica de bloques de la Guerra Fría.
La tesis sostiene que Washington prefirió un régimen más manejable, con Juan Carlos como interlocutor, y que el atentado abrió la puerta a la Transición y a la entrada en la OTAN por la vía rápida. En esa lectura, el 20 de diciembre de 1973 no fue solo un atentado terrorista, sino una operación de reemplazo de élites dentro del propio sistema.
El contexto vasco: fueros, provincias y el papel del PNV
La conversación deriva hacia el mapa institucional vasco. Álava, Guipúzcoa y Vizcaya quedaron agrupadas en una sola comunidad autónoma, con Vitoria como capital, mientras Navarra mantuvo su régimen foral separado. Durante el franquismo, la administración trató de fortalecer Navarra y Álava frente a las dos provincias más conflictivas. La discusión sobre el Condado de Treviño y su posible absorción por Álava añade una capa de tensión territorial que sigue viva.
En ese marco, una parte del análisis sostiene que el PNV mantenía relaciones fluidas con Estados Unidos y que pudo actuar como intermediario entre la CIA y ETA. La ikurriña, con su diseño que recuerda a la bandera británica, se cita como símbolo de esa afinidad anglosajona. Es una hipótesis que se lanza sin documentación firme, pero que encaja con la tesis general de una operación con múltiples manos.
Qué pasa con la desclasificación
La promesa de publicar los documentos antes de que acabe 2023 se topa con un muro conocido: los papeles están clasificados como secretos oficiales de Estado. La desclasificación estadounidense, cuando llega, suele ser parcial y tardía. Quienes han seguido estos expedientes saben que los documentos que se liberan rara vez contienen la orden explícita y que las partes comprometedoras se tachan o se retrasan décadas.
El resultado es un limbo informativo: ni la filtración se puede verificar, ni el Estado va a desclasificar nada que comprometa a terceros países con los que España mantiene alianzas. La conversación queda atrapada entre la sospecha razonable y la prueba que nunca llega.
La predicción, con todas las reservas, es que la publicación de los documentos no resolverá el caso. Servirá para alimentar un ciclo más de sospecha, con siglas mal encajadas y un telegrama que nadie podrá cotejar. Si algo ha enseñado la historia de las desclasificaciones es que las órdenes de matar no se firman en cables que acaban en una quinta planta.