aumentan los abortos. 98.000 en el año 2022, un 9% más que el año anterior.

Los abortos repuntan un 9% y 43.318 mujeres no usaron anticonceptivos​

El Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, publicado por el Ministerio de Sanidad, contabiliza 98.316 abortos en 2022, un 9% más que los 90.189 del año anterior. El dato rompe la caída que la pandemia había provocado en 2020 y devuelve la serie a la tendencia previa: más de 8.000 interrupciones al mes, casi 300 al día. La cifra, por sí sola, no dice gran cosa. Lo que la vuelve incómoda es el desglose.

De esas 98.316 interrupciones, 43.318 mujeres aseguraron no haber utilizado ningún método anticonceptivo. Entre las menores de 15 años que abortaron —306 en total—, más de la mitad, 160, tampoco usaron protección. El preservativo, ese artefacto que durante décadas se vendió como la solución definitiva al embarazo no deseado, aparece en los datos más ausente de lo que el relato oficial sugiere.

¿Por qué suben los abortos si hay más métodos anticonceptivos que nunca?​

La respuesta corta: porque el acceso al anticonceptivo y su uso efectivo son dos cosas distintas. La píldora del día después se vende sin receta, las calculadoras de días fértiles están a un clic y el preservativo cuesta menos que un café. Y sin embargo, cuatro de cada diez interrupciones se practican sin haber usado nada. Hay quien sostiene que el aborto se ha convertido de facto en un método anticonceptivo más, cómodo, gratuito y sin consecuencias legales. En contra pesa el argumento de que ningún método es infalible y que criminalizar a la mujer que se queda embarazada sin quererlo no resuelve el problema, solo lo esconde.

El cálculo que manejan algunos análisis es contundente: si el periodo fértil de una mujer abarca unos 30 años y se mantiene el ritmo actual, la cifra acumulada en un ciclo reproductivo completo se dispara. No es una proyección oficial, es aritmética de servilleta, pero sirve para dimensionar el fenómeno.

El debate sobre quién paga: sanidad pública frente a clínica privada​

Una de las líneas de fractura más repetidas es la económica. Hay quien defiende que la interrupción debería salir de la sanidad pública solo en supuestos excepcionales —violación, malformación fetal, peligro real para la madre— y que el resto debería pagarse de bolsillo. El razonamiento es simple: si duele en la cartera, se pensará dos veces. La objeción también es simple: convertir el aborto en un servicio de lujo no lo elimina, lo traslada a quien pueda pagarlo, y deja a las mujeres con menos recursos sin opción real.

La discusión se enreda cuando entra el hombre en la ecuación. Si la mujer decide libremente sobre su cuerpo, ¿qué pasa con el varón que quiere ser padre y no puede impedir la interrupción? ¿Y con el que no quiere serlo y se le impone la paternidad económica? El desequilibrio legal es evidente y nadie ha encontrado una fórmula que lo resuelva sin abrir otro melón.

La semana 22 y el neonato de la semana 24: la frontera que no cuadra​

Un dato que descoloca: los médicos consiguen salvar neonatos en la semana 24 de gestación, mientras la ley española permite abortar libremente hasta la 14 y, con supuestos, hasta la 22. La frontera entre lo viable y lo interrumpible se solapa. Quien defiende el plazo actual argumenta que la viabilidad fuera del útero no define la vida humana, solo la capacidad tecnológica de mantenerla. Quien lo critica responde que si un feto de 22 semanas puede sobrevivir con ayuda, llamarlo tejido es una licencia lingüística.

El terreno donde el debate se vuelve más áspero es el de las cifras acumuladas. Un millón de interrupciones en una década es un número que algunos califican de genocidio y otros rechazan de plano: un feto de tres meses no puede subsistir por sí solo, ni siquiera en incubadora, y por tanto no es vida viable. La discusión no es biológica, es filosófica, y por eso no se cierra.

El contexto demográfico: menos nacimientos, más interrupciones​

España registra alrededor de 300.000 nacimientos al año. Sumados a los casi 100.000 abortos, el total de concepciones ronda las 400.000. La ecuación demográfica no cuadra con un país que envejece y que necesita mano de obra. Hay quien lo resume con crudeza: se interrumpen más embarazos de los que se celebran, y luego se discute de dónde traer trabajadores. La relación entre política natalista y derecho individual es, probablemente, el nudo gordiano de todo esto.

¿Cuántos de esos 98.316 embarazos habrían acabado en adopción si hubiera existido una alternativa real? La pregunta queda flotando. Nadie la responde con datos.